martes, 29 de julio de 2014

EL TESTIMONIO

1. Concepto de testimonio

Se denomina testimonio a la reproducción o copia literal de un instrumento público protocolizado, autorizada por notario público competente y con las formalidades de ley, y que tienen derecho a obtener tanto los otorgantes como los terceros interesados en aquel.[1]
Efectivamente, siendo que los instrumentos públicos quedan bajo la custodia del notario que los autoriza, archivados o conservados en su protocolo, resulta indispensable y conveniente proveer a los interesados de traslados o reproducciones fieles y exactas de las originales o matrices, autorizadas por notario competente y que reciben el nombre de testimonios o copias.

2. Clasificación de los testimonios

En razón del efecto legal que producen

a. Testimonio auténtico: O testimonio propiamente dicho. Es la copia autorizada con las formalidades legales[2] por un notario público competente[3] y que, en tal virtud, tiene verdadera trascendencia jurídica. En él hay una autenticación semejante a la del instrumento original (matriz) que se custodia en el protocolo, lo cual se logra mediante las menciones que la ley ordena (el “pasó ante mí” o engrose) y la imposición que hace el notario de su firma y sello.
b. Testimonio simple: Es la copia que sólo sirven de mero medio de información oficiosa para los interesados en conocer los instrumentos públicos. En tal virtud, se expiden sin formalidad alguna y carecen por lo tanto de trascendencia jurídica.

En razón de la prioridad de su expedición

a. Primer testimonio (o instrumento original): Es el traslado a que tiene derecho por primera vez cada uno de los otorgantes de una escritura matriz, o cada persona a cuyo favor resulte en la misma algún derecho o que lo adquiera por acto posterior, y quien acredite tener un interés legítimo en el instrumento.
b. Segundo testimonio (o posterior copia): Es el traslado de una escritura matriz expedido de acuerdo a las prescripciones legales a favor de una persona que ya ha obtenido un primer testimonio.
Esta clasificación se determina en relación con la persona que obtiene la copia y no con relación al instrumento mismo. La expedición de segundos o posteriores testimonios está restringida por la Ley.[4]

En razón de su plenitud

a. Testimonio total: Es el testimonio en que se traslada o reproduce íntegra y literalmente la totalidad del contenido del instrumento matriz.
b. Testimonio parcial: Es el testimonio en que se omiten una o más partes del instrumento matriz. Aunque no comprenda la totalidad del instrumento del que procede, debe ser expresión fiel y exacta de la parte que contiene de ella, y hacer constar dónde van en ella las partes omitidas, y la circunstancia de que en lo omitido no existe nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo que se inserta en la copia parcial.[5]

3. Restricción a la expedición de testimonios

Las partes intervinientes en el acto y aquellos que acrediten tener un interés legítimo, a juicio del notario, son los únicos autorizados a requerir que se les entregue una copia o testimonio.
El notario puede dar libremente a los interesados cuantos testimonios se le pidan de instrumentos relativos a obligaciones exigibles sólo una vez (por ejemplo compraventas, permutas, donaciones, testamentos, poderes, pactos sociales, cartas de pago, renuncias, reconocimiento de hijo, etc.).
Necesitará, sin embargo, mandato de un juez de Distrito de lo civil para expedir testimonios posteriores cuando la obligación pudiese exigirse más de una vez (por ejemplo mutuos, arrendamientos, obligaciones de hacer y en general toda la que pueda dañar a la otra parte. En este caso, el juez expedirá la orden previa audiencia a la persona o personas a quienes pudiere perjudicar la nueva copia, y no encontrándose estas en el lugar se mandará a oír al alcalde.[6]
Esta disposición deberá ser tenida en cuenta por el notario cuando existe una obligación pendiente de dar o hacer, no así cuando la relación jurídica que tuvo lugar entre los otorgantes ha quedado finiquitada, como en el caso de compraventa con entrega de la cosa y pago total del precio. Allí el notario podrá otorgar otra copia sin intervención judicial ya que no hay obligaciones pendientes y ningún perjuicio ocasionará a las partes.

