lunes, 12 de noviembre de 2007

LEGÍTIMACIÓN PROCESAL Y LEGITIMACIÓN CAUSAL

Aníbal Arturo Ruiz Armijo

La legitimación procesal es un presupuesto procesal de forma, y consiste en la la facultad concreta de realizar actos procesales en nombre propio o en nombre y representación de otro (que puede ser actor o demandado) dentro de un proceso concreto.

La legitimación procesal se diferencia de la capacidad procesal en que esta última es una facultad abstracta, general e inherente a la personalidad, mientras que la primera es una facultad concreta que tiene una persona determinada para actuar en nombre de una persona determinada dentro de un proceso en particular.

El art. 3º de la Ley de Procuradores de 9 de octubre de 1897 establece:

“Sólo podrán representar a otras personas en juicio:

1º Los Abogados;

2º Los Notarios;

3º Los parientes del poderdante dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad legítima; y

4º Los que de conformidad a esta ley, obtengan el título de procurador judicial[i]”.
La de “procurador judicial” es una figura procesal que está en desuso en Nicaragua. Eran personas a las que, previa comprobación de sus conocimientos y su idoneidad, la Corte Suprema otorgaba el correspondiente título, habilitándolos para representar a otros en juicio. Su actuación en el proceso se regula en el art. 63 Pr.[ii]

Esto significa que conforme al art. 3 de la Ley de Procuradores se puede comparecer en juicio en la forma siguiente:

a.- En causa propia, por sí mismo o por apoderado, debiendo ser este abogado, a menos que sea pariente del mandante dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad legítima. El art. 59 Pr.[iii] también faculta a la parte a comparecer en causa propia, por sí mismo o por apoderado.

b.- Como representante convencional de otra, por sí mismo cuando es abogado; si no lo es, debe hacerlo por medio de un sustituto, pero este tiene que ser abogado. Tanto el apoderado como el sustituto pueden comparecer por sí mismos, sin necesidad de ser abogados, siempre que se encuentren con relación al poderdante dentro del parentesco anterior. El art. 108 del Código de Aranceles Judiciales amplía expresamente la posibilidad de representación convencional, aun sin ser abogados, a los padres e hijos entre sí; y a los cónyuges entre sí, con ciertas limitaciones por razón de sexo que en el mundo moderno no tienen fundamento[iv].

c.- Como representante legal de otro (guardador, padre), por sí mismo, sin necesidad de ser abogado, o por medio de apoderado, debiendo este ser abogado. El art. 59 Pr. también faculta la comparecencia como representante legal de otro, pudiendo hacerlo por sí mismo o por apoderado.

*****

Por otra parte, los “presupuestos procesales de fondo” son las condiciones materiales[v] mínimas que hacen admisible la acción y dan ocasión de que se dicte una sentencia definitiva favorable al actor.

Estas condiciones materiales mínimas son:

a.- La existencia efectiva del derecho material de carácter real o personal que el actor aduce tener (es decir, la pretensión reclamada mediante la demanda);

b.- El interés actual en ejercer la acción (es decir, que el derecho material reclamado en el proceso sea actualmente exigible);

c.- La calidad de acreedor del actor (legitimación ad causam activa);

d.- La calidad de deudor del reo (legitimación ad causam pasiva).

Es obvio que no puede el juez dictar una sentencia estimatoria de la pretensión del actor si no concurren todas esas condiciones: Si no existe el derecho material, no puede acogerse la demanda, ni tampoco cuando no existe interés actual en reclamar (condición no cumplida, plazo, prórroga, etc.), o cuando el actor no es el acreedor o el reo no es el deudor.

Todos los expuestos son casos de “falta de acción” en el actor.

De lo dicho se deduce que no debe confundirse la legitimación ad procesum con la legitimación ad causam a que se refieren los incisos c) y d) del párrafo anterior.

La legitimación ad procesum es un presupuesto procesal de forma y, como tal, se refiere a la ritualidad del proceso, y consiste en que quien actúe en el proceso por sí mismo tenga capacidad procesal, y que si actúa en representación de otro esté debidamente acreditado para hacerlo.

La legitimación ad causam, por el contrario, afecta el fondo del asunto y consiste en que el actor sea el titular del derecho sustancial invocado (legitimación causal activa) y que el demandado sea el obligado en virtud de ese derecho (legitimación causal pasiva)[vi]: Si el demandante no es titular del derecho material la sentencia no debe acoger su acción, perdiendo lógicamente el juicio; pero el proceso, en sí mismo considerado, será válido. Lo mismo sucede cuando el acreedor demanda a una persona que no es la obligada a cumplir la prestación reclamada.

