miércoles, 15 de agosto de 2012

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE COSTAS JUDICIALES


Aníbal Arturo Ruiz Armijo
El art. 2 del Código de Aranceles Judiciales define “costas” como la suma de los honorarios que devengan y los gastos que hacen las partes o sus apoderados en cualquier asunto judicial o administrativo, y que debe ser reintegrada por la parte condenada a la victoriosa (art. 369 del Código de Procedimiento Civil), siendo honorarios la retribución a que tiene derecho el abogado por su trabajo profesional y que puede reclamar a la persona a la que sirve o a la que lo llamó para tal objeto, en su caso. Entre profesional y cliente, los honorarios se rigen por lo pactado entre ellos (arts. 1 del Código de Aranceles Judiciales, 3299, 3302 y 3364 del Código Civil), y solo en defecto de este pacto se determinan por lo establecido en la ley de la materia (arts. 3 y 37 del Código de Aranceles Judiciales); sin embargo, para los efectos del cobro de costas a la contraparte condenada en ellas, únicamente son obligatorios los honorarios legales (art. 3 del Código de Aranceles Judiciales).
No siempre la parte derrotada será condenada en costas porque, salvo que la ley disponga otra cosa ellas solo se impondrán cuando a criterio del juez o tribunal no haya tenido motivos racionales para litigar[1]. Dentro de los casos de imposición legal de costas tenemos los de los arts. 53, 1655, 1745, 2008 y 2087 del Código de Procedimiento Civil
Solicitud De Tasación De Las Costas
Las partes pueden libremente convenir que dos peritos, o uno solo, tasen las costas, y contra lo que ellos resuelvan no se admitirà recurso alguno, salvo que se impugne la tasación por heber sido hecha contra lo dispuesto en el art. 3364 del Código Civil[2] (arts. 42 del Código de Aranceles Judiciales y 379 del Código de Procedimiento Civil).
Si no es este el caso, la tasación de costas puede pedirse por el victorioso en cualquier momento luego de que esté firme la sentencia interlocutoria o definitiva (art. 32 del Código de Aranceles Judiciales y 373 del Código de Procedimiento Civil) que contiene la condenatoria en costas (art. 38 del Código de Aranceles Judiciales); para ello el victorioso presentará al juez o tribunal correspondiente un escrito solicitando se ordene al secretario que efectúe la tasación de las correspondientes costas (arts. 31 del Código de Aranceles Judiciales y 370 del Código de Procedimiento Civil).
La solicitud se pondrá en conocimiento de la contraparte o de su apoderado, si lo tuviere[3], para que dentro del día siguiente a la notificación presente (si lo desea), oposición a la solicitud de tasación.
Debe notarse que el art. 33 del Código de Aranceles Judiciales dice “dentro de veinticuatro horas de hecha la notificación...”, pero que aquí debe aplicarse el art. 4 de la Ley Nº 1690 de 26 de febrero de 1970, La Gaceta Nº 124 de 5 de junio de 1970: “Siempre que en la tramitación de una cuestión judicial se señalen términos de veinticuatro horas, deberá entenderse que ese término se extiende desde la notificación de la respectiva providencia hasta la medianoche del día siguiente”, es decir que, para deducir oposición se tienen las horas subsiguientes del día de la notificación, más todo el día siguiente.
Si dentro del plazo legal no se presenta oposición a la solicitud, esta quedará firme y el juez o tribunal mandará por auto a que el secretario practqiue la tasación que corresponda.
La oposición a la tasación, debe fundarse indispensable y exclusivamente en alguna de las cinco causales indicadas en el art. 33 del Código de Aranceles Judiciales:
a.- Por no haber sido el opositor condenado en costas.
b.- Por referirse la condena en costas a otro caso.
c.- Por no ser solidaria la condena en costas.
d.- Por ser otra persona la condenada en costas.
e.- Por ser la moneda en que se pide, distinta de la legal[4].
La oposición se sustanciará incidentalmente (arts. 33 del Código de Aranceles Judiciales y 381 del Código de Procedimiento Civil): se mandará a oír al solicitante sobre ella por tres días (art. 244 del Código de Procedimiento Civil), y de haber hechos que probar se abrirá a pruebas por ocho días comunes (art. 33 y 245 del Código de Procedimiento Civil), transcurridos los cuales el juez o tribunal dictará sentencia estimando la oposición y mandando a cerrar las diligencias, o desestimándola y ordenando al secretario proceder a la tasación de las costas.