4. Órganos competentes para expedir testimonios del protocolo

En principio, sólo el notario a cargo del protocolo podrá dar testimonios de él.[7]
Si tiene algún impedimento designará al notario que deba hacerlo, y si no lo designa dentro de las veinticuatro horas de haber recibido la solicitud, lo designarán los interesados. Si los interesados no se ponen de acuerdo en la persona del notario, lo designará el juez de Distrito del domicilio del notario.
En caso de fallecimiento del notario o de su ausencia definitiva de la República, harán la designación los interesados o el juez, en su caso.[8]

5. Sujetos con derecho a exigir el libramiento de testimonios

Pueden exigir al notario que extienda los respectivos testimonios:
a. Los otorgantes, a quienes el notario debe librar testimonio dentro de los tres días posteriores de haberse otorgado la matriz[9];
b. Aquellos sujetos que a juicio del notario tengan interés legítimo, a saber:
-Aquellos a cuyo favor resulte del instrumento algún derecho, sea directamente o adquirido por acto distinto a aquel.
-Aquellos que, fallecido el causante (en el caso de la sucesión testada) fueren sus herederos, legatarios, albaceas y demás personas a quienes se reconozca algún derecho o facultad, y los parientes que de no haber existido testamento o de ser nulo o de no haberse instituido heredero, pudiesen ser llamados a suceder.

6. Cualidades que deben revestir los testimonios

Cualidades internas del testimonio

a. La trascripción exacta de la matriz, como traslado fiel que debe ser de ella.[10]
b. La trascripción literal de los documentos complementarios del instrumento que se copia, pero sólo en caso que se haya dicho en la matriz que se copiarían en el testimonio.[11]
c. La cita del número y año del protocolo y de los folios en que se encuentra la matriz que se copia, haciendo constar si el protocolo es del notario que extiende el testimonio o de otro notario, por quien la suscribe.[12]
d. Tratándose de testimonios de escrituras públicas que contienen actos o negocios inscribibles, la serie y número de los pliegos de papel de protocolo en los que está extendida la matriz.[13]
e. Razón de que se sella, firma y rubrica, y del número de testimonio a que corresponde, en los instrumentos en que se permita al notario extender copias posteriores; o del mandato del Juez de Distrito de lo Civil de extender la copia posterior, en su caso.[14]
f. Mención del número de hojas que componen el testimonio, y de haberlas rubricado y sellado[15]. Si se usaron dos o más hojas de papel sellado, es conveniente plasmar la serie y número de las mismas, para prevenir sustituciones.
g. El nombre completo, o la razón social, en su caso, de la persona a cuyo favor se expide el testimonio, y constancia de haber sido ordenada por el Juez de Distrito de lo Civil, en su caso[16]; si la persona física solicitante pide el testimonio para otra persona natural o jurídica, es conveniente hacer constar esa circunstancia.
h. El lugar, hora y fecha en que se extiende la copia.[17]
i. Los salvamentos de enmiendas, entrerrenglonaduras y testaduras que se hubiesen hecho[18] a la matriz o al testimonio.
j. Mención de haber adherido los timbres fiscales por el valor correspondiente, en su caso.[19]
k. Firma y sello del notario que expide el testimonio.[20]
La entrega del testimonio se anota en el protocolo al margen del instrumento matriz, señalándose la hora, fecha y número de la copia y el nombre de la persona a cuyo favor se expide, rubricándose esta anotación por el notario.[21]

Cualidades externas del testimonio

a. Uso del papel sellado de ley (valor actual, diez córdobas).[22]
b. Uso de caracteres perfectamente legibles y de tinta indeleble.
c. Adhesión de los timbres necesarios a la índole del acto o contrato (Impuesto de Timbres Fiscales).[23]
d. En los casos de testimonios de testamentos, sólo pueden obtenerse por los interesados legítimos contra la presentación del certificado de defunción del testador[24]. En este caso, es conveniente hacer referencia al mismo en el “pasó ante mí”.


