lunes, 17 de febrero de 2014

LA TRADICIÓN

Aníbal Arturo Ruiz Armijo


1.- Bosquejo de los modos de adquirir la propiedad
Se entiende por modos de adquirir la propiedad los hechos o actos jurídicos a los cuales el Derecho reconoce la virtud de hacer surgir el dominio en un determinado sujeto, es decir, la incorporación a un patrimonio de un bien que estaba fuera de él.
A los modos de adquirir se le les llama también “título” (en el sentido de causa) de la adquisición.
Los modos de adquirir se clasifican en:
a.- Adquisiciones a título universal (que abarcan todos los bienes del patrimonio de una persona) y adquisiciones a título singular (que se refieren a uno o varios de esos bienes determinados).
b.- Adquisiciones a título oneroso (cuando la persona que se desprende del bien recibe una compensación) y adquisiciones a título gratuito (cuando la persona que se desprende del bien no recibe una compensación).
c.- Adquisiciones originarias (cuando no tienen una relación jurídica anterior que les sirve de antecedente) y adquisiciones derivadas (cuando tienen una relación jurídica anterior que les sirve de antecedente).
Esta última clasificación es la que nos interesa para los fines de esta exposición, por lo que la expondremos con más detalle.
Las adquisiciones originarias no proceden jurídicamente de nadie: opera por la sola voluntad del adquirente, apoyada en una permisión legal. Se refiere a res nullius (cosas de nadie) o a res derelictae (cosas abandonadas).
Entre los modos de adquisición originarios están la ocupación, el hallazgo de tesoro, la accesión y la usucapión (prescripción adquisitiva o positiva).
En las adquisiciones derivadas hay una relación de derecho anterior, por lo que se exigen:
a.- Existencia de un derecho anterior en el trasmitente (llamado antecesor, tradens, autor, causante);
b.- Un adquirente (llamado sucesor, accipiens, causahabiente);
c.- La transmisión del derecho del tradens al accipiens.
El tradens sólo puede trasmitir lo que le pertenece[1], y con el modo, el ser y las condiciones en que lo tenía.
La voluntad del accipiens para adquirir siempre es totalmente libre; la voluntad del tradens puede ser forzada por orden de la autoridad (adjudicaciones por remate, expropiaciones, etc.).
Entre los modos de adquisición derivados están:
a.- Los nacidos de convenio: dación en pago, compraventa, permuta, donación, mutuo, etc.;
b.- Los nacidos de la coacción de la ley: adjudicación por remate judicial o administrativo;
c.- Los nacidos de una disposición de la autoridad: expropiación, confiscación;
d.- Por causa de muerte: a título universal (herencias) y a título singular (legados, donación mortis causa).

2.- Concepto de tradición
El vocablo tradición se deriva del latín traditio trádere: entregar. Es un modo derivado de adquirir la propiedad.
La tradición descansa sobre una idea sencilla: tratándose de una cosa de nadie (res nullius), quien toma la posesión se hace propietario, y a esto se le llama ocupación. Pero cuando se trata de una cosa sobre la cual ya alguno tiene la propiedad, es necesario, para adquirirla, que a la toma de posesión se una el abandono de ella por parte del propietario. Por ello, si el propietario entrega una cosa con la intención de transferir la propiedad a una persona que tenga la intención de adquirirla, debe haber una traslación de propiedad en beneficio del adquirente, y a esto se le llama tradición.
Mientras que en la ocupación sólo interviene una persona, en la tradición intervienen dos: el tradens, que se deshace de la posesión, y el accipiens que, al recibirla, se hace propietario.
Es evidente que al entregar su cosa a un tercero, el propietario no pierde necesariamente la propiedad: esto es cuestión de intención. Por eso, cuando el propietario entrega la cosa a un arrendatario, depositario o comodatario, no quiere ceder, ni cede, nada más que la detentación de la cosa, por lo cual queda siempre como propietario y poseedor: en este caso lo que existe es una nuda tradición, el hecho (corpus) de la entrega sin la intención (ánimus) de la trasmisión de la propiedad.
Es por ello que es necesario que estos dos elementos (hecho e intención) vayan reunidos para constituir la tradición considerada como un modo de adquirir la propiedad.