En el Derecho procesal nicaragüense la falta de legitimación ad procesum se tramita de previo como excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento, y su falta puede revisarse aún de oficio.
En cambio, la falta de legitimación ad causam es una cuestión de fondo que no se tramita de previo, debiendo decidirse en la sentencia definitiva.

*******

Manuel De La Plaza, “La Casación Civil", págs. 279 y 284:
“Juegan en la materia conceptos diversos cuyo sentido urge poner a luz; tales como los de capacidad para ser parte, capacidad procesal, y legitimación ad-causam, o, como quiere un distinguido profesor español, facultad de disposición procesal; y juega también el concepto de la representación procesal... la capacidad para ser parte, idea la más amplia de todas, equivale a la que es necesario tener para ser sujeto de una relación procesal; corresponde en principio, a la capacidad jurídica a que se refiere el derecho material, aunque no se identifica totalmente con ella. La capacidad procesal, significa ya la capacidad que, en general, es preciso tener para realizar actos procesales con eficacia jurídica; y corresponde, con el matiz diferencial a que acabamos de referirnos, a la llamada en el derecho material capacidad de obrar. A ella, y a la capacidad para ser parte, se refiere la L.E.C., cuando... nos habla de los que pueden comparecer en juicio, y en íntima relación con la misma, están todas las cuestiones relacionadas con los medios de suplirla, ora sea por la vía de representación, de asistencia o de autorización. Más.., en numerosas ocasiones, lo que en el proceso se discute, no son precisamente las consideraciones requeridas para ser sujetos de relaciones procesales, ni las que son menester para llevar a cabo actos con eficacia jurídica, sino la aptitud específica, para intervenir en una determinada litis, por obra de una relación en que las partes se encuentran respecto a lo que es objeto del litigio..., se aplica a esas situaciones el término legitimación, pero..., se distingue en la doctrina la llamada legimatio ad processum, de la legitimatio ad causam, denominación es última que es la que conviene a la situación que venimos examinando. De ese modo el término legitimacion adquiere un contenido peculiar, que es mucho más expresivo que el denominado falta de acción y que acaso parezca preferible al de facultad de conducción del proceso, utilizado por algunos jurista alemanes, o al de facultad de disposición procesal, comenzada a elaborar por Beceña, y recogido magistralmente por Enciso, al estudiar el sentido de los términos acción y personalidad en nuestra ley procesal. Ahora bien; lo mismo la capacidad para ser parte que la capacidad procesal, a la que hemos de referir también la idea de representación, constituyen, como hemos dicho, una aptitud genérica para intervenir en el proceso, pero no una cualidad específica para hacerlo en uno determinado, o lo que es lo mismo, la capacidad procesal es un presupuesto sin el cual no se puede entrar en el conocimiento de la cuestión de fondo, al paso que la legitimatio ad causa está en funcion de la pretensión formulada... Pero... por... una evidente falta de precisión en el lenguaje de la ley, la jurisprudencia no distingue entre capacidad y legitimación, sino entre personalidad y acción, y en el juego de estos dos últimos términos se basa, para discriminar las cuestiones que pueden ser objeto de un recurso por quebrantamiento de forma al amparo del N° 2° del Arto. 1963 de la Ley Procesal[vii], y las que, precisamente, por no afectar la personalidad, reputa cuestiones de fondo... Uno de los requisitos..., para poner en juego la tutela mediante la que el Estado protege el interés jurídico privado, y para que el particular pueda obtener una sentencia favorable, es la concurrencia de la cualidad para obrar o legitimación de las partes (legitimidad ad causam), tanto en su aspecto de facultad de obrar (legitimación activa), como en su aspecto de soportar la carga de ser demandado (legitimación pasiva)...”.

*****

Sentencia de las 12:00 m. de 22 de julio de 1929, B.J. pág. 7080:
“Es preciso no confundir la falta de personería o de representación legal, con la falta de acción: aquella no puede fundarse en ésta porque son cosas distintas y producen efectos diferentes. La falta de personería o de representación legal consiste en carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio o en no acreditar el carácter o representación con que se reclama; y la falta de acción consiste, como es fácil comprenderlo, en la falta de título o derecho para pedir, que no afecta a la personalidad del litigante, sino a la eficacia de la acción ejercitada. La falta de personería afecta a la forma y la de acción al fondo. La primera ha de proponerse como excepción dilatoria y da lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma; y la segunda ha de proponerse en la contestación de la demanda, y da lugar al recurso de casación en el fondo”.

