miércoles, 27 de agosto de 2014

Discurso del Señor Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Armando Juárez López

Discurso pronunciado por el Señor Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Armando Juárez López en el acto de toma de promesa de Abogados y Notarios efectuado el día jueves 21 de agosto de 2014.
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Muy buenos días, estimados colegas.
Quisiera en esta solemne y significativa ocasión, dirigir a ustedes algunas breves reflexiones acerca de la importancia y trascendencia de las nobles profesiones de Abogado y Notario a las que aspiran ustedes ser autorizados a ejercer, así como las responsabilidades que acarrea la infracción de los deberes legales y éticos que este ejercicio implica.
El Abogado es un profesional dedicado a defender en juicio los derechos de sus clientes, y también a aconsejarles sobre las cuestiones jurídicas que se le consultan.
Para ejercer esta profesión no basta con egresar de la Universidad con un título de licenciado en Derecho: se requiere estar autorizado por la Corte Suprema de Justicia, quien extiende esta autorización sólo luego de una investigación acerca de la conducta moral del aspirante. Es por esto que el artículo doscientos noventa y nueve de la Ley Orgánica de Tribunales de mil ochocientos noventa y cuatro, disposición aún vigente, ordena que el título de Abogado se expida por la Corte Suprema de Justicia previa comprobación de la honradez y buena conducta del aspirante, por medio de una información de tres testigos, y que el Abogado hará promesa de desempeñar lealmente sus funciones, ante el Presidente de la Corte o el magistrado que este delegue.
Mientras se es sólo licenciado en Derecho se podrá laborar en diversas tareas relacionadas con lo jurídico, asesorando a empresas o personas naturales; opinando sobre proyectos de ley; ejerciendo la docencia; realizando consultorías técnicas para organismos públicos y privados, etc. Pero no se podrá representar a clientes ante los tribunales de justicia o ante dependencias administrativas, pues esto sólo puede hacerlo quien está investido como Abogado por el órgano estatal competente, que es la Corte Suprema de Justicia.
La Abogacía tiene, pues, una caracterización más centrada en los intereses privados de los clientes. El Abogado tiene que diseñar y ejecutar una estrategia de defensa de los intereses particulares de sus clientes, y en este sentido tiene el deber legal de ser parcial hacia sus clientes.
A este respecto, en una sentencia del año mil novecientos setenta y cinco, se dice por este Alto Tribunal:
“Son litigantes las personas que intervienen como partes en los juicios. Abogados o Letrados, son las personas que dirigen a los litigantes... en los juicios. Se entiende por ‘parte’ al dueño del pleito y no a su Abogado... Los litigantes son las partes, los dueños del pleito”.
Actuando como Abogado, el profesional puede llegar a cometer diversas conductas indebidas que le hagan incurrir en responsabilidades penales, civiles y disciplinarias.
Es desafortunadamente muy común que la responsabilidad penal del Abogado se derive de una infracción manifiesta a su deber de fidelidad hacia su cliente, pues el artículo cuatrocientos sesenta y seis del Código Penal vigente tipifica como delito el “patrocinio infiel”, conducta en la que incurre el Abogado que perjudica deliberadamente o por imprudencia temeraria los intereses de su cliente, o cuando habiendo asesorado, defendido o representado a una persona, asesore, defienda o represente en el mismo asunto a otra persona que tenga intereses contradictorios con su cliente; o cuando destruye, inutiliza u oculta documentos o información a los que hubiere tenido acceso, perjudicando los intereses de cliente.
Otra fuente de responsabilidad penal del Abogado es la comisión del delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo ciento noventa y seis del Código Penal, el delito de usurpación de funciones que comete el Abogado que estando suspendido de la profesión sigue ejerciendo como tal, o el delito de apropiación de dinero recibido de los interesados para pagos o gestiones ante oficinas públicas o privadas, etcétera.
La responsabilidad civil es la que lleva consigo el resarcimiento pecuniario de los daños causados y de los perjuicios provocados a un tercero por uno mismo: en este sentido, aunque el Abogado no se obliga a obtener la victoria en los procesos judiciales que se le encomiendan, si se obliga a actuar con un mínimo de diligencia profesional en el estudio y tramitación de los asuntos, y a hacer uso oportuno y adecuado de los remedios y recursos previstos en la legislación procesal, de modo que quedará sujeto a indemnizar a su cliente cuando los asuntos se pierdan por su imprudencia, falta de cuidado, negligencia o ignorancia inexcusables.
Además, no deben ustedes pasar por alto que toda persona responsable de la comisión de un delito, responde también civilmente de sus consecuencias, responsabilidad civil que abarca no sólo la indemnización de daños y perjuicios causados al agraviado directo, sino también los ocasionados a su familia o a terceros.
Por otro lado, la responsabilidad disciplinaria tiene su origen en la infracción por el Abogado de preceptos legales o reglamentarios o de los cánones éticos que regulan el ejercicio de la Abogacía.
Ante la comisión de infracciones de este tipo, y sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles del caso, la Corte Suprema de Justicia está facultada para imponer al infractor las correspondientes sanciones disciplinarias, tales como amonestaciones, multas y suspensión del ejercicio de la profesión.
Quiero reseñar aquí para ustedes algunas de las circunstancias más comunes que en la práctica generan responsabilidad disciplinaria del Abogado, y que en algunos casos pueden incluso conllevar responsabilidades penales y civiles:
-Coludirse el Abogado con la contraparte de su cliente (lo que conlleva además responsabilidad penal y civil).
-Negligencia manifiesta en la tramitación de los asuntos que se le han encomendado.
-Ignorancia manifiesta en la tramitación de los asuntos que se le han encomendado.
-Negativa a devolver documentos propiedad de su cliente (lo que conlleva responsabilidad penal).
-Retención indebida o apropiación de sumas de dinero que se le entregan para su cliente.
-Abandono de los asuntos, habiendo ya cobrado sumas por honorarios.
Consideramos que todo esto tiene como causa principal, la carencia de solidez y permanencia en los valores éticos. Es el momento de recordar la reflexión que realiza el tratadista argentino Francisco Padilla respecto al origen de nuestra profesión cuando nos dice:
“Que desde la más remota antigüedad, toda vez que un hombre virtuoso imbuido de un alto espíritu de justicia, se vio compelido a auxiliar por un mandato interior caritativo o altruista, a un semejante necesitado de defensa ante los tribunales, en ese mismo momento surgió en los hechos, el Abogado. Más que un profesional técnico en el manejo de la ley, era, como se dijo, un hombre justo, generalmente culto, dotado de firmeza de carácter, a lo que sumaba, en ocasiones en mínimo grado, el conocimiento de la tradición jurídica oral o escrita”.
El insigne jurista uruguayo Eduardo Couture ha sintetizado magistralmente los deberes éticos y profesionales inherentes al correcto desempeño de la Abogacía:
Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.
Piensa. El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
Trabaja. La abogacía es una dura fatiga pues está al servicio de la Justicia.
Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha siempre por la Justicia.
Sé leal. Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Intenta ser leal con todo el mundo y todo el mundo intentará ser leal contigo.
Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.
Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz, como sustituto bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, Justicia, ni Paz.
Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.
Ama a tu profesión. Trata de considerar la Abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.
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Quisiera ahora referirme un poco más extensamente a la profesión del Notariado, a la que, a pesar de su trascendencia y complejidad, desafortunadamente no suele dársele en las universidades la importancia que merece.
El Notario es también, por supuesto, un profesional del Derecho, y para ejercer tal profesión se requiere autorización de la Corte Suprema de Justicia, quien sólo la concede al profesional después de estar incorporado como Abogado; pero a diferencia de la Abogacía, el Notariado es una profesión concebida más bien como una función pública, que tiene su fundamento en que para su funcionamiento normal, la sociedad necesita de la estabilidad y seguridad del tráfico jurídico, y por ello en muchos casos los particulares buscan a un profesional del Derecho que los oriente, aconseje, e ilustre con su saber y entender, y que además interponga su fe pública, dando autenticidad a los negocios jurídicos de los particulares, y evitando, en la medida de lo posible, que con posterioridad se generen litigios a consecuencia de esos actos o contratos; es por eso que el Notario, al desempeñar su función, debe actuar no sólo como consultor jurídico sino también como consultor moral.
El Notario es una persona a quien, por sus cualidades humanas tales como honorabilidad, discreción, ética, moral, rectitud, buenas costumbres y ausencia de vicios, y de sus cualidades profesionales diligencia, acuciosidad, seriedad y conocimientos jurídicos, y previo cumplimiento de una serie de requisitos legales, el Estado le delega la fe pública para que, en su representación, intervenga en los actos y contratos que realiza la sociedad y los revista de autenticidad y fuerza probatoria.
Es por esto que el artículo doscientos ochenta y ocho de la ya citada Ley Orgánica de Tribunales define a los Notarios como “ministros de fe pública” encargados de redactar, autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgan, y es por lo que el artículo dos de la Ley del Notariado define éste como “la institución en que las leyes depositan la fe pública, para garantía, seguridad y perpetua constancia de los contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte”.
En una sentencia del año mil novecientos noventa, refiriéndose al carácter e investidura del Notario, este Supremo Tribunal expresó:
“... el notario principalmente no es un simple hacedor de escrituras, sino un alto funcionario perteneciente a la institución del Notariado, en quien las leyes depositan la ‘fe pública’, para garantía, seguridad y perpetua constancia de los contratos y demás actos para los que están autorizados por la ley...”
Y en una sentencia de mil novecientos noventa y cuatro ahondó aún más en este concepto:
“Los Notarios Públicos son ministros de fe pública; cuando hablamos de ella no nos referimos a un acto meramente subjetivo, sino a hechos que objetivamente estamos en la obligación de aceptar como hechos reales y revestidos de la verdad, en obediencia a un ordenamiento de carácter legal, para garantía de la misma sociedad, para darle vida jurídica a todos aquellos actos y contratos realizados entre personas naturales o jurídicas. El Estado ideó el sistema de investir a una persona en la delicada función de dar fe, esa persona se llama Notario, de manera que al intervenir y autorizar un documento puede decirse que en dichos actos está presente el mismo Estado... La fe pública conferida por el Estado, se considera como verdad de carácter oficial que todos estamos en la obligación de aceptar, salvo que de manera plena se demuestre en juicio que el notario haya incurrido en cualquier falsedad”.
La función del Notario es, pues, asesorar, conciliar, equilibrar y brindar seguridad en las transacciones jurídicas civiles o mercantiles entre particulares, y en ese actuar debe primar su imparcialidad: el Notario tiene el deber de escuchar e interpretar la voluntad de las partes interesadas, darle forma legal a esa voluntad, asesorar o aconsejar qué es lo más conveniente para ambas partes, y en ese contexto debe actuar con prudencia, precisión, cautela, imparcialidad, y equidad.
Es aquí donde radica el fundamento ético de la función notarial y esta es también la raíz de la responsabilidad que asumimos como Notarios, pues es evidente que nada de lo dicho hasta ahora podrá convertirse jamás en realidad práctica si el Notario no está revestido tanto de los conocimientos jurídicos necesarios como de las cualidades morales indispensables, pues aquellos no valdrán gran cosa si éstas no lo acompañan en el ejercicio de la función notarial.
En palabras del afamado autor español Juan Vallet de Goytisolo, Presidente Honorario de la Unión Internacional del Notariado Latino:
“Si le faltare la ciencia al notario, éste podría funcionar más o menos imperfectamente, pero sin moral, sin buena fe, no se haría posible la función, puesto que sin las cualidades morales de que la actuación notarial debe estar investida, es muy difícil llevar a cabo la realización de la justicia que constituye el fin último del Derecho y lógicamente de la labor del notario”.
En el mismo tema insiste el también insigne tratadista Tomás Ogayar y Ayllón:
“... el notario, que es legionario de la verdad..., ha de ser custodio de la justicia y la buena fe en los negocios jurídicos. En su función, ha de ser independiente y debe tener libertad absoluta en la defensa de lo que sea justo; colaborar en la realización del Derecho, según la ley y la justicia, haciendo que los convenios y actos en que intervenga sean expresión de la moral más rígida y del Derecho más justo, procurando evitar con exquisito celo que se deslice en aquellos cualquier fraude de ley o cualquier abuso de derecho”.
Y que este no es un tema actual, sino una exigencia eterna de la profesión notarial se deduce al leer el siguiente pasaje de la obra “El Nuevo Notario Ilustrado”, publicado en París, Francia, en el año 1859:
“No es solo adquisición de la ciencia el único deber que tiene necesidad de cumplir el Notario para el buen desempeño de su profesión. Ésta además la prescribe de un modo muy especial la exacta observancia de otra, que ya como hombre la tenía impuesta desde que su razón comenzó a discernir lo bueno y lo malo, el de conformar siempre todos sus actos y operaciones con la regla invariable de las costumbres.
“Este deber, que consiste en la rigurosa observancia de las sanas y saludables máximas de la moral, es uno de los más esenciales de este funcionario, puesto que no puede negarse que la moral es el único origen de todas las virtudes sociales y políticas, las cuales en ninguna persona son más necesarias que en aquellas en las que todas demás depositan su confianza, según se expresa la misma ley, la cual exige por este motivo que el Notario sea... de buena fama, cualidades recomendables que solo tiene el hombre honrado y fiel observador de la moral, cuyos preceptos le enseñarían, al ser probado, leal, desinteresado, imparcial, sigiloso, incorruptible y estricto en el cumplimiento de todos los otros deberes, y por consiguiente le proporcionara el buen nombre y reputación que necesita, para que la escritura en la que se ve estampada su signo, sea considerada por todos como monumento indestructible de verdad.
“El ser honrado el Notario, es su primero y principal deber, y si hablamos de esta cualidad en el segundo lugar no es por otra causa sino por la profunda convicción que tenemos de que no hay otra cosa que tanto persuada la necesidad de la moralidad como el saber y la verdadera ilustración”.
Es conveniente hacer notar que una misma conducta indebida del Notario puede dar origen a diversas responsabilidades penales, civiles y disciplinarias.
El Notario, además de las responsabilidades penales en que pueda incurrir por conductas ilícitas de carácter privado, está sujeto a responsabilidades penales especiales derivadas por su actuación como fedatario, tales como el delito de falsedad ideológica o material cometido por el Notario que falta a la verdad cuando autoriza instrumentos públicos, el delito de sustracción de documentos matrices, en que incurre el notario que sustrae o permita que se sustraigan las matrices del protocolo, el delito de revelación de secretos cometido por el Notario que traiciona su deber de sigilo profesional respecto de las confidencias que le han hecho sus requirentes, el delito que comete el Notario que abre o consiente que se abran documentos cerrados que tienen en custodia, el delito que comete el Notario que sustrae o destruye documentos que se le han confiado por razón de la profesión, el delito de usurpación de funciones que comete el Notario que estando suspendido de la profesión sigue ejerciendo como tal, el delito de apropiación de dinero recibido de los interesados para pagos y gestiones ante oficinas públicas o privadas, etcétera.
Por otra parte, y como cualquier otra persona, el Notario es civilmente responsable por los daños o perjuicios que en el ejercicio de la profesión cause por su conducta dolosa, o por su conducta culposa, negligente o ignorante, por ejemplo cuando el Notario autoriza actos obviamente ilícitos o actos obvia y absolutamente nulos, cuando el Notario es negligente en su deber de identificar a los otorgantes, cuando el Notario comete errores, omisiones y alteraciones en los instrumentos que autoriza, tanto si son de forma como sustanciales, etcétera, y responde civilmente por los daños y perjuicios derivados de la comisión de delitos oficiales.
Por otro lado, la responsabilidad disciplinaria tiene su origen en la infracción por el Notario de preceptos legales o reglamentarios que regulan el ejercicio de la función notarial, y de los principios éticos que rigen la conducta profesional y personal del Notario.
Algunas de las circunstancias más comunes que en la práctica generan responsabilidad disciplinaria del Notario son las siguientes:
-Autorizar actos ilícitos o actos absolutamente nulos.
-Autorizar actos en los que le estuviera prohibido intervenir por parentesco con los otorgantes, o por adquirir el notario o sus parientes algún derecho en esos instrumentos.
-Consignar datos o hechos falsos en las matrices o en los testimonios o certificaciones que expida (sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda por el delito de falsedad).
-Negar la expedición de testimonio a favor de persona legitimada para pedirlo.
-Negar el acceso a la matriz de un instrumento a persona legitimada para verla.
-No remitir, o remitir tardíamente, el índice de los instrumentos autorizados en el año.
-No remitir, o remitir tardíamente la carta informando no haber cartulado en el año.
-Incumplir el deber de cuidado y conservación del protocolo (sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda por la destrucción o extravío).
-Entregar o prestar el protocolo a otros notarios o a particulares.
-Dar número a protocolo cuando en el año no ha autorizado ninguna escritura.
-Abrir dos protocolos en el mismo año.
-No cerrar el protocolo por medio de acta cuando legalmente corresponda hacerlo.
-Incumplir las obligaciones contractuales contraídas con sus clientes, y ajenas a los deberes estrictamente notariales pero relacionados con estos.
-No salvar adecuadamente las correcciones realizadas en los instrumentos que autoriza.
-Cartular sin la correspondiente autorización o quinquenio.
-Omitir o alterar la fecha de expiración de la autorización o quinquenio.
-Usar sello distinto del autorizado por la Corte Suprema de Justicia.
-No usar de la firma a ruego en el caso del otorgante que no puede o no sabe firmar, poniendo en su lugar la huella digital.
-Observar una conducta habitualmente inmoral o viciosa.
Quisiera concluir estas breves palabras con una cita del maestro uruguayo Eduardo Couture:
“Con la fe pública ocurre algo análogo a los que sucede con las armas de un soldado. El pueblo las entrega a un hombre, bajo la sola fe de su palabra y sin más garantía que su virtud. El orden jurídico hace un depósito necesario de una y de otras. Hasta en su sentido común de asegurar la paz, la imaginación asocia una y otra manera de defenderse... Si al notariado se le quitara ese sutil elemento moral, íntima pero profundamente adscrito a su servicio, quedaría reducido a una función cualquiera. Pero como institución, habría perdido su sentido propio”.

Muchas gracias.

martes, 29 de julio de 2014

EL TESTIMONIO

1. Concepto de testimonio

Se denomina testimonio a la reproducción o copia literal de un instrumento público protocolizado, autorizada por notario público competente y con las formalidades de ley, y que tienen derecho a obtener tanto los otorgantes como los terceros interesados en aquel.[1]
Efectivamente, siendo que los instrumentos públicos quedan bajo la custodia del notario que los autoriza, archivados o conservados en su protocolo, resulta indispensable y conveniente proveer a los interesados de traslados o reproducciones fieles y exactas de las originales o matrices, autorizadas por notario competente y que reciben el nombre de testimonios o copias.

2. Clasificación de los testimonios

En razón del efecto legal que producen

a. Testimonio auténtico: O testimonio propiamente dicho. Es la copia autorizada con las formalidades legales[2] por un notario público competente[3] y que, en tal virtud, tiene verdadera trascendencia jurídica. En él hay una autenticación semejante a la del instrumento original (matriz) que se custodia en el protocolo, lo cual se logra mediante las menciones que la ley ordena (el “pasó ante mí” o engrose) y la imposición que hace el notario de su firma y sello.
b. Testimonio simple: Es la copia que sólo sirven de mero medio de información oficiosa para los interesados en conocer los instrumentos públicos. En tal virtud, se expiden sin formalidad alguna y carecen por lo tanto de trascendencia jurídica.

En razón de la prioridad de su expedición

a. Primer testimonio (o instrumento original): Es el traslado a que tiene derecho por primera vez cada uno de los otorgantes de una escritura matriz, o cada persona a cuyo favor resulte en la misma algún derecho o que lo adquiera por acto posterior, y quien acredite tener un interés legítimo en el instrumento.
b. Segundo testimonio (o posterior copia): Es el traslado de una escritura matriz expedido de acuerdo a las prescripciones legales a favor de una persona que ya ha obtenido un primer testimonio.
Esta clasificación se determina en relación con la persona que obtiene la copia y no con relación al instrumento mismo. La expedición de segundos o posteriores testimonios está restringida por la Ley.[4]

En razón de su plenitud

a. Testimonio total: Es el testimonio en que se traslada o reproduce íntegra y literalmente la totalidad del contenido del instrumento matriz.
b. Testimonio parcial: Es el testimonio en que se omiten una o más partes del instrumento matriz. Aunque no comprenda la totalidad del instrumento del que procede, debe ser expresión fiel y exacta de la parte que contiene de ella, y hacer constar dónde van en ella las partes omitidas, y la circunstancia de que en lo omitido no existe nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo que se inserta en la copia parcial.[5]

3. Restricción a la expedición de testimonios

Las partes intervinientes en el acto y aquellos que acrediten tener un interés legítimo, a juicio del notario, son los únicos autorizados a requerir que se les entregue una copia o testimonio.
El notario puede dar libremente a los interesados cuantos testimonios se le pidan de instrumentos relativos a obligaciones exigibles sólo una vez (por ejemplo compraventas, permutas, donaciones, testamentos, poderes, pactos sociales, cartas de pago, renuncias, reconocimiento de hijo, etc.).
Necesitará, sin embargo, mandato de un juez de Distrito de lo civil para expedir testimonios posteriores cuando la obligación pudiese exigirse más de una vez (por ejemplo mutuos, arrendamientos, obligaciones de hacer y en general toda la que pueda dañar a la otra parte. En este caso, el juez expedirá la orden previa audiencia a la persona o personas a quienes pudiere perjudicar la nueva copia, y no encontrándose estas en el lugar se mandará a oír al alcalde.[6]
Esta disposición deberá ser tenida en cuenta por el notario cuando existe una obligación pendiente de dar o hacer, no así cuando la relación jurídica que tuvo lugar entre los otorgantes ha quedado finiquitada, como en el caso de compraventa con entrega de la cosa y pago total del precio. Allí el notario podrá otorgar otra copia sin intervención judicial ya que no hay obligaciones pendientes y ningún perjuicio ocasionará a las partes.

4. Órganos competentes para expedir testimonios del protocolo

En principio, sólo el notario a cargo del protocolo podrá dar testimonios de él.[7]
Si tiene algún impedimento designará al notario que deba hacerlo, y si no lo designa dentro de las veinticuatro horas de haber recibido la solicitud, lo designarán los interesados. Si los interesados no se ponen de acuerdo en la persona del notario, lo designará el juez de Distrito del domicilio del notario.
En caso de fallecimiento del notario o de su ausencia definitiva de la República, harán la designación los interesados o el juez, en su caso.[8]

5. Sujetos con derecho a exigir el libramiento de testimonios

Pueden exigir al notario que extienda los respectivos testimonios:
a. Los otorgantes, a quienes el notario debe librar testimonio dentro de los tres días posteriores de haberse otorgado la matriz[9];
b. Aquellos sujetos que a juicio del notario tengan interés legítimo, a saber:
-Aquellos a cuyo favor resulte del instrumento algún derecho, sea directamente o adquirido por acto distinto a aquel.
-Aquellos que, fallecido el causante (en el caso de la sucesión testada) fueren sus herederos, legatarios, albaceas y demás personas a quienes se reconozca algún derecho o facultad, y los parientes que de no haber existido testamento o de ser nulo o de no haberse instituido heredero, pudiesen ser llamados a suceder.

6. Cualidades que deben revestir los testimonios

Cualidades internas del testimonio

a. La trascripción exacta de la matriz, como traslado fiel que debe ser de ella.[10]
b. La trascripción literal de los documentos complementarios del instrumento que se copia, pero sólo en caso que se haya dicho en la matriz que se copiarían en el testimonio.[11]
c. La cita del número y año del protocolo y de los folios en que se encuentra la matriz que se copia, haciendo constar si el protocolo es del notario que extiende el testimonio o de otro notario, por quien la suscribe.[12]
d. Tratándose de testimonios de escrituras públicas que contienen actos o negocios inscribibles, la serie y número de los pliegos de papel de protocolo en los que está extendida la matriz.[13]
e. Razón de que se sella, firma y rubrica, y del número de testimonio a que corresponde, en los instrumentos en que se permita al notario extender copias posteriores; o del mandato del Juez de Distrito de lo Civil de extender la copia posterior, en su caso.[14]
f. Mención del número de hojas que componen el testimonio, y de haberlas rubricado y sellado[15]. Si se usaron dos o más hojas de papel sellado, es conveniente plasmar la serie y número de las mismas, para prevenir sustituciones.
g. El nombre completo, o la razón social, en su caso, de la persona a cuyo favor se expide el testimonio, y constancia de haber sido ordenada por el Juez de Distrito de lo Civil, en su caso[16]; si la persona física solicitante pide el testimonio para otra persona natural o jurídica, es conveniente hacer constar esa circunstancia.
h. El lugar, hora y fecha en que se extiende la copia.[17]
i. Los salvamentos de enmiendas, entrerrenglonaduras y testaduras que se hubiesen hecho[18] a la matriz o al testimonio.
j. Mención de haber adherido los timbres fiscales por el valor correspondiente, en su caso.[19]
k. Firma y sello del notario que expide el testimonio.[20]
La entrega del testimonio se anota en el protocolo al margen del instrumento matriz, señalándose la hora, fecha y número de la copia y el nombre de la persona a cuyo favor se expide, rubricándose esta anotación por el notario.[21]

Cualidades externas del testimonio

a. Uso del papel sellado de ley (valor actual, diez córdobas).[22]
b. Uso de caracteres perfectamente legibles y de tinta indeleble.
c. Adhesión de los timbres necesarios a la índole del acto o contrato (Impuesto de Timbres Fiscales).[23]
d. En los casos de testimonios de testamentos, sólo pueden obtenerse por los interesados legítimos contra la presentación del certificado de defunción del testador[24]. En este caso, es conveniente hacer referencia al mismo en el “pasó ante mí”.


[1] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[2] Consulta de 22 de julio de 1948, B.J. pág. 14419: “Si se trata de una copia en que no se puso al pie la razón de que habla el Art. 38 de la Ley del Notariado, sino que se dice simplemente: ‘Es conforme’, ‘concuerda con su original’, u otra leyenda semejante seguida de la firma del Notario, tal copia no puede considerarse como testimonio, si el interesado lo guarda como un dato informativo privado, y por lo mismo no es necesario ponerle los timbres correspondientes al acto o contrato celebrado por las partes, no incurriendo el Notario en responsabilidad por esa omisión; pero, si esa copia se presenta a una autoridad, funcionario o empleado con el objeto de proteger los derechos de algún interesado que se derivan de lo que se ha pactado, entonces esa copia por los fines que con ella se persiguen, puede considerarse como un testimonio defectuoso y en ese caso, si, debe reintegrarse el impuesto de timbres correspondientes....”
[3] Art. 1126 num. 3° Pr.: “Para que los documentos públicos sean eficaces en juicio, deberán observarse las reglas siguientes: ... 3° Que los testimonios sean dados por el encargado del protocolo... en que se hallen los documentos”.
Consulta de 18 de junio de 1964, B.J. pág. 514: “Sólo el notario a cuyo cargo estuviere el protocol de su ascendiente legítimo puede dar testimonio”.
[4] Art. 39 L. del N.
Sentencia de las 10:00 a.m. de 6 de junio de 1958, B.J. pág. 19032: “Una copia no deja de tener carácter de primera por el hecho de que se haya extendido otra a favor del otro otorgante”.
[5] Art. 40 L. del N.
Art. 1126 inc. 2° Pr.: “Para que los documentos públicos sean eficaces en juicio, deberán observarse las reglas siguientes: ... 2° Que si el testimonio que se pida fuere solamente de parte de un documento, se adicione a él lo que el colitigante señalare, si lo cree conveniente;”
[6] Art. 39 L. del N.
Sentencia de las 09:45 a.m. de 22 de agosto de 1966, B.J. pág. 204: “Para librar segundo testimonio de una escritura que puede exigirse más de una vez se requiere audiencia de la otra parte y esta puede hacer observaciones pero no constituirse en parte y entablar recursos”.
Consulta de 29 de junio de 1964, B.J. pág. 515: “Es necesaria orden judicial para librar segundo testimonio de una promesa de venta o una hipoteca”.
[7] Art. 40 L. del N.
Consulta de 18 junio de 1964, B.J. pág. 515: “Sólo el notario a cuyo cargo estuviere el protocolo de su ascendiente legítimo, puede dar testimonio”.
[8] Art. 40 L. del N.
[9] Art. 15 num. 6° L. del N.
Art. 290 num. 3 Ley Orgánica de Tribunales de 19 de Julio de 1894 (no derogado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de julio de 1998): “Son obligaciones de los Notarios: ... 3. dar a las partes interesadas los testimonios y certificados que pidan, con arreglo a la ley, de los actos que ante ellos hayan sido autorizados”.
Consulta de 24 de octubre de 1972, B.J. pág. 403: “... el testimonio de una escritura pública en ningún caso es nulo por extenderse después de tres días de autorizada”.
[10] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[11] Art. 23 num. 3° L. del N.
[12] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[13] Art. 36 Ley General de los Registros Públicos:Calificación de los documentos por el Registrador o Registradora. Previo a la realización de la inscripción y bajo su responsabilidad, el Registrador... verificará que el documento cumple con los requisitos formales y de fondo exigidos por la ley, y procederá a inscribir, suspender o denegar su inscripción, anotación o cancelación correspondiente conforme los siguientes criterios: En los documentos notariales: 1. Que la fecha de la escritura no sea anterior a la emision de la serie y número del papel sellado del protocolo”.
[14] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[15] Art. 38 L. del N.
[16] Arts. 38 párr. 2 y 39 L. del N.
[17] Art. 38 párr. 2 L. del N.
[18] Arts. 35 y 36 L. del N.
[19] Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, de 30 de noviembre de 2012, La Gaceta No. 241 de 17 de diciembre de 2012:
Art. 237:Objeto y ámbito. Créase el Impuesto de Timbres Fiscales, en adelante denominado ITF, que grava los actos jurídicos indicados en el artículo 240 de la presente Ley, por medio de los documentos expedidos en Nicaragua, o en el extranjero, cuando tales documentos deban surtir efecto en el país”.
Art. 241:Forma de pago. El ITF se deberá pagar simultáneamente con el otorgamiento o expedición del documento gravado, y en el caso de escrituras públicas, al librarse los primeros testimonios de ellas. El ITF se pagará adhiriendo al documento y cancelando timbres en la cuantía correspondientes según lo establece el artículo 240 de la presente Ley. La cancelación se hará perforando, sellando o fichando los timbres. Cuando un mismo documento contenga actos o contratos diversos, otorgados por personas diferentes o por su propia naturaleza, el timbre establecido deberá pagarse por cada uno de dichos actos o contratos”.
Art. 244:Responsabilidad solidaria. Los notarios, personas que otorguen o expidan documentos gravados por este impuesto, tenedores de dichos documentos, y funcionarios públicos que intervengan o deban conocer en relación a los mismos, son solidariamente responsables del pago del impuesto”.
[20] Art. 5 L. del N.
[21] Art. 38 in fine L. del N.
[22] Partida 13 b) del Art. 240 Ley de Concertación Tributaria.
Art. 242 Ley de Concertación Tributaria: “Papel sellado. En el caso de... los testimonios de escrituras públicas..., el ITF establecido en el artículo 240 de la presente ley, se pagará escribiendo en el papel de clase especial confeccionado por el Gobierno para tales fines, que lleve impreso el valor correspondiente, sin perjuicio del impuesto aplicable al documento mismo, según la índole del acto o contrato que contenga”.
[23] Art. 240 Ley de Concertación Tributaria: poderes especiales y generales judiciales, cincuenta córdobas (partida 9); poderes especialísimos, generalísimos y generales de administración, setenta córdobas (partida 10); sustitución de poderes, igual que el poder sustituido (partida 11).
[24] Art. 71 párr. 2° L. del N.