3.- Elementos de la tradición
La tradición se compone, pues, de dos elementos: el consentimiento de las partes, es decir la intención de enajenar y de adquirir; y la remisión de la posesión.
A.- La intención de enajenar y de adquirir. Es el elemento esencial sin el cual la tradición no transfiere la propiedad. Consiste en la conformidad de las dos partes: una, el tradens, tiene la voluntad de ceder la propiedad; la otra, el accipiens, tiene la voluntad de adquirirla.
La transferencia de la propiedad con ayuda de la tradición es únicamente un modo de realizar una operación o acto que tengan entre manos: por ejemplo, un pago o una venta, una donación o un cambio. Es a este acto, con motivo del cual se manifiesta la voluntad de las partes, al cual se llama justa causa de la tradición.
Sin embargo, la justa causa no es indispensable para que la tradición transfiera la propiedad: sólo es el hecho que revela la intención de las partes, y la prueba de haber tenido la voluntad de enajenar y de adquirir, que es lo único que separa la tradición traslativa de propiedad de la nuda tradición.
Con tal que la intención exista poco importa que la causa sea nula, inmoral o imaginaria: en virtud de la tradición, el accipiens, no será menos propietario, y para obligarlo a restituir la cosa el tradens debe obrar con una acción personal y no con una acción real[2]. Consecuentemente, los terceros que hayan adquirido por el accipiens derechos sobre la cosa, después que él la ha recibido por tradición. Estos derechos son respetados, y quedan opuestos al tradens, que después de todo tiene siempre, en ese caso, alguna falta, negligencia o imprudencia que reprocharse.
B.- La remisión de la posesión. Como ya expusimos, no es suficiente la voluntad de las partes de transferir la propiedad. Es necesario que esa voluntad se manifieste con alguna señal exterior, y aquí es la remisión de la posesión, que es una señal de propiedad.
Para realizar una traslación de propiedad, el tradens tiene que entregar al accipiens la posesión de la cosa: este es el elemento material de la tradición. La remisión de la posesión se efectúa poniendo la cosa a disposición del adquirente, de manera que pueda realizar sobre ella los actos de propietario.
La tradición de las cosas muebles opera por tradición real de dichos objetos, por su tradición simbólica (tradición de las llaves del edificio o del mueble que las contienen), o, cuando la ley así lo admite, por el mero consentimiento de las partes[3].
La tradición de los derechos incorporales se hace mediante la remisión de los títulos correspondientes o por el uso que de hecho hace el comprador con el consentimiento del vendedor.
Si se trata de la tradición de un bien inmueble, es suficiente que el tradens conduzca al accipiens hasta él, o que le entregue las llaves del local para que pueda entrar a su gusto.
4.- La tradición en el Código Civil nicaragüense
En el Código Civil nicaragüense no se regula a la tradición como modo de adquirir la propiedad, pero hay disposiciones dispersas que la regulan como modo de perfeccionar algunos contratos.
Desde el punto de vista del perfeccionamiento de la relación jurídica, los contratos se clasifican en contratos consensuales, contratos solemnes y contratos reales.
Son contratos consensuales aquellos en que para su perfeccionamiento basta el consentimiento de los contratantes sobre los elementos esenciales del contrato, sin que sea necesario ninguna formalidad o solemnidad especial o la entrega (tradición) de la cosa objeto del contrato: la compraventa, el mandato, la fianza, etc.[4]
Son contratos solemnes aquellos en que para su perfeccionamiento no basta el consentimiento de los contratantes, sino que se requiere además una formalidad o solemnidad especial (el otorgamiento de un instrumento público o privado, la presencia de un funcionario, etc.): la cesión de bienes litigiosos, la permuta, el usufructo[5].
Son contratos reales aquellos en que para su perfeccionamiento no basta el consentimiento de los contratantes ni el otorgamiento de una formalidad, sino que se requiere la entrega (tradición) de la cosa.
En el Derecho Romano la mayoría de los contratos eran reales, pero en el Derecho moderno se ha operado una conversión hacia el consensualismo: por ejemplo, los códigos de Suiza y México estiman los contratos de mutuo, depósito, y comodato como consensuales.
El Código Civil nicaragüense está fundamentalmente inspirado en el sistema consensualista: aceptada la estipulación, queda perfecto el contrato, salvo que la ley expresamente exija otra formalidad, pero en todo caso se tendrá como una promesa exigible[6].
Sin embargo, en el Código Civil se reconocen cuatro contratos reales: el mutuo, el depósito, la prenda (civil y mercantil), y el comodato[7]. En ellos la tradición de la cosa es indispensable para que se perfeccione el contrato.

Bibliografía
Arce y Cervantes, José. De los Bienes. Editorial Porrúa, S.A., México, 1994, págs. 51 y 52.
Código Civil de la República de Nicaragua (Tomos I y II). Impresiones La Universal, Managua, 1999.
Código de Comercio de la República de Nicaragua. Bibliografías Técnicas, S.A., Managua, 1996.
Diccionario Enciclopédico Quillet (Tomo VIII). Editorial Cumbre, S.A., México, 1977, pág. 302.
Escobar Fornos, Iván. Derecho de Obligaciones. Editorial Hispamer, S.A., Managua, 1997, págs. 61 y 63.
Petit, Eugéne. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial Hispamer, S.A., Managua, 1994, págs. 169 a 174.



NOTAS
[1] Por aplicación del principio nemo dat quod non habet (nadie da lo que no tiene).
[2] Art. 616 inc. 2° C.: “Del derecho de propiedad nacen las acciones reales y personales. Real es la que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona; y personal, la que se tiene sobre ciertas personas que, por un hecho propio o la sola voluntad de la ley, han contraído las obligaciones correlativas”.
[3] “La compraventa, sea civil o mercantil, transfiere el dominio aunque la cosa no se haya entregado (Artos. 2530, 2540 C. y 2 C.C.). La tradición se verifica por el envío de mercancías (Arto. 254 C.C.) y por la trasmisión del conocimiento de embarque (Arto. 355 C.C.). Este documento no basta por sí solo para acreditar el dominio pues muchas veces lo posee el encargado de cobrar el precio u otros intermediarios distintos de quien es jurídicamente el dueño. En consecuencia el endoso de ese documento significa la tradición o entrega simbólica, pero la adquisición de la propiedad puede ser anterior” (S. 08:00 a.m. de 4 de febrero de 1931, B.J. pág. 7689, Cons. V).
[4] Arts. 2450, 3293, 3683 C.; S. 11:00 a.m. de 13 de agosto de 1924, B.J. pág. 4545. 
[5] Arts. 2743, 2749, 3900 C.
[6] Arts. 2448, 2449, 2450, 2451 y 2598 C.
[7] Arts. 3392, 3459, 3728, 37 34, 3417 C. y 510 y 517 C.C.

martes, 19 de noviembre de 2013

DERECHO REAL DE PRENDA

Aníbal A. Ruiz Armijo

SUMARIO: 
1. Generalidades del derecho real de prenda.
2. Contrato de prenda civil.
3. Contrato de prenda mercantil.
4. Contrato de prenda agraria o industrial.
5. Contrato de prenda comercial.