Esta sentencia es apelable en ambos efectos (arts. 458 y 461 del Código de Procedimiento Civil), recurso que debe interponerse en caliente o dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia del incidente (art. 459 del Código de Procedimiento Civil).
Por tratarse de un trámite incidental (art. 33 del Código de Aranceles Judiciales), la apelación se sustanciará conforme las disposiciones de los arts. 2035 y siguientes[5]: El apelante debe expresar sus agravios en el mismo escrito de personamiento (art. 2036 del Código de Procedimiento Civil), y si el apelado se persona, se le dará vista (no traslado) por tres días para contestar agravios (art. 2037 del Código de Procedimiento Civil); transcurrido el plazo para contestar los agravios se citará para sentencia (art. 2033 del Código de Procedimiento Civil), que debe dictarse en el plazo de tres días, si no se promueve incidente de nulidad ni fuera procedente el recibimiento de pruebas (art. 2039 del Código de Procedimiento Civil).
Si se otorgara en segunda instancia el recibimiento de pruebas (art. 2040 del Código de Procedimiento Civil), se procederá en el plazo y forma establecido para la primera instancia (art. 2041 del Código de Procedimiento Civil), y por cuncluida la estación probatoria se mandará a unir las pruebas a los autos y se dará vista a las partes por tres días comunes para que aleguen de bien probado (art. 2043 del Código de Procedimiento Civil), y transcurrido ese plazo se citará para sentencia, que debe dictarse en los tres días indicados en el art. 2039 del Código de Procedimiento Civil
Confirme o no el derecho a reclamar las costas, el fallo de segundo grado admite recurso casación (art. 33 del Código de Aranceles Judiciales) conforme las reglas comunes (arts. 2055 del Código de Procedimiento Civil y siguientes).
Revisión De La Tasación De Costas
Firme la sentencia que ordena la tasación, el juez o tribunal correspondiente dictará providencia pasando los autos al secretario (arts. 34 del Código de Aranceles Judiciales y 370 del Código de Procedimiento Civil[6]), quien realizará la tasación fundándose en el contenido de aquellos, pero excluyendo aquellas actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley (arts. 2 del Código de Aranceles Judiciales y 272 del Código de Procedimiento Civil)[7]. En la tasación se incluyen no solo las del proceso principal, sino también las ocasionadas al solicitante en los actos prejudiciales necesarios para intentar la demanda (arts. 36-37, 39-41, 44 del Código de Aranceles Judiciales).
Practicada la tasación, el secretario la pone en conocimiento de las partes o de sus apoderados, en su caso; si no se conformes con ella, estos podrán pedir revisión dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la notificación[8]. Este si es un plazo de horas, de modo que si, por ejemplo, el inconforme fue notificado de la tasación un lunes a las diez de la mañana, su derecho para pedir revisión caduca el miércoles a las diez de la mañana (arts. 34 del Código de Aranceles Judiciales[9] y XXVI del Títítulo Preliminar del Código Civil).
La revisión de la tasación debe interponerse ante el secretario que la practicó y no ante el juez[10], aunque cualquiera de los secretarios del despacho (si son varios) pueden poner el “presentado” en el escrito correspondiente, si no está presente el que la practicó (arts. 34 y 35 párr. 2º del Código de Aranceles Judiciales).[11]
Debe tenerse cuidado de expresar con claridad y precisión los puntos de la tasación de los que se pide revisión, pues los no objetados se tendrán por firmes, como se deduce contrario sensu del art. 34 del Código de Aranceles Judiciales in fine.
Recibida la solicitud de revisión de la tasación, el secretario la remitirá a su superior inmediato (juez o tribunal) en la siguiente audiencia. El superior, oyendo a las partes por tercero día, si se presentan, resolverá lo que crea conveniente (arts. 34 del Código de Aranceles Judiciales, 375 del Código de Procedimiento Civil).