Sentencia de las 10:00 a.m. de 9 de diciembre de 1952, B.J. pág. 16263:
“... el Supremo Tribunal advierte que la falta de personalidad a que alude el citado Arto. 2058 Pr., 10ª fr., es la referente a la representación legal de alguna persona moral o jurídico en cuyo nombre se acciona, o cuando se ejercitan como heredero los derechos o acciones de la persona a quien se ha sucedido de conformidad con el Arto. 1029 Pr., (véase también el Arto. 59), pues, como se ha dicho en reiteradas sentencias que ha dictado este Tribunal, es preciso no confundir la falta de personería o de representación legal con la falta de acción; aquélla no puede fundarse en ésta porque son casos distintos y producen efectos diferentes. La falta de personería o de representación legal consiste en carecer de las calidades necesarias para comparecer en juicio o en no acreditar el carácter o representación con que se reclama; y la falta de acción consiste, como es fácil comprenderlo, en la falta de título o derecho para pedir lo que no afecta a la personalidad del litigante sino a la eficacia de la acción. La falta de personería afecta a la forma y la de acción al fondo. La primera ha de proponerse como excepción dilatoria y da lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma; y la segunda ha de proponerse en la contestación de la demanda y da lugar al recurso de casación en el fondo”.

NOTAS:

[i] PROCURADOR: “El que, poseyendo el correspondiente título universitario o, en algunos países, la necesaria habilitación legal, ejerce ante los tribunales la representación de las partes en un juicio, en virtud de poder o mandato, que éstas le otorgan a tal efecto. No se puede establecer de modo general la función que corresponde a los procuradores, pero, en principio, cabe decir, aceptando la definición de Couture, que en la tramitación del juicio es un colaborador del abogado, a quien corresponde el asesoramiento, el patrocinio y la defensa. La intervención del procurador puede ser o no necesaria conforme a las normas procesales de cada legislación, o según el fuero de que se trate. Así, en la Argentina, se admite que los interesados se representen en juicio a sí mismos, o que confieran la representación al abogado” (OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 30ª ed., Editorial Heliasta, 2004, pág. 775).

[ii] Art. 63. Pr.: “Los Abogados pueden entender en los asuntos o diligencias que se les encomienden, por medio de Notario o de Procurador legalmente autorizado. Esto no puede hacerse en lo contencioso, sino de la contestación de la demanda en adelante. En los juicios ejecutivos, y en los demás, después del primer escrito. En el caso de que se trata, sin necesidad de poder, el Notario o Procurador suscribirá los escritos y peticiones, los cuales irán siempre autorizados con la firma del Abogado. Todas las actuaciones se seguirán con el Notario o Procurador, pero el Abogado puede tomar parte en el negocio cuantas veces quiera, apartando al Notario o Procurador, sin necesidad de personamiento. Cuando así suceda, las diligencias se verán con el mismo Abogado. El Abogado arreglará con el Notario o Procurador los honorarios de éstos; y los últimos, sólo ejercerán las funciones que acaban de indicarse en los lugares de que habla el artículo anterior”.

[iii] Art. 59 Pr.: “Toda persona que ha de comparecer ante los Jueces o Tribunales a su propio nombre o como representante legal de otro, podrá hacerlo por sí o por apoderado”.

[iv] Art. 108 CAJ: “Los padres por los hijos legítimos, y los hijos legítimos mayores de edad, por los padres, pueden representarse respectivamente en juicio y fuera de juicio sin ser abogados, mediante el mandato correspondiente. Cobrarán por agencia y honorarios la mitad de los asignados a los abogados. Los cónyuges tienen de igual manera el mismo derecho, así: el varón podrá representar a la mujer como en los casos anteriores; y la mujer, al varón solamente en lo extrajudicial y administrativo. No habrá cobro de honorarios entre ellos; solamente podrán cobrar los gastos y suplementos hechos. Pero si los apoderados fueren abogados, se seguirán las reglas anteriores en cuanto a la agencia y honorarios”.

[v] Es decir, de Derecho sustancial.

[vi] Por ejemplo, en el juicio ejecutivo el ejecutante debe ser el acreedor y el ejecutado el deudor; en el juicio de desahucio el actor debe ser el arrendador o comodante y el reo debe el arrendatario o comodatario; en el juicio reivindicatorio el actor debe ser el dueño de la cosa y el reo debe ser el actual poseedor de ella; en el juicio en que se reclaman daños y perjuicios el actor debe ser el perjudicado y el reo debe ser el causante de ellos.

[vii] Correspondiente al art. 2058 num. 10º Pr.