1.- Generalidades del derecho real de prenda
1.1.- Concepto de prenda
Se denomina prenda a una cosa mueble que se sujeta especialmente a la seguridad o garantía del cumplimiento de una obligación.
El contrato de prenda aquel por el cual el deudor (o un tercero) entrega a (o pone a disposición de) un acreedor una cosa mueble o un crédito, derecho o acción en garantía del cumplimiento de una obligación simple o condicional, presente o futura.
1.2.- Diferencia entre el derecho real de prenda y el derecho general de prenda
El derecho real de prenda recae sobre una cosa mueble determinada (del deudor o de un tercero) entregada a un acreedor en garantía del cumplimiento de una obligación.
La expresión “derecho general de prenda” hace referencia a que la generalidad del patrimonio activo (todos sus bienes muebles e inmuebles, y sus derechos y acciones) de una persona responde por el cumplimiento de todas las obligaciones que éste tenga.
1.3.- Características de la prenda
El derecho de prenda tiene, en general, las características siguientes:
a.- Es un derecho real de garantía, por lo que normalmente se perfecciona cuando el acreedor está en posesión material de la cosa mueble (antes hay simplemente una promesa).
c.- Es un derecho accesorio, porque supone la existencia de una obligación principal, cuyo cumplimiento garantiza.
d.- Ampara con todos sus accesorios, intereses, frutos y dividendos a la obligación que garantiza.
e.- La naturaleza jurídica de la obligación garantizada determina la naturaleza jurídica de la prenda que se constituye.
f.- El acreedor prendario tiene un derecho de prelación sobre otros acreedores para pagarse con el precio de la prenda, si esta es rematada.
1.4.- Prendas con desplazamiento de la posesión y prendas sin desplazamiento de la posesión
La prenda es con desplazamiento de la posesión cuando el acreedor físicamente asume la posesión del bien pignorado al momento de perfeccionarse el contrato de prenda: es el caso de la prenda civil (art. 3728, 3734 y 3740 C.) y de la prenda mercantil (art. 510 y 517 C.C.).
La prenda es sin desplazamiento de la posesión cuando el deudor no entrega al acreedor la posesión de la cosa pignorada al momento de perfeccionarse el contrato de prenda, sino que la conserva en su poder: es el caso de la prenda agraria o industrial (art. 18 LPAI) y de la prenda comercial (art. 2 LPC).
Consecuentemente, las responsabilidades en ambos casos serán diferentes:
En el caso de la prenda con desplazamiento de la posesión, el contrato se perfecciona desde la entrega real o simbólica del bien pignorado (se trata de un contrato real); si el deudor está posesión del bien pignorado, se presume que ha cumplido la obligación, salvo prueba en contrario; el acreedor está obligado a conservar el bien pignorado con la diligencia de un buen padre de familia; cumplida la obligación, el acreedor debe restituir el bien pignorado, so pena de incurrir en responsabilidades civiles y penales.
En el caso de la prenda sin desplazamiento de la posesión, el contrato de prenda se perfecciona desde la firma del contrato principal; la prueba del cumplimiento de la obligación recae siempre en el deudor; el deudor está obligado a conservar el bien pignorado a sus expensas, con la diligencia de un buen padre de familia y a presentarlo al ser requerido judicialmente; cumplida la obligación, el bien pignorado queda liberado.
2.- Contrato de prenda civil

2.1.- Regulación legal de la prenda civil

Esta garantía real está regulada fundamentalmente en los arts. 3728 a 3770 C.

2.2.- Objeto de la prenda civil

Según el art. 3728 C., el objeto de la prenda es garantizar el cumplimiento de una obligación, sea que la constituya el propio deudor o un tercero, aún sin el consentimiento de aquel (art. 3735 C.).
Pueden ser dados en prenda todas las cosas muebles susceptibles de enajenación. No pueden darse en prenda bienes ajenos sin consentimiento expreso del dueño (arts. 3729 y 3730 C.).
Si la cosa pignorada resulta ser ajena, o ser de calidad distinta de la que se creyó al momento de constituir la prenda, el acreedor tiene derecho a que el deudor le entregue otra cosa de igual valor cuando menos, para la seguridad de su crédito (art. 3748 C.).

2.3.- Forma del contrato de prenda

El contrato de prenda debe constar por escrito si el valor de la obligación garantizada excede de C$200.00 (art. 3731 C.).
Aunque entre las partes el contrato de prenda surte sus efectos por la entrega de la cosa pignorada, con relación a terceros es necesario que además conste en documento público o privado autorizado por un notario o juez civil (art. 3734 C.).

2.4.- Posesión de la prenda civil

El deudor conserva el dominio de la prenda (art. 3739 C.), pero la posesión queda en poder del acreedor o de la persona encargada de custodiarla según convengan las partes (art. 3740 C.).
De ello se deducen las consecuencias siguientes:
-El acreedor responde de la pérdida o deterioro de la cosa dada en prenda, sobrevenidos por su culpa o negligencia (art. 3744 C.);
-El acreedor no puede usar la cosa dada en prenda sin consentimiento expreso del dueño (art. 3745 C.);
-El acreedor que abusa de la prenda es responsable de su pérdida o deterioro (art. 3747 C.). Esta responsabilidad es tanto civil (indemnización por daños y perjuicios) como penal (delito de apropiación y retención indebida[i]).
El deudor debe al acreedor los gastos necesarios de la conservación de la prenda. Sin embargo, el acreedor no puede reclamar los gastos útiles o de mejoras, sino aquellos que hubieren dado mayor valor a la cosa pignorada (art. 3751 C.).
3.- Contrato de prenda mercantil

3.1.- Regulación legal de la prenda mercantil

Esta garantía real está regulada fundamentalmente en los arts. 506 a 518 C.C.

3.2.- Objeto de la prenda mercantil

Según el art. 506 C.C., el objeto de la prenda mercantil es garantizar un acto de comercio, considerándose mercantil toda prenda constituida por un comerciante, salvo prueba en contrario.
Pueden ser dados en prenda mercantil todos los bienes muebles tanto corpóreos como incorpóreos (art. 507 C.C.). Los bienes muebles incorpóreos son los que incorporan un derecho de propiedad sobre créditos (una letra de cambio, un pagaré a la orden, etc.).
La prenda puede ser constituida por el propio deudor, o por un tercero aún sin el consentimiento del deudor (art. 3735 C.). No pueden darse en prenda mercantil bienes ajenos sin consentimiento expreso de su dueño, por aplicación supletoria de los arts. 3729 y 3730 C.

3.3.- Forma del contrato de prenda mercantil

La prenda mercantil debe constituirse con los mismos requisitos de forma que el contrato principal al cual garantiza (art. 509 C.C.).
Aunque entre las partes el contrato de prenda surte sus efectos por la entrega de la cosa pignorada, con relación a terceros es necesario que además conste en documento público o privado autorizado por un notario o juez civil (art. 3734 C.).