[1] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[2] Consulta de 22 de julio de 1948, B.J. pág. 14419: “Si se trata de una copia en que no se puso al pie la razón de que habla el Art. 38 de la Ley del Notariado, sino que se dice simplemente: ‘Es conforme’, ‘concuerda con su original’, u otra leyenda semejante seguida de la firma del Notario, tal copia no puede considerarse como testimonio, si el interesado lo guarda como un dato informativo privado, y por lo mismo no es necesario ponerle los timbres correspondientes al acto o contrato celebrado por las partes, no incurriendo el Notario en responsabilidad por esa omisión; pero, si esa copia se presenta a una autoridad, funcionario o empleado con el objeto de proteger los derechos de algún interesado que se derivan de lo que se ha pactado, entonces esa copia por los fines que con ella se persiguen, puede considerarse como un testimonio defectuoso y en ese caso, si, debe reintegrarse el impuesto de timbres correspondientes....”
[3] Art. 1126 num. 3° Pr.: “Para que los documentos públicos sean eficaces en juicio, deberán observarse las reglas siguientes: ... 3° Que los testimonios sean dados por el encargado del protocolo... en que se hallen los documentos”.
Consulta de 18 de junio de 1964, B.J. pág. 514: “Sólo el notario a cuyo cargo estuviere el protocol de su ascendiente legítimo puede dar testimonio”.
[4] Art. 39 L. del N.
Sentencia de las 10:00 a.m. de 6 de junio de 1958, B.J. pág. 19032: “Una copia no deja de tener carácter de primera por el hecho de que se haya extendido otra a favor del otro otorgante”.
[5] Art. 40 L. del N.
Art. 1126 inc. 2° Pr.: “Para que los documentos públicos sean eficaces en juicio, deberán observarse las reglas siguientes: ... 2° Que si el testimonio que se pida fuere solamente de parte de un documento, se adicione a él lo que el colitigante señalare, si lo cree conveniente;”
[6] Art. 39 L. del N.
Sentencia de las 09:45 a.m. de 22 de agosto de 1966, B.J. pág. 204: “Para librar segundo testimonio de una escritura que puede exigirse más de una vez se requiere audiencia de la otra parte y esta puede hacer observaciones pero no constituirse en parte y entablar recursos”.
Consulta de 29 de junio de 1964, B.J. pág. 515: “Es necesaria orden judicial para librar segundo testimonio de una promesa de venta o una hipoteca”.
[7] Art. 40 L. del N.
Consulta de 18 junio de 1964, B.J. pág. 515: “Sólo el notario a cuyo cargo estuviere el protocolo de su ascendiente legítimo, puede dar testimonio”.
[8] Art. 40 L. del N.
[9] Art. 15 num. 6° L. del N.
Art. 290 num. 3 Ley Orgánica de Tribunales de 19 de Julio de 1894 (no derogado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de julio de 1998): “Son obligaciones de los Notarios: ... 3. dar a las partes interesadas los testimonios y certificados que pidan, con arreglo a la ley, de los actos que ante ellos hayan sido autorizados”.
Consulta de 24 de octubre de 1972, B.J. pág. 403: “... el testimonio de una escritura pública en ningún caso es nulo por extenderse después de tres días de autorizada”.
[10] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[11] Art. 23 num. 3° L. del N.
[12] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[13] Art. 36 Ley General de los Registros Públicos:Calificación de los documentos por el Registrador o Registradora. Previo a la realización de la inscripción y bajo su responsabilidad, el Registrador... verificará que el documento cumple con los requisitos formales y de fondo exigidos por la ley, y procederá a inscribir, suspender o denegar su inscripción, anotación o cancelación correspondiente conforme los siguientes criterios: En los documentos notariales: 1. Que la fecha de la escritura no sea anterior a la emision de la serie y número del papel sellado del protocolo”.
[14] Art. 38 párr. 1° L. del N.
[15] Art. 38 L. del N.
[16] Arts. 38 párr. 2 y 39 L. del N.
[17] Art. 38 párr. 2 L. del N.
[18] Arts. 35 y 36 L. del N.
[19] Ley de Concertación Tributaria, Ley No. 822, de 30 de noviembre de 2012, La Gaceta No. 241 de 17 de diciembre de 2012:
Art. 237:Objeto y ámbito. Créase el Impuesto de Timbres Fiscales, en adelante denominado ITF, que grava los actos jurídicos indicados en el artículo 240 de la presente Ley, por medio de los documentos expedidos en Nicaragua, o en el extranjero, cuando tales documentos deban surtir efecto en el país”.
Art. 241:Forma de pago. El ITF se deberá pagar simultáneamente con el otorgamiento o expedición del documento gravado, y en el caso de escrituras públicas, al librarse los primeros testimonios de ellas. El ITF se pagará adhiriendo al documento y cancelando timbres en la cuantía correspondientes según lo establece el artículo 240 de la presente Ley. La cancelación se hará perforando, sellando o fichando los timbres. Cuando un mismo documento contenga actos o contratos diversos, otorgados por personas diferentes o por su propia naturaleza, el timbre establecido deberá pagarse por cada uno de dichos actos o contratos”.
Art. 244:Responsabilidad solidaria. Los notarios, personas que otorguen o expidan documentos gravados por este impuesto, tenedores de dichos documentos, y funcionarios públicos que intervengan o deban conocer en relación a los mismos, son solidariamente responsables del pago del impuesto”.
[20] Art. 5 L. del N.
[21] Art. 38 in fine L. del N.
[22] Partida 13 b) del Art. 240 Ley de Concertación Tributaria.
Art. 242 Ley de Concertación Tributaria: “Papel sellado. En el caso de... los testimonios de escrituras públicas..., el ITF establecido en el artículo 240 de la presente ley, se pagará escribiendo en el papel de clase especial confeccionado por el Gobierno para tales fines, que lleve impreso el valor correspondiente, sin perjuicio del impuesto aplicable al documento mismo, según la índole del acto o contrato que contenga”.
[23] Art. 240 Ley de Concertación Tributaria: poderes especiales y generales judiciales, cincuenta córdobas (partida 9); poderes especialísimos, generalísimos y generales de administración, setenta córdobas (partida 10); sustitución de poderes, igual que el poder sustituido (partida 11).
[24] Art. 71 párr. 2° L. del N.