Si el juez desecha la solicitud de revisión por considerarla improcedente, el solicitante debe apelar de esa resolución, alzada que se tramitará conforme las reglas de la apelación de incidentes.[12]
Dentro del día siguiente a la notificación de esta resolución, la parte inconforme puede interponerse a su vez recurso de revisión “para ante” el superior del que la dictó (art. 35 del Código de Aranceles Judiciales), es decir:
a.- La revisión de la tasación practicada por un secretario de juzgado local la resuelve el juez local, y el recurso de revisión se interpone ante ese mismo juez, y lo resuelve sin trámite el juez del Distrito;
b.- La revisión de la tasación practicada por un secretario de juzgado de Distrito la resuelve el juez del Distrito, y el recurso de revisión se interpone ante ese mismo juez, y lo resuelve sin trámite la sala de lo civil del tribunal de apelaciones.
c.- La revisión de la tasación practicada por el secretario de la sala de lo civil del tribunal de apelaciones la resuelve esa sala, y el recurso de revisión se interpone ante ella, pero lo resuelve sin trámite la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
d.- La revisión de la tasación hecha por el secretario de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia la resuelve sin trámite esa misma Sala, causando ejecutoria.
Si quien recurrió de revisión fue la parte que debe las costas, y la revisión es desestimada, la autoridad que revió en definitiva le impondrá un recargo de diez a veinticinco córdobas a favor del victorioso, sin juzga que aquel no tuvo motivos racionales para recurrir (art. 35 del Código de Aranceles Judiciales).
La expresión “sin trámite” significa que en este recurso de revisión se resuelve sin intervención ni audiencia a las partes.
Si el monto de las costas tasadas es igual o inferior a quinientos córdobas, la resolución del superior causa ejecutoria (es decir, no cabe contra ella ulterior recurso), y si pasa de esa suma conocerá en revisión y sin trámite la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, causando ejecutoria lo fallado (art. 35 del Código de Aranceles Judiciales).[13]
Cobro De Las Costas Fijadas
Firme la tasación de las costas, la parte puede pedir en cualquier momento se le libre certificación de la tasa para que sirva de ejecutoria (arts. 38 del Código de Aranceles Judiciales y 439 del Código de Procedimiento Civil).[14]
La ejecución se llevará a cabo conforme a los trámites ordenados para las diligencias de ejecución de sentencia previstos en los arts. 509 del Código de Procedimiento Civil y siguientes (arts. 38 del Código de Aranceles Judiciales y 380 del Código de Procedimiento Civil), no admitiéndose al ejecutado más excepciones que las de el pago[15], la transacción[16] y la prescripción, y para acreditarlas se le concederá al ejecutado un plazo improrrogable[17] de cuatro días, sin aumento extraordinario de ninguna clase.
Es de notar que la prescripción a que se refiere el art. 38 del Código de Aranceles Judiciales será la extintiva que corresponda a la obligación principal, y comienza a correr desde la fecha en que queda firme la tasación de las costas.[18]


[1] Art. 2109 del Código de Procedimiento Civil: “La parte que fuere vencida totalmente en un juicio o en un incidente será condenada al pago de las costas. Podrá con todo el Juez o Tribunal eximirla de ellas, cuando aparezca que ha tenido motivos racionales para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la sentencia. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo preceptuado especialmente en este Código”.
Sentencia de las 11:15 a.m. de 10 de febrero de 1930, B.J. pág. 7310, Cons. VI:Que en cuanto a la adhesión interpuesta por el doctor Emilio Espinosa R., al evacuar su traslado de contestación de agravios, para que se condene en costas del juicio al señor Stephens, alegando que éste no tuvo motivos racionales para litigar; es del caso observar que en el juicio de rendición de cuentas de que se trata, la condenatoria en costas no es de derecho contra ninguna de las partes, y que los motivos que el Juez o Tribunal tenga para relevar de ellas a cualquiera de los litigantes, solamente están sujetos a razones de equidad y de libre apreciación, y no pueden por consiguiente dar fundamento al recurso de casación. Arto. 2109Pr.
[2] Art. 3364 del Código Civil: “No existiendo estipulación previa, los mandatarios judiciales, recibirán los salarios que se fijen en el respectivo arancel, además de los gastos que se hagan en la causa. Si al tiempo de empezarse a ejercer el mandato no hubiere habido arancel vigente, se fijarán los honorarios por peritos; pero si al tiempo de empezarse a ejercer el mandato, rigiere un arancel, y después se muda, los honorarios se tasarán por el primero”.