3.4.- Apropiación de la prenda mercantil por el acreedor

Aunque es nula la cláusula del contrato que autorice al acreedor a apropiarse de la prenda o a disponer de ella por sí mismo (art. 515 C.C. in principi), el deudor puede autorizar al acreedor a hacerse dueño de ella siempre que lo manifieste expresamente por escrito y con posteridad al vencimiento de la obligación (art. 516 C.C.).

3.5.- Necesidad de la entrega de la prenda mercantil

El art. 517 C.C. establece que la cosa dada en prenda mercantil nunca puede quedar en poder del deudor, ni en un establecimiento o bodega pertenecientes al mismo.
Esto es debido a que siendo la prenda un contrato real sólo se perfecciona cuando el acreedor está en posesión material de la cosa. Mientras esto no sucede no hay contrato sino, a lo más, sólo una promesa de contrato.
4.- Contrato de prenda agraria o industrial

4.1.- Regulación legal de la prenda agraria o industrial

Esta garantía real está regulada en lo general en la Ley de Prenda Agraria o Industrial de 6 de agosto de 1937, publicada en La Gaceta N° 174 de 14 de agosto de 1937, y en lo particular para los préstamos bancarios, en los arts. 59 incs. 10, 11 y 12, 61 y 62 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, Ley No. 561 de 27 de octubre de 2005, La Gaceta No. 232 del 30 de Noviembre de 2005.
Adicionalmente aplican las disposiciones que rigen a la prenda civil y mercantil, y que no se opongan a esos cuerpos legales.

4.2.- Objeto de la prenda agraria o industrial

Según el art. 1 LPAI, el objeto de contrato de prenda agraria o industrial es garantizar especialmente préstamos en dinero.
Pueden ser dados en prenda agraria o industrial los bienes muebles enumerados taxativamente en el art. 2 LPAI:
a.- Animales de cualquier especie y sus productos;
b.- Máquinas, instalaciones, herramientas, utensilios, cosas muebles destinados a trabajos y explotaciones agrícolas, ganaderas o industriales;
c.- Semillas, frutos y cosechas, pendientes, en pie o separados, en estado natural o elaborados;
d.- Materias primas de toda clase, los productos de fábricas o industriales, manufacturados o en curso de fabricación;
e.- Sementeras o plantaciones en cualquier estado de su desarrollo;
f.- Maderas en pie, cortadas, labradas o elaboradas;
g.- Cosechas o frutos futuros, siempre que los árboles o plantas que deben producirlos hayan de dar cosecha o frutos dentro de un plazo no mayor de dieciocho meses contado de la fecha del contrato en que se constituye la prenda.
También puede pre-constituirse la prenda industrial según lo dispone el art. 59 inc. 10 de la Ley General de Bancos[ii].
La prenda puede ser constituida por el propio deudor o un tercero, aún sin el consentimiento del deudor (art. 3735 C.). No pueden darse en prenda mercantil bienes ajenos sin consentimiento expreso de su dueño, por aplicación supletoria de los arts. 3729 y 3730 C.

4.3.- Forma del contrato de prenda agraria o industrial

La prenda agraria o industrial se constituye en escritura pública o en documento privado (art. 5 LPAI), llenado los requisitos mínimos establecidos en el art. 6 LPAI.
Al hacerlo en documento privado, las firmas de los contratantes deben ser autenticadas por un notario público. También pueden las partes obviar la autenticación ante notario público si comparecen juntos ante el Registrador Público a requerir la inscripción del documento, acreditando debidamente su identidad.
El documento privado extendido y legalizado de cualquiera de estas formas tiene fuerza de instrumento público sin necesidad de reconocimiento judicial previo.

4.4.- Registro de la prenda agraria o industrial

Sea que se otorgue en instrumento público o en documento privado autenticado, el contrato de prenda agraria o industrial debe inscribirse en el Registro Público Mercantil del departamento de ubicación de los bienes dados en garantía, en el Libro de Registro de Prenda Agraria o Industrial (art. 11 LPAI).
Cuando la prenda agraria o industrial recaiga sobre cosechas, frutos, máquinas, enseres, animales o cosas que formen parte de bienes inmuebles o de derechos reales inmobiliarios inscritos (usufructo, por ejemplo), para que la prenda surta efectos contra terceros es necesario que además se inscriba el contrato en extracto al margen de la inscripción del inmueble o del derecho real inmobiliario (art. 10 LPAI).
La inscripción conserva al acreedor prendario el privilegio de la prenda mientras no se anote el documento en que conste el pago o la cancelación del gravamen (art. 17 LPAI).

4.5.- Posesión de los bienes dados en prenda agraria o industrial

El deudor conserva, a nombre del acreedor, la posesión de los bienes pignorados, pudiendo usarlos sin menoscabo de su valor. Son de su cuenta los gastos de conservación, reparación, administración y recolección, en su caso. Tiene los deberes y responsabilidades de los depositarios, sin perjuicio de las penas que la Ley de Prenda Agraria o Industrial impone (art. 18 LPAI)[iii].
Los bienes dados en prenda agraria o industrial no pueden ser trasladados del lugar de explotación en donde se encontraban al momento de constituirse la prenda, salvo que en el contrato se autorice o que las partes posteriormente convengan en ello por escrito (art. 19 LPAI).
5.- Contrato de prenda comercial

5.1.- Regulación legal de la prenda comercial

Esta garantía real está regulada en lo general en la Ley de Prenda Comercial, Ley N° 146 de 20 de marzo de 1992, publicada en La Gaceta N° 60 de 27 de marzo de 1992, y en lo no previsto se aplican supletoriamente las disposiciones que rigen a la prenda civil y mercantil en general.