LOS REQUISITOS DEL PROTOCOLO

La llevanza del protocolo está sujeta a una serie de requisitos personales, reales y formales, cuya infracción sujeta al notario (en su carácter de custodio y depositario del mismo) a responsabilidades de orden civil, penal y disciplinario.

1. Requisitos personales del protocolo

Estos son las exigencias referidas al sujeto (notario) que guarda y custodia el protocolo como archivero y conservador de él. Se concretan en lo siguiente:
a. El notario tiene como primer deber comportarse con honradez, aptitud y honestidad;
b. El notario tiene la obligación de conservar con todo cuidado y bajo su responsabilidad (penal, civil y administrativa) los protocolos[i];
c. En caso de extravío, destrucción o robo del protocolo, el notario debe dar cuenta inmediata al Juez de lo Civil del Distrito de su domicilio[ii]. Si no lo hace, se iniciará contra él el proceso penal que corresponda[iii];
d. En caso de vacancia de la notaría se procederá así:
-En caso de que el notario entre a desempeñar un cargo que lleve anexa jurisdicción, los protocolos deben permanecer en su poder y en su despacho[iv];
-En casos de ancianidad o enfermedad prolongada, el notario puede depositar los protocolos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de la cabecera departamental de su domicilio, bajo inventario, del cual enviará copia a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal de Apelaciones respectivo, pudiendo hacer cesar el depósito en cualquier tiempo[v];
-En caso de ausencia temporal de la República, el notario puede depositar los protocolos como se expuso en el párrafo anterior[vi];
-En caso de ausencia definitiva de la República, el notario tiene la obligación de depositar los protocolos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de la cabecera departamental de su domicilio quince días antes de su partida, a menos que haya tenido urgencia de hacerla. Puede recobrarlos después[vii];
-En caso de suspensión del ejercicio de la profesión, el notario tiene la obligación de depositar los protocolos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de la cabecera departamental de su domicilio, pero remitidos a esa oficina por el Juez o Autoridad que ordenó la suspensión, dentro de los ocho días siguientes de ser notificado de la providencia. Puede reclamarlos al concluir el plazo de la suspensión[viii];
-En caso de fallecimiento del notario, los protocolos pueden permanecer en poder de los herederos que fueren descendientes legítimos del notario fallecido[ix], si estos fueran a su vez notarios públicos y lo autoriza expresamente la Corte Suprema de Justicia[x]. De lo contrario, los herederos están obligados a reunir y remitir bajo inventario los protocolos al Registro Público de la Propiedad Inmueble de la cabecera departamental del domicilio del fallecido[xi].

2. Requisitos reales del protocolo

Estos son los documentos mismos que componen y forman el protocolo.
El protocolo debe contener de manera íntegra:
a. Las escrituras públicas, las actas notariales protocolares y demás diligencias.[xii]
b. Las actas de apertura y cierre.[xiii]
c. Las notas marginales.[xiv]
d. El índice general.[xv]
e. Los documentos protocolizados.[xvi]
El lapso que comprende cada protocolo es de un año, abriéndose el uno de enero y cerrándose el treinta y uno de diciembre[xvii].
Es prohibido llevar dos o más protocolos en el mismo año. En caso que su autorización para ejercer el notariado (el llamado “quinquenio”) expire, al ser nuevamente autorizado el notario seguirá el orden cronológico y numérico de los instrumentos en el mismo protocolo que abrió al iniciar el año[xviii].
Sólo por autorización especial puede abrirse protocolo el día que el notario empiece a cartular por primera vez, cuando cese en el desempeño de un cargo incompatible con la función notarial o cuando termine el plazo de la suspensión.
Podrá cerrarlo anticipadamente cuando asuma el desempeño de un cargo incompatible con el ejercicio del notariado o por otra causa[xix].