[3] Consulta de 4 de junio de 1959, B.J. pág. 19717: “Consulta Ud. si la solicitud de tasación de costas debe ser notificada personalmente al que las debe, o a su apoderado, o si puede notificarse por cédula en la casa que sirvió en el juicio para oír notificaciones. Con las debidas instrucciones, manifiesto a Ud. que tal notificación debe hacerse a quien venían haciéndole las notificaciones en el juicio; es decir, al apoderado, si la parte llevaba el juicio por apoderado; a la propia parte, si lo llevaba por sí, y en ambos casos puede dejarse cédula en la casa señalada para notificaciones si la había señalado legalmente (art. 374 Pr., reformado por la Ley de 8 de Julio de 1912)”.
[4] Art. 2117 del Código de Procedimiento Civil:Los honorarios de los Abogados serán satisfechos por las partes en la clase de moneda que haya sido objeto de la demanda. Si lo reclamado fuese un bien raíz o mueble, el honorario se pagará en la moneda en que fue estimado el objeto de la demanda. Si no se determinó moneda, se pagará el honorario en la mejor calidad de las nacionales. Al tasarse los honorarios de los Abogados y Procuradores se tomará en cuenta no sólo los puntos de derecho de los escritos y alegatos, sino también la importancia del asunto, los razonamientos que dichos escritos contengan, y en fin, la labor intelectual o material del Abogado o Procurador. Con presencia de todos estos datos se fijarán los honorarios. Cuando la parte en persona ha seguido el juicio tendrá derecho a que se le reconozcan los mismos honorarios que habría devengado un Abogado. Los representantes ad litem de menores, ausentes o incapacitados, ganarán los mismos honorarios que Abogados y Procuradores”.
Art. 3 Ley Monetaria, Decreto-Ley Nº 1 de 6 de enero de 1992, La Gaceta Nº 2 de 7 de enero de 1992:Los precios, impuestos, tasas, tarifas, honorarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deban ser pagados, cobrados o ejecutados en la República de Nicaragua, se expresarán y liquidarán exclusivamente en Córdobas. Toda cláusula calificativa o restrictiva, que imponga pagos en plata u oro metálico, monedas o divisas extranjeras o cualquier unidad monetaria o medio de pago que no sea el Córdoba, será nula. No obstante, dicha nulidad no invalidará los actos o contratos definitivamente ejecutados o cumplidos, ni la obligación, cuando ésta pueda interpretarse en términos de la unidad monetaria nacional, caso en el cual se liquidarán las respectivas obligaciones en Córdobas, efectuando la conversión sobre la base del tipo de cambio legal o precio correspondiente al momento del pago”.
[5] Consulta de 2 de diciembre de 1963, B.J. pág. 625: “He recibido su consulta de 26 de noviembre recien pasado que dice: ‘Qué estándose en el caso del art. 35 del Código de Aranceles Judiciales..., ¿debe tramitarse como apelación de sentencia dictada en incidente o como sentencia definitiva?’... El trámite de la apelación es el prescrito en el Art. 2035 del Código de Procedimiento Civil y siguientes”.
[6] Sentencia de las 12:00 m. de 30 de julio de 1920, B.J. pág. 2986: “Que al preceptuar el art. 370 Pr. que el Secretario del Juez o tribunal haga las tasaciones de costas de su respectiva instancia, claramente define su jurisdicción, de modo que, ni aun por voluntad de las partes puede ser ella alterada, ya que según los cánones de nuestra ley procesal es condición indispensable para el establecimiento de la prórroga de dicha jurisdicción que los jueces pertenezcan al mismo grado; lo cual no es obstáculo para que los peticionarios y demás interesados en el juicio, nombren a la persona que a bien tengan como árbitro con ajustamiento a las leyes de la materia (arts. 961, 965 y 967 Pr.)”.