5.2.- Objeto de la prenda comercial

Según el art. 1 LPC, puede constituirse prenda comercial sobre una cosa mueble exclusivamente[iv] cuando:
a) garantiza el pago del precio convenido, cuando dicha cosa ha sido comprada a crédito; o
b) garantiza un préstamo en dinero destinado a la compra de dicha cosa.
Si el acreedor es un banco, la prenda comercial puede constituirse sobre toda clase de bienes muebles.[v]
La prenda comercial puede ser constituida sobre bienes ajenos previo consentimiento expreso de su dueño (art. 1 inc. 2 LPC).

5.3.- Forma del contrato de prenda comercial

La prenda comercial se constituye en escritura pública o en documento privado (art. 7 LPC), llenado los requisitos mínimos establecidos en el art. 9 LPC.
Al hacerlo en documento privado, las firmas de los contratantes deben ser autenticadas por un notario público. El documento privado extendido y legalizado de esta forma tiene fuerza de instrumento público sin necesidad de reconocimiento judicial previo.
El contrato en que se constituye la prenda comercial no es inscribible.

5.4.- Posesión de los bienes dados en prenda comercial

El deudor tendrá el dominio de la cosa pignorada, conservando la posesión en calidad de depositario, pudiendo usarlos sin menoscabo de su valor. Son de su cuenta los gastos de conservación, reparación, administración y recolección, en su caso. Tiene los deberes y responsabilidades de los depositarios, sin perjuicio de las responsabilidades penales que resulten[vi], salvo caso fortuito o fuerza mayor.

5.5.- Prescripción de las acciones civiles sobre la prenda comercial

Las acciones civiles derivadas del contrato de prenda comercial prescriben en tres años contados a partir del vencimiento de la obligación principal.

5.6.- Diferencias entre la prenda comercial y la prenda mercantil

a.- La prenda mercantil se constituye sobre toda clase de bienes muebles corpóreas o incorpóreas para garantizar actos de comercio en general; la prenda comercial se constituye exclusivamente sobre cosas muebles para garantizar el pago del precio de esa misma cosa comprada a crédito, o para garantizar el pago de un préstamo de dinero destinado a la compra de esa cosa mueble;
b.- La prenda mercantil nunca puede quedar en posesión del deudor; la prenda comercial queda obligatoriamente en posesión del deudor;
c.- La prenda mercantil puede realizarse por el acreedor por vía judicial o extrajudicial; la prenda comercial sólo puede realizarse por vía judicial;
d.- La prenda mercantil se realiza judicialmente en un proceso especial; la prenda comercial se realiza judicialmente en un proceso ejecutivo.


[i] Art. 238 CP: Apropiación y retención indebidas. Se aplicarán las penas previstas para el delito de estafa a quien teniendo bajo su poder o custodia un bien mueble, activo patrimonial o valor ajeno, que exceda la suma equivalente a dos salarios mínimos del sector industrial por un título que produzca obligación de entrega o devolución, se apropie de ello o no lo entregue o restituya a su debido tiempo, en las condiciones preestablecidas, en perjuicio de otro. Si no ha habido apropiación, sino uso indebido de la cosa en perjuicio de tercero, la pena será de seis meses a un año de prisión.

[ii] Art. 59 inc. 10) Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros: “10. La prenda podrá preconstituirse sobre los bienes a adquirirse o a producirse con los fondos del préstamo, en el mismo contrato en que éste se conceda, aún cuando las sumas emprestadas no cubran el valor total de dichos bienes. Para los fines de identificación de los bienes pignorados, se estará a los datos consignados en los documentos que acrediten la inversión en los inventarios contables o a los datos comprobados en inspecciones hechas por los bancos acreedores. En estos casos y cuando proceda, bastará para todos los efectos legales, la inscripción en los Registros correspondientes del contrato constitutivo del adeudo”.
[iii] Ver art. 38 y 39 LPAI, art. 238 CP.
[iv] Sentencia de las 12:00 m. de 6 de noviembre de 1997, B.J. pág. 142, Cons. I: (...) Cabe tener presente que la Ley de Prenda Comercial señala los requisitos que deberá contener la escritura o documento donde se plasme y si se omiten tales requisitos podría tener valor legal tal contrato en relación con la prenda comercial si se desea ser flexible, existe el Art. 2202 C., que señala que existe nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos; «cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular». Si se tiene en cuenta que la Ley de Prenda Comercial establece dos únicos presupuestos para poder valerse de la misma: 1) La compra de un bien al crédito; y 2) En garantía de una suma de dinero destinada a dicha compra; de lo expuesto fluye que no hay más variantes ni más excepciones, por lo tanto no se puede hacer uso de la Ley de Prenda Comercial para garantizar un mutuo. En el caso concreto de autos, el mutuo subsiste como muy bien lo expresó el Honorable Tribunal A-quo, más sin embargo, la vía para hacerlo exigible no puede nunca ser la vía ejecutiva prendaria de prenda comercial por no estar dentro de los supuestos o premisas que señala la ley de forma exclusiva y concreta para los dos casos en ella señalados. Hacer lo contrario sería caer en una anarquía jurídica dejando que los acreedores plasmen a su gusto o capricho las garantías que deseen dejando a los deudores en un estado de indefensión y desnaturalizando este tipo de contratos claramente señalados por la ley en sus fines, objetivos y destino. Por lo dicho deben ser desestimados los agravios del recurrente al amparo de la causal 2ª del Art. 2057 Pr.”
[v] Art. 59 inc. 12) Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros: 12. (...). Podrá constituirse prenda comercial sobre bienes muebles de cualquier naturaleza distintos de los adquiridos con el financiamiento otorgado por el banco, siguiendo el mismo procedimiento que establece la Ley de Prenda Comercial.
[vi] Art. 238 CP.

viernes, 8 de noviembre de 2013

JUICIO SINGULAR HIPOTECARIO CON RENUNCIA A LOS TRÁMITES EJECUTIVOS

Aníbal Arturo Ruiz Armijo


SUMARIO:

1. Fundamento legal del juicio ejecutivo singular hipotecario con renuncia a los trámites.

2. La demanda ejecutiva singular hipotecaria.

3. Despacho de la ejecución.

4. Procedimiento de apremio.

 

1.- Fundamento legal del juicio ejecutivo singular hipotecario con renuncia a los trámites


El art. 3790 del Código Civil faculta al deudor a renunciar a los trámites del juicio ejecutivo en la escritura de constitución de hipoteca: “Es permitido renunciar en la escritura de hipoteca[1], los trámites del juicio ejecutivo. En tal caso se procederá desde luego a la venta judicial, sirviendo de base el precio fijado por las partes en la escritura; si no se hubiere fijado el precio, se establecerá por peritos”.