3.- Requisitos formales del protocolo

Son los referidos a las reglas que la Ley del Notariado establece para la formación y conservación del protocolo:
a. Debe formarse de pliegos enteros de papel sellado de ley (valor actual, quince córdobas) en los cuales el notario extenderá los instrumentos públicos que ante él se otorguen.[xx]
b. Las hojas del protocolo deberán ir foliadas (numeradas) en orden sucesivo.[xxi]
c. Las escrituras públicas deben ser autorizadas en la página del correspondiente protocolo donde según el riguroso orden cronológico deben ser extendidas, so pena de nulidad.[xxii]
d. Todos los instrumentos públicos se numeraran en estricto orden cronológico, debiéndose observar un riguroso orden de fechas y horas, de modo que un instrumento de fecha y hora posterior no preceda a otro de fecha anterior.[xxiii]
e. Cada instrumento debe comenzar a continuación de la siguiente.[xxiv]
f. Los instrumentos no terminados ni firmados se conservaran como los demás, expresándose con una nota al pie del mismo la causa que impidió su terminación.[xxv]
g. Al expedir un testimonio debe hacerse una anotación al margen de la matriz indicando el número del testimonio, la hora y fecha de su expedición y el nombre de la persona para quien se expide la copia.[xxvi]
h. El protocolo se abrirá el uno de enero con un acta de apertura, y se cerrará el treinta y uno de diciembre con un acta de cierre que exprese el número de escrituras y la cantidad de folios que contiene.[xxvii]
i. Al cerrar el protocolo, obligatoriamente se formará un índice de los instrumentos contenidos en él, con expresión del número de los instrumentos, la fecha de los otorgamientos, los nombres de los otorgantes, el objeto de los negocios y los folios en que se encuentran.[xxviii]
j. Los protocolos se numerarán correlativamente desde el primero que se hubiere formado.[xxix]
k. Es prohibido empezar un instrumento matriz en un protocolo y terminarlo en otro.[xxx]
l. Debe formarse una colección, ordenada cronológicamente, de todos los documentos que acompañan en ocasiones al otorgamiento de instrumentos públicos: poderes de representación, certificaciones de actas de toma de posesión de empleos o cargos públicos, traducciones, documentos públicos o privados cuya protocolización sea objeto del acto, etc.[xxxi]
m. El notario debe estar autorizado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer el notariado (el “quinquenio”)[xxxii], y señalar la fecha de expiración de su autorización en cada instrumento que ante él se otorgue.[xxxiii]

[i] Arts. 15 inc. 3° L. del N.: “Los notarios están obligados:... A no permitir que por motivo alguno se saquen de su oficio los protocolos, salvo los casos exceptuados en el Pr. Ellos, bajo su responsabilidad, si pueden llevar sus protocolos en el ejercicio de sus funciones;...”
[ii] Arts. 52 a 54 L. del N.
[iii] Art. 55 L. del N.
[iv] Art. 4 L. del N.
[v] Art. 48 inc. 2° L. del N.
[vi] Arts. 47 y 48 inc. 2° L. del N.
[vii] Arts. 47 y 48 inc. 2° L. del N.
Consulta de 11 de agosto de 1948, B.J. pág, 14421: “Sr. Registrador Público, Chinandega... se sirve Ud. consultar: ‘Si habiéndose ausentado de ésta ignorando paradero el doctor José Antonio Tijerino hace varios meses, es el caso de reclamar sus protocolos para que permanezcan en este Registro?’ El Supremo Tribunal opina: que el Art. 46 de la Ley del Notariado concede tal facultad a los Registradores en los casos de fallecimiento o suspensión de los Notarios y cuando éstos se ausentaren de la República, para domiciliarse fuera de ella. Este último caso está corroborado por lo dispuesto en el N° 2 del Art. 48 del mismo cuerpo de Leyes, reformado por la ley de 13 de Noviembre de 1913, en donde expresamente se dispone que si el Notario se ausenta sin intención de domiciliarse fuera del país, depende de su exclusiva potestad depositar o no sus Protocolos. De lo dicho se desprende, que si el Registrador tiene la prueba fehaciente de que el Notario en referencia a fijado su domicilio en otra República, o de una ausencia declarada con presunción de muerte, debe proceder a recoger los Protocolos para su conservación en el Archivo del correspondiente Registro”.
Sentencia de las 10:35 a.m. de 18 de febrero enero de 1965, B.J. pág. 22: “Se suspende a un notario en el ejercicio de su profesión por no haber dejado sus protocolos en el Registro al domiciliarse en el extranjero...”
[viii] Arts. 47 y 48 inc. 3° L. del N.
[ix] Consulta de 21 de octubre de 1953, B.J. 16758: “Sólo los descendientes legítimos de los Notarios fallecidos pueden conservar en su poder los protocolos y en otro caso deberán ser recogidos por los Registradores, quienes podrán usar del apremio para conseguir la entrega”.
[x] Art. 46 párr. 3° L. del N.
Sentencia de las 12:00 m. de 13 de abril de 1920, B.J. pág. 2873, Cons. I, II y III: “I. Por el artículo 46 de la Ley del Notariado vigente se estableció que el Registrador del Departamento respectivo está obligado a recoger los protocolos de los Notarios que fallecen en el ejercicio de su profesión, dentro de su Departamento. Es verdad que conforme al mismo artículo los descendientes legítimos de los Notarios que fallezcan, si fueren también Notarios, tienen derecho para conservar los protocolos en su poder, pero esto es sin perjuicio de lo que acuerde en casos especiales la Corte Suprema para la mejor seguridad de los protocolos. La disposición citada presupone desde luego dos casos, a saber: 1º, que al tiempo del fallecimiento de un Notario, sea ya Notario también el descendiente que pretenda guardar los protocolos; y 2º, que la pretensión se haga saber a la Corte Suprema de Justicia, con la comprobación del Estado Civil y demás circunstancias, para que el Alto Tribunal acuerde lo que fuere conveniente.- II. En el caso concreto es evidente: que el Doctor Leónidas Mena, no tenía carácter de Notario ni autorización para ejercer tal cargo en la época del fallecimiento del Doctor don Crisógono Mena, por lo cual el hecho de tomar y de conservar desde entonces los protocolos del Notario fallecido, constituye un hecho irregular, máxime tomando en cuenta que a esta Corte Suprema no se ha dado cuenta de ello, para acordar lo conveniente como lo preceptúa la Ley.- III. Por la Constitución y las leyes y especialmente por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Decreto Legislativo de 17 de mayo de 1913, corresponde a la Corte Suprema de Justicia la alta vigilancia en la materia de que se trata. POR TANTO: Con presencia de las disposiciones citadas y el artículo 48 de la Ley del Notariado, los infrascritos Magistrados dijeron: El Doctor Leónidas S. Mena, entregue con inventario todos los protocolos del finado Doctor don Crisógono Mena, al Registrador de la Propiedad del Departamento de Granada, dentro de tres días de notificado de la presente providencia. Y, por cuanto el Doctor Leonidas S. Mena se halla en la ciudad de Bluefields, diríjase por Secretaría orden, con inserción de la presente resolución, al Juez de aquel Distrito, para que le notifique esta sentencia y le prevenga: que, si los protocolos referidos los tuviere consigo, los entregue en el tiempo señalado al señor Registrador Público de Bluefields, para que éste los envíe con las debidas seguridades, al Registrador del Departamento de Granada; y que si no los tuviere el Doctor Mena a mano, la orden se cumpla por él en el término de la distancia, por medio de persona cierta y segura, que él designe; diríjase también copia a los Registradores de la Propiedad de Bluefields y de Granada para lo de su cargo. El señor Juez de Distrito de Bluefields, dará cuenta de estar cumplido lo mandado, para en caso contrario incoar la causa por desobediencia, y proceder a lo más que haya lugar”.
Sentencia de las 12:00 m. de 24 de febrero de 1924, B.J. pág. 12340: “Un Notario tiene derecho a pedir que se le manden a entregar los protocolos de su padre y abuelo legítimos que estaban en el Registro”.
[xi] Art. 48 inc. 1° L. del N.
Consulta de 11 de agosto de 1948, B.J. pág, 14421: “Si el Registrador tiene pruebas de que un Notario... ha sido declarado ausente con presunción de muerte, debe recoger sus Protocolos”.
[xii] Art. 2365 C.
[xiii] Art. 18 párr. 1 L. del N.
Sentencia de las 12:00 m. de 25 de agosto de 1976, B.J. pág. 190, Cons. Único: “Se multa a notario, ya que según inspección practicada en su Protocolo N° 14 del año 1974, por el Inspector Judicial, dentro del informativo seguido, no había puesto la razón de cierre de su referido Protocolo y no dio explicación satisfactoria por qué tal omisión”.
[xiv] Art. 38 párr. 4° L. del N.; Arts. 2376, 3349 C.
Sentencia de las 11:30 a.m. de 18 de septiembre de 1991, B.J. pág. 168: “... Encuentra este Tribunal, que con la inspección practicada en el protocolo Nº 6 que lleva el doctor..., se ha demostrado que en el manejo del mismo ha cometido una serie de irregularidades, pues diferentes matrices carecen... de la razón de la fecha en que se han librado los testimonios de una gran cantidad de instrumentos. Obvio es, que el notario no ha cumplido en el ejercicio de su profesión, con las obligaciones que la ley le señala y no ha sido cuidadoso en el uso de su protocolo, por lo que debe ser sancionado”.
[xv] Art. 15 inc. 4° L. del N.
[xvi] Art. 20 L. del N.
[xvii] Art. 18 párr. 1 L. del N.
Sentencia de las 03:00 p.m. de 6 de julio de 1992, B.J. pág. 146, Cons. Único: “...la Ley del Notariado en su art. 18 establece que el protocolo se abrirá el primero de Enero o el día en que el notario comienza a cartular, y se cerrará el treinta y uno de Diciembre de cada año...”
[xviii] Sentencia de las 02:00 p.m. de 14 de octubre de 1991, B.J. pág. 187: “VISTOS RESULTA Por comunicación dirigida a esta Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Álvarez Vanegas..., expresó las razones por las que llevó dos protocolos en el año de 1990; manifestó que el 20 de julio de 1990, se le venció el quinquenio para cartular por lo que él, con la escritura No. 463 de las diez de la mañana del 19 de julio de 1990, procedió a cerrar su protocolo No. 6 y remitió a este Tribunal el índice de dicho protocolo; posteriormente solicitó nuevo quinquenio el que fue autorizado por acuerdo No. 53 del 16 de agosto del pasado año, abriendo nuevo protocolo con el No. 7 del 26 de agosto de 1990, cerrándolo el 31 de diciembre de ese mismo año. El 21 de enero de 1991, presentó en la Oficina de Estadísticas el índice de su protocolo No. 7; es decir que abrió dos protocolos en un mismo año. SE CONSIDERA: Con la simple lectura del informe que rindiera el doctor Rafael Álvarez Vanegas, se concluye que dicho notario ha actuado en el ejercicio de su profesión con una notable falta de responsabilidad, y siendo que este Tribunal tiene por mandato imperativo legal el poder de disciplina y vigilancia constante sobre aquellos que como los notarios, ministros de fe pública, y los abogados están investidos por la ley, para el ejercicio de tan nobles profesiones, no le queda más que sancionar con amonestación privada al referido profesional, debiendo prevenírsele que en el futuro sea más cuidadoso en el ejercicio de su profesión”.
Sentencia de las 03:00 p.m. de 6 de julio de 1992, B.J. pág. 146, Resulta y Cons. Único: “VISTOS, RESULTA: Por comunicación dirigida a esta Corte Suprema de Justicia, el Licenciado Allan César Morales Galo..., expresó las razones por las que llevó dos protocolos en el año de 1991; manifestó que el día 2 de octubre de 1991, se le venció el primer quinquenio que le autorizaba para cartular, por lo que solicitó nuevo quinquenio el que le fue autorizado por este Supremo Tribunal, mediante acuerdo No. 55 del 30 de septiembre del pasado año, procediendo a abrir un nuevo protocolo a partir del 2 de Octubre de 1991; que el 31 de Enero del corriente año presentó los índices de los dos protocolos que llevó en el año de 1991, recibiendo acuse de recibo únicamente del que llevó hasta el dos de octubre del año pasado; que todo se debe a mala interpretación por su parte y que en su actuación no ha existido mala fe. SE CONSIDERA: Con la simple lectura del informe que rindiera el Licenciado Allan César Morales Galo, se concluye que dicho notario ha actuado en el ejercicio de su profesión con notable ignorancia... Siendo que este Tribunal tiene por mandato imperativo legal el poder de disciplina y vigilancia constante sobre aquellos que como los notarios, ministros de fe pública y los abogados están investidos por la ley para el ejercicio de tan notables profesiones, no le queda más que sancionar con amonestación privada al referido profesional, debiendo prevenírsele que en el futuro sea más cuidadoso en el ejercicio de su profesión”.
[xix] Art. 18 párr. 2° L. del N.
[xx] Arts. 15 inc. 4° y 19 L. del N.
[xxi] Art. 21 inc. 1° L. del N.
[xxii] Art. 2368 C.; Art. 21 inc. 2° L. del N.
[xxiii] Art. 21 inc. 2° L. del N.