[7] Sentencia de las 10:00 a.m. de 13 de marzo de 1914, B.J. pág. 440: “I. No juzga conveniente esta Corte Suprema entrar al examen de los puntos que enumera el escrito del doctor Barrios en cuanto pretende atacar los fundamentos de la sentencia, porque dictada ésta en forma definitiva, no es admisible ninguna alegación que tenga en mira desvirtuarla. (Artículo 451 Pr.). II. En lo tocante a la parte petitoria, esto es, a la reforma en cuanto a intereses y costas que se mandaron pagar en la sentencia de segunda instancia, y en lo referente a las costas causadas ante el Tribunal Supremo, estima éste: que en cuanto a lo primero, la articulación es ilegal, y que en cuanto a lo segundo no es atendible. El artículo 2077 Pr. no concede a las partes ningún recurso contra las sentencias definitivas dictadas por esta Corte Suprema, por manera que habiéndose decidido que no se casa la sentencia de 2º grado, tal resolución dejó firme la recurrida tomando el carácter de cosa juzgada, al tenor de los artículos 437 y 438 Pr., consideraciones que obligan a este Tribunal Supremo a aplicar al apoderado del señor Pastora la primera parte del artículo 53 Pr.
[8] Sentencia de las 11:15 a.m. de 6 de octubre de 1945, B.J. pág. 13029: “Que el Doctor Castellón fundó su solicitud de revisión en estos dos motivos: 1º porque algunos de sus representados, los señores Inés, Marta, Mercedes, Irene, Roberto y Jorge López y doña Dora Argüello de Alvarez fueron perdonados de esas costas por la actora, en virtud de arreglo extrajudicial que celebraron el 5 de Agosto de 1942 en el que consta el pago que hicieron de la suma de 2561.45 oro, que era lo que les correspondía pagar proporcionalmente en el legado reclamado, por lo que, deberá deducirse esta cantidad a los 6000.00 dólares, para apreciar la agencia sobre el saldo... El Supremo Tribunal observa; que respecto al primer punto no cabe la revisión, por que el motivo alegado hubiere sido pertinente para negar el derecho de la señora Robín a reclamar costos a los herederos nominados, lo que no se hizo en el tiempo oportuno que fué cuando se notificó la solicitud de tasación; y también puede ser causa para que los interesados hagan uso de otras acciones, en su oportunidad; pero no para pedir la revisión, acto en que el Tribunal solamente tiene la facultad de examinar si las partidas están o no ajustadas a la ley de aranceles...”
[9] “... pasado ese término en silencio la tasación se tendrá por firme...”
[10] Consulta de 29 de septiembre de 1917, B.J. págs. 1681 y 1713: “El recurso de revisión debe interponerse ante quien practicó la tasación, pero si fue interpuesto simultáneamente ante el secretario y el juez está correcto, porque la interposición que se hizo ante éste no vicia la hecha ante aquel”. Es decir, se aplica la regla utile per inutile non vitiatur, pero contrario sensu, si se interpone solo ante el juez, el recurso de revisión estará mal interpuesto.
[11] Aun antes de la vigencia de esta disposición legal, la Corte Suprema de Justicia se inclinaba en este mismo sentido: Sentencia de las 12:00 m. de 12 de marzo de 1921, B.J. pág. 3238, Cons I: “Que en el presente caso el Juez declaró improcedente el recurso de revisión del señor Barillas, por decir que no fue intentado ante el Secretario que practicó la tasación de las costas sino ante el otro del mismo despacho. El Supremo Tribunal observa: que dicho escrito de revisión no fue dirigido determinadamente al Secretario que se indica. No es culpa del interesado que el Secretario que practicó la tasación pedida no ponga la constancia de presentación al pie del escrito. La obligación del propio interesado está en pedir la revisión a la Secretaría en el término señalado por la ley, como así se hizo; y la constancia referida, puesta por cualquiera de los Secretarios es válida, aun cuando uno de éstos no sea el que hizo la tasa. La Corte Suprema admite esta doctrina, para evitar la irregularidad posible que podría venir contra los derechos del recurrente, si el Secretario tasador voluntariamente se ausentase del despacho cuando el interesado interpone la revisión mencionada. En consecuencia de lo dicho no es legal el motivo apuntado por el Juez para negar la entrada al recurso de revisión; debió, por el contrario, conocer de él y resolver de conformidad con la ley”.
[12] Consulta de 2 de diciembre de 1963, B.J. pág. 625: “He recibido su consulta de 26 de noviembre recien pasado que dice: ‘Qué estándose en el caso del art. 35 CAJ, verificada la tasación por la secretaría, y pedida la revisión ante el juzgado, al desechar este funcionario el recurso de revisión, ¿cabe contra esta resolución el recurso de apelación? Si cabe esta apelación, ¿debe tramitarse como apelación de sentencia dictada en incidente o como sentencia definitiva?’ En el caso que el juez de Distrito declare por alguna razón improcedente el recurso de revisión admitido por el secretario que tasó las costas, cabe el recurso para el sólo efecto de que el superior respectivo confirme o revoque la resolución del juez. Si la revoca, es decir, si declara admisible la revisión, se continuarán los procedimentos que establece el Art. 35 del C.A.J. El trámite de la apelación es el prescrita en el Art. 2035 Pr.”.
[13] Sentencia de las 11:00 a.m. de 20 de agosto de 1959, B.J. pág. 19573: “Que con fundamento a lo preceptivamente establece el artículo 35 del Código de Aranceles Judiciales, prescribir, entre otras cosas, que de lo resuelto por el juez que revé la tasación que practicó el secretario, se concederá ‘el recurso de revisión para ante el superior respectivo’, y lo resuelto por éste sin trámite, causará ejecutoria, si la tasación no pasare de quinientos córdobas; pero ‘si pasare de esta suma, conocerá esa revsión, y sin trámite la Corte Suprema de Justicia’ cuyo fallo causará también ejecutoria; resulta evidente que en el caso sub-judice, el Tribunal Supremo carece de competencia para conocer del recurso de revisión de que se ha hablado, desde luego que habiéndose practicado la revisión recurrida por el señor juez del Distrito de Jinotega, que revisó la practicada por su secretario, la revisión solicitada contra esta es para ante la Honorable sala de lo Civil de la Corte de Apelaciones de Matagalpa, que es ‘el respectivo superior’ del señor juez civil del Distrito de Jinotega, y a quien, por consiguiente, es al que le correspondía la facultad exclusiva de conocer de ese negocio; y no a la Corte Suprema de Justicia que solo tiene, e materria de revisión de costas, competencia para rever las que hubiere revisado la Hon. Sala del ramo de la respectiva Corte de Apelaciones, si la tasación subiere de quinientos córdobas. Así las cosas, es evidente queel recurso de que se ha venido hablando, es inadmisible, en el caso de autos”.
Sentencia de las 10:30 a.m. de 6 de febrero de 1960, B.J. pág. 19284: Es improcedente el recurso de revsión admitido para ante la Corte Suprema por el juez que revisó la tasación de costas hechas por el secretario, ya que tal recurso debe ser para ante la sala (de Apelaciones). Arto. 35 del Código de Aranceles Judiciales.
[14] Consulta de 12 de marzo de 1943, B.J. pág. 11981: “Si la tasación no es recurrida, es el secretario y no el juez quien libra la certificación”. Contrario sensu, si la tasación ha sido recurrida, la certificación debe librarla el juez.
[15] Arts. 2006 y 2007 del Código Civil.
[16] Arts. 2176 y 2193 del Código Civil.
[17] Art. 164 párr. 1º del Código de Procedimiento Civil: “Serán prorrogables los términos cuya prórroga no esté expresamente prohibida por la ley...”.
[18] Sentencia de las 12:00 m. de 4 de octubre de 1929, B.J. pág. 7175, Cons. II: “Por lo demás debe observarse: que, sin necesidad de ocurrir a la aplicación del Arto. 923 C., es preciso desechar la excepción de prescripción opuesta por los demandados. Las costas u honorarios que prescriben en dos años, conforme el Arto. 908 C., son los que el cliente debe a su abogado, notario, procurador etc., por los servicios prestados. Los que debe cobrar el vencedor al vencido, constituyen un mero accesorio del crédito principal, y prescriben en el término que a éste corresponda. Efectivamente, si constituye un mero accesorio del crédito principal, cualquiera indemnización, en cuanto representa una consecuencia del incumplimiento de una obligación, de igual manera debe conceptuarse la indemnización que se debe por costas u honorarios, que son una consecuencia directa de la perdida del pleito”.