La regla general es que la renuncia del deudor a los trámites del juicio ejecutivo debe ser expresa. Sin embargo, el art. 73 Ley General de Bancos y Otras Instituciones establece la renuncia tácita del deudor a los trámites ejecutivos cuando se contrae una obligación hipotecaria con un banco, salvo que se pacte expresamente lo contrario.

El procedimiento para hacer efectivo el crédito hipotecario en presencia de la renuncia a los trámites se establece en los arts. 1829 a 1832 del Código de Procedimiento Civil.

2.- La demanda ejecutiva singular hipotecaria

El art. 1829 del Código de Procedimiento Civil indica que en el caso del art. 3790 del Código Civil, una vez vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación por el deudor, sin que este la hubiese satisfecho, el acreedor podrá presentar ante el juez competente la demanda para hacer efectiva la hipoteca.

Para que el juez dé tramite a la demanda, esta debe acompañarse de una certificación registral fechada el día anterior de la presentación de la demanda, en que conste la vigencia de la obligación y de la hipoteca, o de un telegrama del Registrador Público en que se dé fe de la vigencia de la obligación y de la hipoteca tres días antes de la demanda, si por razón de la distancia no es posible obtener la certificación registral aludida.

La presentación de la certificación registral (o el telegrama) de vigencia de la obligación y la hipoteca constituye un presupuesto procesal especial indispensable para la existencia y desarrollo de este procedimiento singular. Por ello, si el acreedor no cumple con esta exigencia, el juez debe rechazar de oficio la demanda.

Además de este presupuesto procesal especial, deben reunirse los requisitos generales que para la procedencia de la acción ejecutiva ha indicado tradicionalmente el Tribunal de Casación (la llamada “Teoría del Juicio Ejecutivo”):
a.- Deudor cierto;
b.- Acreedor cierto;
c.- Deuda cierta, líquida y actualmente exigible;
d.- Mora del deudor; y
e.- Título ejecutivo (en este caso, la escritura pública debidamente inscrita en que consta la obligación y la hipoteca, más la certificación registral aludida arriba).

Debe también cumplir, como es lógico, los requisitos generales de forma establecidos en los arts. 1021 y siguientes del Código de Procedimiento Civil:

Conforme al art. 1021 del Código de Procedimiento Civil, son cuatro los elementos formales que deben estar presentes en toda demanda: 1° El nombre del actor[2]; 2° El nombre del demandado; 3° La cosa, cantidad o hecho que se pide; 4° La causa o razón por qué se pide, pudiendo unirse muchas causas para mayor seguridad de los derechos.

Sí los incisos 1°, 2° y 3° del art. 1021 del Código de Procedimiento Civil no están presentes en la demanda, o si esta es oscura o ininteligible, el art. 1035 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez para que de oficio no dé curso a su tramitación. Esta disposición no se aplica cuando la omisión versa sobre el Derecho, pues en este caso el juez puede suplirlas (art. 1027 del Código de Procedimiento Civil[3]).

El art. 1022 del Código de Procedimiento Civil añade como requisito formal la designación del juez o tribunal al cual se dirige la demanda.

Otros requisitos formales son: el uso de papel sellado de ley (impuesto de timbres fiscales), el uso del idioma español[4], escribir la fecha en letras y no en guarismos, la descripción detallada de la cosa cuya propiedad o posesión se pide, a no ser que la demanda sea general, como la de una herencia, de cuentas de una administración u otras similares, la certificación de inscripción en el Registro Público Mercantil, si el actor es comerciante, etc. (arts. 178, 1023 y 1024 del Código de Procedimiento Civil, XXXVIII del Título Preliminar del Código Civil, 19 inc. 3° del Código de Comercio).

 3.- Despacho de la ejecución

 Una vez comprobado por el juez que la demanda ejecutiva reúne los requisitos de ley, el juez dictará el auto de solvendo ordenando requerir de pago al ejecutado personalmente o por cédula, previniéndolo que de no pagar se sacará a subasta el inmueble hipotecado, y librará el correspondiente mandamiento de ejecución dirigido a cualquier autoridad competente[5]. El auto de solvendo es apelable y aun recurrible en casación con base a cualesquiera de las dos causales del art. 2060 del Código de Procedimiento Civil.[6]

Despachada la ejecución se requerirá al ejecutado a que pague en el acto de la notificación (o en treinta días, si el acreedor es un banco[7]). El acto de requerimiento se asentará en un acta que se adjuntará al expediente.

El ejecutado puede, en el momento del requerimiento o al día siguiente más el término de la distancia, manifestar que discutirá sus derechos posteriormente en la vía ordinaria[8]. Fuera de este plazo el deudor no podrá ejercer este derecho, y caducará si no entabla el juicio ordinario contra el acreedor dentro de los quince días de realizarse la subasta del inmueble hipotecado (art. 1831 inc. 2 del Código de Procedimiento Civil).

Si el deudor hace reserva de su derecho para el juicio ordinario posterior, puede pedir que no se pague al acreedor a menos que este caucione previamente las resultas del juicio ordinario. El juez debe acceder a esta caución sin ningún trámite (art. 1832 del Código de Procedimiento Civil).

El Art. 3791 C. dispone que realizada la venta judicial en el caso de haberse renunciado a los trámites del juicio ejecutivo, el deudor podrá hacer valer en la vía ordinaria los derechos que le asistan a causa de la ejecución, pero sin que por eso deje de quedar firme la venta del inmueble hecha a favor de un tercero, y el art. 1831 párr. 2° Pr. indica que el ejecutado debe comparecer a la ejecución al ser requerido o en el siguiente día, más lo que corresponda por la distancia, a hacer reserva de sus derechos para discutirlos en la vía ordinaria, y que esa acción ordinaria debe entablarla dentro de los quince días de realizada la subasta, bajo pena de caducidad de su derecho.