Sentencia de las 12:00 m. de 21 de noviembre de 1940, B.J. pág. 11098, Cons. II: “... II, Que de los cargos formulados al doctor Zeledón..., no fueron comprobados los que se refieren a procedimientos incorrectos en las actuaciones judiciales..., ni tampoco la culpabilidad que se le imputa en relación con el juicio criminal seguido contra Francisco Martínez Valle por violación en la menor Francisca Cano; pero no puede decirse otro tanto acerca de las notorias y repetidas faltas que el doctor Zeledón ha cometido en el ejercicio del Notariado, y las cuales aparecen especificadas en el acta de la inspección que practicó el Juez de Distrito de Matagalpa en el Protocolo del notario doctor Zeledón, faltas que consisten principalmente en las alteraciones del orden cronológico en las escrituras números 30, 31, 47, 48, 99, 100, 162, 164, 167 y 168 y las alteraciones del orden numérico en otras tantas escrituras con infracción de lo preceptuado en el Art. 21 de la Ley del Notariado, que impone a los notarios la obligación de numerar ordenadamente las escrituras por riguroso orden de fecha, con el objeto de que un instrumento de fecha posterior no preceda a otro de fecha anterior, infracción que puede traer graves consecuencias para las partes por los litigios que pueden originarse sobre la validez de tales escrituras.... POR TANTO: En vista de las disposiciones citadas, los infrascritos Magistrados dijeron: Se suspende al notario doctor Tirso Zeledón por el término de seis meses en el ejercicio de su profesión de Notario. Trascríbase lo resuelto a los jueces de Distrito, Registradores de la Propiedad y demás Tribunales de la República...”
[xxiv] Art. 21 inc. 3° L. del N.
[xxv] Art. 32 L. del N.
[xxvi] Art. 38 párr. 3 L. del N.
También se anotan al margen las revocaciones de mandatos, el otorgamiento de instrumentos que rectifican o modifican a otros actos, etc.
[xxvii] Art. 18 L. del N.
[xxviii] Arts. 15 inc. 8° y 9° L. del N.
[xxix] Art. 15 párr. 2 L. del N.
[xxx] Art. 45 L. del N.
[xxxi] Es el llamado “protocolo accesorio” o “protocolo de anexos”, Art. 20 L. del N.
[xxxii] Sentencia de las 12:20 p.m. de 9 de abril de 1991, B.J. pág. 40, Cons. I, II y III: “I, En art. 7 del decreto No. 1618, publicado en el Diario Oficial La Gaceta bajo el No. 227 del cuatro de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, impone a los notarios la obligación de expresar en las escrituras públicas que autoricen, la fecha de vencimiento de su última autorización para cartular y que la omisión de esta obligación hace incurrir al cartulario en las sanciones que prescribe la misma ley. Asimismo, la Ley del Notariado en su art. 10, preceptúa que para que un notario pueda proceder al ejercicio de su profesión, es menester que este Tribunal lo autorice para ello, previo los cumplimientos de los requisitos que señala la misma disposición legal. II, Es un hecho comprobado de manera plena en el informativo levantado, que la notario doctora Eloísa Arana Hernández, ejerció el notariado sin estar autorizada por este Tribunal, habiendo cartulado a partir del mes de junio de mil novecientos noventa, lo que consta en el índice que hizo llegar a esta Corte con fecha veinticuatro de enero del año mil novecientos noventa y uno. III... El no haber observado las disposiciones anteriormente dictadas, constituye irregularidad en el ejercicio del notariado, por lo que a juicio de este Tribunal, la referida notario debe ser objeto de sanción, pues es preciso que en aras de la responsabilidad de la función notarial, que el notario público sea ejemplar observante de las leyes que nos rigen, por lo que debe sancionársele con amonestación privada, de conformidad al art. 3 del decreto No. 1618”.
[xxxiii] Sentencia de las 11:00 a.m. de 12 de agosto de 1991, B.J. pág. 120, Cons. II:La actuación del doctor Fernando Aguilar Bravo se tiene que contraer a la actividad notarial, por ser él ante quien se autoriza la escritura del Poder Especial que ha motivado esta investigación, y su actuación como notario será correcta en la medida en que cumpla con las obligaciones que para los notarios exige la ley de la materia para el caso. El notario Aguilar Bravo, al momento de autorizar la escritura referida, no estaba autorizado para cartular en el quinquenio que según él terminaba el día tres de julio de mil novecientos noventa, ya que su último quinquenio comenzó el cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro y finalizó el cuatro de julio de mil novecientos ochenta y nueve... Con la alteración que hiciera de la fecha de su autorización para cartular..., infringe el art. 7 del decreto No. 1618 del veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta y nueve. También según sentencia del veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, fue sancionado con amonestación privada y multa de mil córdobas (C$1.000.00). A verdad sabida y buena fe guardada, este Tribunal estima que dicho notario ha faltado a la seriedad que debe caracterizarse a aquellos que por mandato de la ley, han sido investidos por el Estado como Ministros de Fe Pública, por su reincidencia dicho profesional se hace acreedor a que le sean aplicados los arts. 3 y 5 del decreto 1618, aplicarle la sanción correspondiente de suspensión por dos (2) años en el ejercicio del notariado y la abogacía. De la autorización que hiciere dicho notario del poder especial, que está causando daño al quejoso, pues no prestó su consentimiento por encontrarse fuera del país, no puede esta situación ser objeto de análisis de una queja como la intentada, quedando a salvo el derecho de la parte que pudiera ser perjudicada para que lo invoque en los Tribunales competentes.