De esto se deduce que no cabe oponer excepciones en el juicio hipotecario con renuncia a trámites (salvo la de pago o la de falta de vencimiento de la obligación).[9]

Por ser notoriamente improcedente la interposición de excepciones, de conformidad con el art. 209 Pr. deben rechazarse de plano et sine strepitu, sin necesidad de formar artículo ni oír a la contraria.[10]

 4.- Procedimiento de apremio

 4.1.- Fijación del precio del inmueble por peritos

Si en la escritura de constitución de la hipoteca no se pactó el precio del inmueble para el evento de la subasta, se deberá fijar por peritos el precio del inmueble.

Para ello se procederá inmediatamente después del requerimiento de pago hecho al deudor, de acuerdo al procedimiento establecido para el avalúo en el juicio ejecutivo corriente (art. 1830 Pr.), nombrándose los peritos que harán el avalúo conforme a lo establecido en los arts. 195 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los arts. 1263 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Fijado el precio del inmueble por los peritos, las partes tienen tres días para impugnar la tasación. De la impugnación de cada parte se dará traslado (audiencia en realidad) a la otra por tres días (art. 1764 del Código de Procedimiento Civil).

Transcurridos los plazos de los traslados, y aún cuando las partes no se hubiesen pronunciado sobre las impugnaciones, el juez resolverá aprobando la tasación o mandando a rectificarla por el mismo perito o por otro, o fijando por sí mismo el justiprecio. Contra esta resolución del juez no puede apelarse ni tampoco alegar lesión enorme.[11]

Si el juez ordena la rectificación de la tasación, expresará en el auto los puntos sobre los que debe recaer la rectificación, y una vez realizada esta se tendrá por aprobada sin que se acepten nuevos reclamos.

4.2.- Publicación de los carteles

Si el ejecutado no paga en el acto del requerimiento ni articula oposición alguna, previa petición del actor se anunciará, por tres carteles colocados en lugares públicos y además publicados en un diario de circulación nacional durante tres días consecutivos[12], que dentro de cuatro días va a subastarse el inmueble gravado.

En el cartel se describirá el inmueble, se fijará el lugar, la hora y la fecha de la realización de la subasta, y se señalará el precio base de la subasta (pactado por las partes en la escritura de constitución de la hipoteca o fijado por peritos, en su caso).

El actor debe incorporar al expediente los ejemplares de las tres ediciones del diario en la que fueron publicados los carteles de ley.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la providencia judicial que manda a publicar los carteles anunciando la realización de la subasta tiene, en cuanto a sus efectos materiales, el valor de una sentencia de término[13]. Esta semejanza o equivalencia del proveído con la sentencia de término es en cuanto al fondo y no en cuanto a la forma.

4.3.- Realización de la subasta

Previa petición del actor, una hora antes de la hora fijada el juez ordenará abrir la subasta, para recibir posturas.

Se admitirán sólo las posturas que cubran el capital, los intereses, las costas y los gastos del proceso (art. 1829  inc. 5 Pr.). En caso que el acreedor sea un banco, no se admitirán tampoco posturas sino en efectivo o con cheques librados por bancos[14]. El inmueble subastado se venderá al mejor postor (venta forzada).

 Si no se presentan postores se adjudicará el inmueble al acreedor por el precio convenido o por el precio del avalúo, en su caso (art. 1829 inc. 5 Pr.). Si el acreedor es un banco, si no hubieren postores podrá pedir que se le adjudique por el capital, los intereses y las costas (art. 68 Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros).

 De lo actuado en la subasta se levanta acta judicial, la cual es instrumento suficiente para inscribir el dominio del tercero adquiriente (en el caso de la venta forzada) o del acreedor (en el caso de la adjudicación).

Efectivamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que por aplicación del art. 1829 Pr. in fine no se exige el otorgamiento de escritura pública para inscribir el dominio, en el caso especial de ejecución con renuncia de los trámites del juicio ejecutivo (Sentencia de las 09:00 a.m. de dos de julio de 1913, B.J. págs. 149 y siguientes). Dicha jurisprudencia se confirma en Consulta visible en B.J. pág. 3779 que dice: “En el caso del art. 1829 Pr., puede inscribirse la certificación del acta, porque es disposición especial, aun para el postor extraño”.





[1] Art. 3771 C.: “La hipoteca es un derecho constituido sobre los bienes inmuebles o derechos reales del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre los mismos el cumplimiento de una obligación”.
Art. 3772 C.: “La hipoteca debe constituirse por escritura pública e inscribirse en el competente Registro”.
[2] Adicionalmente, el art. 4 inc. k) Ley de Identificación Ciudadana establece que es indispensable la presentación de la Cédula de Identidad para iniciar acción judicial. Por Resolución del Consejo Supremo Electoral de treinta y uno de enero de dos mil uno, esta disposición legal se hizo de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional a partir del uno de abril de dos mil uno.
[3] Sentencia de las 10:30 a.m. de 31 de agosto de 1956, Boletín Judicial, pág. 18203: “No puede negarse que el art. 1021 Pr. concede a los jueces suficiente amplitud para suplir las omisiones de los demandantes y de los demandados, si pertenecen al Derecho, lo cual quiere significar que si tales omisiones se refieren a los hechos y el interesado no las aclara en su oportunidad legal, no pueden menos que trascender al fallo y hacerlo legalmente imposible, siempre que el juez no opte por la medida de no dar curso a la demanda desde el primer momento de iniciarse su tramitación”.
[4] Véanse, sin embargo, las excepciones contempladas por el art. 11 de la Constitución y el art. 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para las comunidades de las Regiones Autónomas del Atlántico.
[5] El art. 53 inc. 13 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros establece a favor de los bancos el privilegio de efectuar los requerimientos de pago por el notario que designen en el escrito de demanda.
[6] “... la escritura en que consta el crédito hipotecario con renuncia de trámites, una vez que se le ha declarado con mérito ejecutivo, constituye una verdadera sentencia pactada por el mutuo consenso que hace las veces de sentencia que pone fin a la parte cognoscitiva del juicio ejecutivo corriente. Desde que esa ficción se acepta, las resoluciones que dentro del mismo recaen en la segunda instancia están sujetas a la norma establecida por el Arto. 2060 Pr.(Boletín Judicial de 1969, pág. 31 Considerando I; Boletín Judicial de 1970, pág. 178 Considerando Único).
[7] Art. 66 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros.
[8] Art. 3791 del Código Civil: “Realizada la venta judicial en el caso de haberse renunciado a los trámites del juicio ejecutivo, el deudor podrá hacer valer en la vía ordinaria los derechos que le asistan a causa de la ejecución, pero sin que por eso deje de quedar firme la venta del inmueble hecha a favor de un tercero”.
[9] Sentencia de las 10:00 a.m. del 14 de octubre de 1932, B.J. pág. 8114: “... la Corte Suprema podría aceptar que el deudor puede atajar los procedimientos de apremio, evitando la venta del inmueble hipotecado, siempre que presente una prueba irrefragable de haberse extinguido la obligación hipotecaria. También el Supremo Tribunal se vería en el caso de admitir la queja de falta de vencimiento del plazo siempre que eso constara en el mismo instrumento que sirve de base a la demanda, o cuanto más, en otro instrumento de igual fuerza, terminante e indiscutible;... Pero la prueba de la extinción de la deuda o de la prórroga o modificación del plazo debe ser de tal naturaleza, nótese bien, que no deje la menor duda de que se hayan realizado, y sin que el acreedor pueda objetarla, porque desde que surge la disputa el incidente toma los caracteres de las excepciones, que tienen por virtud suspender la venta de la cosa hipotecada que, como se ha dicho, es lo que la ley ha querido evitar... lo que la ley no consiente es que pueda ser atrasado el apremio por causa de excepciones, incidentes o reclamaciones que promuevan el deudor o cualquiera otro interesado, y sobre las cuales sea necesaria una resolución previa, porque con ello se paraliza el curso de los autos y se entretiene la realización de la hipoteca, que es lo que se quiere evitar. En el juicio declarativo separado pueden las partes sin trabas que limiten ni coarten su derecho de defensa... dilucidar ampliamente todas las cuestiones propuestas por las partes... cuestiones todas sobre las que no puede ciertamente recaer ninguna decisión en este procedimiento de apremio. Si la ley admitiera la resolución de todas esas cuestiones durante el seguimiento de este asunto, este juicio perdería todo su carácter, pues tendría todas las amplitudes y las dilaciones propias del general o rigurosamente ejecutivo. Según la teoría de la ley, el procedimiento que se sigue en esta clase de juicio, quita al deudor el medio de defenderse durante el mismo, aunque tuviera razón para ello, obligándole a seguir separadamente un juicio ordinario, en que tendrá, como ya se ha dicho, la oportunidad de ventilar los derechos que le correspondan. No debe olvidarse que, ante todo, debe cumplirse la voluntad paccionada de las partes, y si la ley es dura en estos casos, el deudor que se obligue en estos términos ya debe saber desde antes a qué atenerse. Dura lex, scrita tamen”.
[10] Sentencia de las 10:00 a.m. de 23 de mayo de 1935, B.J. pág. 8972: “... tratándose, en el caso de autos, de una acción hipotecaria, para la cual se han renunciado los trámites del juicio ejecutivo, los derechos que asisten al ejecutado a causa de la ejecución, corresponde hacerlos valer en el juicio ordinario respectivo, según el texto de los Arts. 3791 C. y 1831 Pr.; y en ese concepto, debe decirse que las providencias que se dicten en estos procedimientos tienen el carácter de simplemente interlocutorias, para los efectos de la casación, puesto que ellas no resuelven controversia alguna, ni deciden en definitiva sobre el fondo del negocio, lo cual sólo puede ventilarse, como se ha dicho, en el correspondiente debate ordinario; y si bien en determinados casos, este Supremo Tribunal, ha admitido el recurso de casación contra resoluciones pronunciadas en esta clase de juicios, ha sido únicamente, cuando los Jueces o Tribunales, desviándose de las normas legales, han admitido y resuelto cuestiones de fondo que no cabe ventilar dentro del procedimiento especial de que se trata, y eso tan sólo, para indicar la pauta que debe seguir en la tramitación de estas vías de apremio. Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia estima que la sentencia recurrida no es susceptible del recurso de casación, el cual debe declararse improcedente”.
[11] LESIÓN... Daño o perjuicio de cualquiera otra índole, y especialmente el económico en los negocios jurídicos / Más concretamente aún, daño que sufre una de las partes en el contrato de compraventa cuando el precio no es justo / EN LOS CONTRATOS. Perjuicio económico producido a una de las partes en los contratos conmutativos, cuando existe evidente desigualdad entre los objetos o prestaciones de los mismos; y más particularmente visible en la compraventa, si el precio resulta injusto por abusivo en relación con el comprador, y por recibir éste cosas de mayor valor o extensión o de mejor calidad que lo supuesto por el vendedor / ENORME. En el Derecho clásico y en el histórico español, el perjuicio que una persona experimenta por error o por engaño cuando alcanza a algo más del justo precio en la compraventa (v. lesión enormísima) / ENORMÍSIMA. Daño o perjuicio económico en la compraventa, cuando consiste en mucho más de justo precio (v.) (Cabanellas de Las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental).
[12] Art. 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Cuando la ley mandase a publicar edictos o carteles en el Diario Oficial, La Gaceta, se entenderá cumplido este trámite haciendo la publicación en lugar visible y en la forma establecida por la ley, en un periódico de circulación nacional y en la correspondiente tabla de avisos. En estos casos el costo de estas publicaciones correrá a cuenta de la parte interesada”.
[13] Salas define la sentencia de término comoaquella que pone término a la instancia”.
[14] Art. 62 inc. 1 Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros.