domingo, 2 de diciembre de 2007

LA CASACIÓN CIVIL


Aníbal Arturo Ruiz Armijo


Presentación

Este documento es la primera sección de un libro que tengo en preparación y que espero poder publicar en el año 2008, y que lleva (tentativamente) el título de INTRODUCCIÓN A LA CASACIÓN CIVIL NICARAGÜENSE.

La obra en cuestión constará de siete partes:

En la primera, que es la que estoy poninedo a su disposición, toco algunos aspectos doctrinales relativos a la fundamentación de la existencia de la casación, en especial sobre su lugar dentro del sistema procesal nicaragüense y su finalidad político-constitucional.

He creído necesario abordar de previo éste tema por cuanto no se trata de aspectos meramente teóricos: la comprensión por los recurrentes acerca de los fines muy particulares de la casación, constituye una guía general para la articulación de los recursos concretos.

En las partes segunda, tercera, cuarta y quinta, desarrollaré el contenido, requisitos y casos de procedencia de diversos los motivos de casación en la forma y en el fondo, y de los atinentes a la casación de laudos arbitrales y en ejecución de sentencias, elementos que en la práctica de la casación suelen causar las mayores dificultades a los abogados litigantes. Intentaré dar a estos temas un tratamiento sistemático, que permita una mejor comprensión del abundante material doctrinario y jurisprudencial involucrado en el estudio de estas cuestiones.

La parte sexta trataré los aspectos directamente procesales, la mecánica del recurso, por decirlo así, procurando exponer los diversos momentos o fases del recurso en un orden lógico, enfatizando en los dos aspectos que, a mi juicio, son los más importantes: la interposición del recurso y la expresión de los agravios.

Finalmente, la séptima parte de este trabajo abordaré la interposición del recurso de casación por la vía del de hecho, figura procesal cuya importancia no puede minimizarse, ya que si no se articula debidamente, el derecho a recurso de los justiciables queda convertido en una garantía ilusoria.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

Cn. Constitución Política

C. Código Civil

Pr. Código de Procedimiento Civil

Pn. Código Penal

CPP Código Procesal Penal

Tít. Prel. C. Título Preliminar del Código Civil

LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial

RLOPJ Reglamento de la Ley Orgánica del Poder judicial

LCJ Ley de Carrera Judicial

CAJ Código de Aranceles Judiciales


LA CASACIÓN CIVIL

Aníbal Arturo Ruiz Armijo


1.- Concepto, objeto y fines del recurso de casación

1.1.- Instancias judiciales en el Derecho Procesal nicaragüense

Para entender mejor el papel y lugar del recurso de casación en el sistema de medios de impugnación de resoluciones judiciales previstos en el sistema procesal nicaragüense, debe partirse de la consideración de que en éste sólo existen dos instancias[i].

Couture explica que se denomina “instancia”, en un sentido técnico restringido, a cada una de las etapas o grados en las que se desenvuelve el proceso, apoyándose este desenvolvimiento en un orden lógico que se funda en el principio de preclusión procesal, e indica que la relación entre proceso e instancia es la que existe entre el todo y la parte, siendo el proceso el todo y la instancia un fragmento del proceso[ii].

El grado o etapa inicial de todo proceso consiste en una primera instancia plena, que va desde la interposición de la demanda hasta que se dicta la sentencia definitiva resolviendo las pretensiones y defensas de las partes[iii]. En esta etapa las partes tienen amplias facultades para ejercer sus acciones y excepciones, y para alegar y probar sus alegatos. Concluye normalmente con una sentencia definitiva, aunque también puede finalizar con una sentencia interlocutoria “con fuerza de definitiva”.

Si la sentencia de primera instancia es apelada, se abre la segunda instancia, que inicia con la interposición del recurso de apelación y concluye normalmente con la sentencia del ad quem que anula, revoca, modifica o confirma la sentencia de primera instancia. Es una segunda instancia limitada, pues en ella el actor no puede intentar nuevas acciones ni ampliar las promovidas en primera instancia, aunque extraordinariamente se permite al reo intentar nuevas defensas, y únicamente de forma excepcional se permite a las partes presentar nuevas pruebas[iv].

Con la sentencia de segunda instancia (llamada también “de alzada”) concluye propiamente el debate entre las partes, y contra ella sólo cabe el recurso de casación, pero éste únicamente se admite por los motivos expresamente permitidos por la ley[v], pero como en casación se omiten, en principio, los procedimientos para la investigación de la causa, limitándose a trámites de mero Derecho, con las restricciones establecidas por la ley, se deduce que la casación no constituye una tercera instancia[vi].

El propósito de la casación es tan solo determinar si la sentencia de segunda instancia recurrida se dictó o no en contravención del ordenamiento jurídico positivo sustantivo y adjetivo, la protección y aseguramiento del cual, como veremos más adelante, es la principal finalidad del recurso de casación[vii].

Para el cumplimiento de ese propósito, el Código de Procedimiento Civil nicaragüense regula cuatro clases de recurso de casación: casación en el fondo[viii], casación en la forma[ix], casación contra laudos arbitrales[x] y casación en diligencias de ejecución de sentencias[xi].

Adicionalmente se regula la casación en interés de la ley[xii], aunque, como veremos infra, éste no es un recurso propiamente hablando, sino tan solo un medio técnico para purgar o eliminar del ordenamiento jurídico las sentencias de grado que, a pesar de no estar apegadas a Derecho, no fueron recurridas de casación por las partes.

1.2.- Elementos del instituto de la casación

Calamandrei explica que el complejo instituto jurídico llamado “casación” está compuesto por la unión de dos institutos que recíprocamente se compenetran e integran: uno de ellos perteneciente al campo del Derecho Procesal (el recurso de casación) y el otro al ordenamiento judicial-político (el tribunal de casación).

Según De La Rúa, la casación “es un instituto procesal, un medio acordado por la ley para impugnar en ciertos casos y bajo ciertos presupuestos las sentencias de los tribunales de juicio, limitadamente a la cuestión jurídica[xiii]. El mismo autor mantiene un concepto similar en otra de sus obras, en la que sostiene que la casación es un “medio de impugnación por el cual, por motivos de Derecho específicamente previstos en la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva, o la anulación de las sentencias, y una nueva decisión con o sin reenvío a nuevo juicio[xiv].

El recurso de casación es pues, un medio extraordinario previsto por el Derecho Procesal para la impugnación de resoluciones judiciales, por el que se pide al tribunal superior de la jerarquía jurisdiccional (llamado justamente “tribunal de casación”) que “case”[xv] una sentencia de segundo grado, porque en ella el tribunal a quo ha infraccionado alguna norma jurídica material (error in iudicando) o ha quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio (error in procedendo), lo que ha producido indefensión al recurrente.

El objeto sobre el que recae el recurso de casación no es entonces la pretensión que el actor planteó ante el juez de primera instancia, ni las defensas que articuló el demandado, sino la adecuación de la sentencia de segundo grado al Derecho vigente: lo que se revisa por el tribunal de casación es el mérito del “juicio” (es decir, de la decisión) emitido por el tribunal de alzada sobre el asunto litigado, antes que el mérito del asunto en sí mismo.

Sólo en caso que la sentencia de instancia sea “casada” en cuanto al fondo puede el tribunal de casación ocuparse de las pretensiones materiales de las partes, porque en casación no se trata de volver a juzgar el asunto ya debatido ampliamente en las dos instancias, sino, como ya se dijo, de juzgar la actividad enjuiciadora del tribunal a quo[xvi].

En Nicaragua, por imperativo constitucional y legal, es tribunal de casación en materia civil (y mercantil) la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia[xvii], órgano al que se ha atribuido la función judicial-política de ejercer el control jurídico de la legalidad de las sentencias dictadas por los tribunales de instancia, en los casos taxativamente previstos en el ordenamiento procesal[xviii].

Es por las razones expuestas que Escobar Fornos[xix], considera que en el sistema procesal nicaragüense la casación presenta como rasgos distintivos su finalidad renovadora, y su carácter limitado, extraordinario y formalista.

La casación tiene un fin renovador porque al fiscalizar la actuación de los órganos de instancia, que aunque constreñido por causales (llamadas también “motivos” o “preceptos autorizantes”) taxativamente señaladas por la ley, le permite al casar en cuanto el fondo la sentencia de grado dictar el fallo que crea ajustado a Derecho.

Sin embargo, en su ejercicio de su función revisora el tribunal de casación está limitado a las cuestiones jurídicas, pues carece de facultades para censurar los hechos alegados y probados ante los órganos inferiores, pues, como ya se explicó ut supra, la casación no es una instancia[xx], y como consecuencia, la apreciación de los hechos corresponde en principio a los órganos jurisdiccionales de instancia, salvo error de hecho o de Derecho en la apreciación de la prueba, únicos que pueden ser denunciados en casación[xxi].

El recurso de casación tiene además un carácter extraordinario, por cuanto debe fundarse en causales o motivos taxativamente establecidos en la ley[xxii], limitarse a lo que fue la materia de debate en las instancias[xxiii], sólo puede ser usado cuando se agotan previamente los recursos ordinarios[xxiv]; además, el tribunal de casación solo puede conocer de los puntos que sean alegados al cobijo de las causales legales[xxv].

Según Alsina, el carácter extraordinario del recurso se funda que en que se considera que los intereses de los litigantes están suficientemente protegidos en las instancias inferiores[xxvi].

Finalmente, y éste es un rasgo muy importante y frecuentemente olvidado en la práctica, en casación los escritos de interposición del recurso y de expresión de agravios deben reunir estrictos requisitos formales, como lo reconoce en innumerables sentencias la Corte Suprema de Justicia[xxvii]. Esta exigencia de rigurosa formalidad implica que para ejercer en casación, el abogado necesita tener amplio conocimiento y experiencia no sólo acerca de la técnica propia del recurso de casación, sino también acerca todo el Derecho Privado.

2.- Fines políticos del recurso de casación

2.1.- Papel del tribunal de casación como contralor de la actividad de los órganos inferiores

Al menos por lo que se refiere al Derecho Privado, la doctrina predominante está de acuerdo en considerar como destinatarios de las normas jurídicas materiales a los particulares; de esto se sigue que, si los preceptos jurídicos concretos que nacen de las normas de Derecho Privado se dirigen inmediatamente a los habitantes del territorio del Estado[xxviii], éste, para llevar a cabo su función de control de la observancia de la ley, debe controlar directamente la adecuación a la ley de la conducta de los particulares, que son sus destinatarios.

Para lograrlo, el Estado ha desarrollado una forma especial de control jurídico denominada “jurisdicción civil”, a través de la cual trata de comprobar si en materia civil (y mercantil, por supuesto) los particulares han ajustado su conducta a lo preceptuado por la norma, y en caso negativo, aplicar la coacción sobre los transgresores para forzar su cumplimiento.

De lo dicho se deduce que el objeto inmediato de la actividad jurisdiccional del Estado, aun en materia civil, no es la defensa de los derechos subjetivos de los particulares, sino la realización efectiva del Derecho objetivo, una vez que éste se ha particularizado en relaciones jurídicas privadas concretas.

Así considerada, la actividad de control jurisdiccional viene a ser una necesaria continuación de la actividad legislativa, pues las normas jurídicas dictadas por el Legislativo se quedarían en el reino de lo ilusorio si el Estado no se ocupase también de contrastar continuamente la regla abstracta de conducta ordenada en la norma positiva con la conducta concreta de los destinatarios de esa norma, y de protegerse contra la mala voluntad o la inercia de los particulares a quienes dirige sus imperativos.

Sin embargo, con esto no se agota la función de control jurídico del Estado, pues no todas las normas jurídicas que establece están dirigidas a regular la conducta de los particulares.

En un Estado de Derecho, en la Constitución existen numerosas y precisas normas jurídicas mediante las cuales el Estado se fija a sí mismo los límites dentro de los que debe desenvolverse el ejercicio de sus potestades y atribuciones soberanas, las cuales son llevadas a la práctica por un sistema de órganos constituidos por personas físicas.

Por esto, el Estado también ejercita el control jurídico sobre sus propios órganos, con la finalidad de constatar si su actividad se desarrolla de conformidad a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, y si la conducta de las personas físicas que representan a esos órganos se corresponde a las reglas de conducta prescritas a los funcionarios públicos.

Esto lleva a la conclusión que los órganos de control jurídico están divididos en dos categorías: órganos destinados a controlar la legalidad de la conducta de los particulares, y órganos destinados a controlar la legalidad de la conducta de los órganos del Estado (“fenómeno del control sobre el control”).

Relacionando lo expuesto con la actividad de los órganos jurisdiccionales, se observa que los órganos judiciales instituidos por el Estado para controlar que la conducta de los ciudadanos se corresponda con las normas jurídicas de que son destinatarios (es decir, los juzgados y tribunales de instancia) están sometido su vez al examen de un órgano encargado de controlar si la actividad de control de la actividad de los particulares ejercida por los órganos inferiores se ha desarrollado en el ámbito de la constitucionalidad y la legalidad: ese órgano contralor es el tribunal de casación[xxix].

Consecuentemente con la doctrina expuesta, podemos observar que en el ordenamiento jurídico nicaragüense el instituto de la casación tiene tres finalidades principales, todas ellas de carácter político (es decir, público):

En primer lugar, una finalidad negativa: defender la ley sustantiva contra las sentencias de alzada que la infrinjan (función nomofiláquica[xxx]).

En segundo lugar, una finalidad positiva: uniformar la jurisprudencia[xxxi].

En tercer lugar, una función de garantía: vigilar la disciplina de la forma, de modo que no se vulnere a las partes su derecho de defensa en el proceso[xxxii].

Estos tres fines principales se complementan entre sí, y con ellos se pretende hacer cumplir los principios constitucionales de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley[xxxiii], la cual debe aplicarse a todos los habitantes de la República (nacionales y extranjeros) con el mismo alcance.

Para lograr estos fines públicos, el Estado utiliza en su provecho el interés del particular agraviado por una sentencia que cree injusta, para que éste provoque el examen del fallo por el tribunal de casación y éste constate si tal fallo se ajusta o no a Derecho, y de ser así revoque la sentencia ilegal. Por ello se dice que para el instituto de la casación la reparación de los agravios del recurrente es de interés secundario[xxxiv].

Esta doctrina ha sido expresamente adoptada por el tribunal de casación nicaragüense, según puede verse en la siguiente sentencia:

El recurso de casación, como institución del Derecho, tiene un triple fin bien caracterizado. Dos de ellos son de interés público, y el tercero, redunda en beneficio exclusivo de los litigantes. Los unos pueden llamarse principales y tienen preferencia sobre el último, ya que no se oculta que tanto la integridad de la ley y uniformidad de la jurisprudencia, que son las modalidades que encarna el primer grupo, como la del segundo que la constituye la disciplina de las formas, en pro de la más recta y acertada administración Judicial, tienen primacía sobre el interés particular, que representa hasta cierto punto el fin secundario, desde luego que aún cuando el objeto del recurso, o es el de enmendar exclusivamente las injusticias que se cometan; empero, después de llenado los fines sociales, persigue también un interés particular, porque la sentencia dictada en casación suple la del inferior que queda sin efecto o anulada y, en este sentido, también los litigantes obtienen provecho de la institución...[xxxv].

2.2.- Fundamento de la función nomofiláquica del tribunal de casación

La casación está instituida para mantener la exacta observancia de la ley, por cuanto tiende a impedir que los órganos de instancia se valgan del poder de juzgar que les delega el Estado, sustrayéndose al imperativo de fallar de conformidad a la Constitución y las leyes, y que es la condición sine qua non del ejercicio de dicho poder.

Desde ese punto de vista, el tribunal de casación está en el deber de velar porque se reafirme la autoridad de la ley frente al poder del juez, y cumple este deber de modo exclusivamente negativo, quitando valor al fallo que el juez haya dictado saliéndose de los límites de su poder[xxxvi].

¿De que modo pueden los órganos de instancia infringir la ley sustantiva?[xxxvii]

Para comprenderlo, debe partirse de la consideración de que toda norma jurídica es un mandato abstracto e hipotético, en el sentido que no está dirigido a una persona determinada, sino a todos los que (con posterioridad a su entrada en vigencia[xxxviii]) puedan llegar a encontrarse en ciertas condiciones fácticas que la misma norma prevé (los llamados “supuestos de hecho”).

Mientras las circunstancias de hecho previstas hipotéticamente en la norma jurídica no se realizan en la actividad práctica de los sujetos de Derecho, es decir, mientras se mantenga hipotética y abstracta, ella no puede ser ni observada ni infringida, pues a pesar de que en abstracto la norma manda a todos, mientras el hecho específico que regula no se ha realizado en la vida social, no manda a nadie.

De lo dicho se infiere que la posibilidad de “observar la ley” o de infringirla nace de la realización práctica y concreta de las circunstancias de hecho previstas hipotética y abstractamente en la ley. Es al darse esta situación (la coincidencia del hecho específico legal con el hecho específico concreto) que del mandato indeterminado contenido en la norma nace un mandato determinado y preciso dirigido a obtener una cierta conducta de una persona individualmente definida (el destinatario de la norma).

Al darse esta situación, el destinatario de la norma puede optar por dos conductas: ajustar su actuación al mandato legal (“observar la norma”) o conducirse de manera distinta de lo preceptuado (“infringir la norma”).

Por ejemplo, el art. 2 de la Ley Reguladora de Préstamos Entre Particulares[xxxix] dispone que el interés anual máximo con que se pueden pactar los prestamos entre particulares, es la tasa de interés promedio ponderado que cobren los bancos comerciales autorizados en el país, en la fecha de contratación del préstamo. Si no concedo a alguien en concreto un préstamo con interés (que es la hipótesis fáctica de la norma) no estaré ni observando ni infringiendo la ley. Si concedo el préstamo sujetándome al interés maximo señalado en la norma, estaré observando la ley, y si lo hago sin sujetarme a ese máximo (superándolo), la estaré infringiendo.

Esto significa que, aun cuando se habla de observancia o infracción “de la ley” o “de la norma jurídica”, lo que en realidad resulta observada o infringida es la norma concreta que, aunque nace de la norma abstracta, no es idéntica a ella: la conducta del destinatario de la norma no puede negar ni aceptar la norma abstracta como tal, sino que sólo puede ajustarse u oponerse a la norma concreta que las circunstancias fácticas hacen en cada caso surgir de la verdadera ley general.

Ahora bien, aun cuando el órgano jurisdiccional no es el destinatario de las normas de Derecho Privado (sus destinatarios son los particulares), cuando deja de resolver el litigio conforme la norma positiva que regula las relaciones jurídicas semejantes a la ante él controvertida, está infringiendo su deber de resolver la causa de conformidad a lo dispuesto en la Constitución y las leyes[xl], y ésta inobservancia del judicial repercute indirectamente sobre la infracción cometida por el particular que no ajustó su conducta a lo ordenado por la norma, porque al no escoger como premisa de su fallo la disposición legal adecuada, viene a negar la sanción jurisdiccional a la conducta violatoria de la norma realizada por el particular, de modo que el imperativo legal queda definitivamente inobservado.

En esta situación, el órgano de instancia se estaría apartando de la ley, y su fallo se considera viciada por exceso de poder.

Precisamente la función nomofiláquica del tribunal de casación consiste en mantener a los órganos de instancia dentro de la esfera de su atribución de resolver de conformidad a la Constitución y a las leyes, y para ello destruye los fallos que hayan pronunciado fuera de los límites de esa atribución[xli], pues, si como vimos, el juez debe subordinar sus fallos a la Constitución y las leyes, es obvio que la aplicación errada de estas no solo infringe la ley en sí misma considerada, sino también las garantías constitucionales de seguridad jurídica[xlii] y de igualdad ante la ley[xliii], desde luego que la primera quedaría automáticamente destruida si el Estado permite que sus jueces y tribunales de instancia pudieran resolver a su arbitrio las causas a ellos sometidas, y la segunda no existiría porque la ley ya no se aplicaría del mismo modo a todos sus destinatarios.

2.3.- Fundamento de la función uniformadora de la jurisprudencia del tribunal de casación

El tribunal de casación no se limita a la función negativa de destruir las sentencias de grado que infringen la ley, sino que además contribuye a disciplinar e integrar la interpretación exacta de las normas jurídicas dictadas por el Estado.

La finalidad de la uniformidad de la jurisprudencia[xliv] es el aspecto positivo de la función del tribunal de casación, en el sentido de que tiende a asegurar la unidad, igualdad y coherencia del Derecho objetivo, eliminando del sistema jurídico las diversas interpretaciones de una misma norma jurídica que surgen a causa de la existencia simultánea de varios órganos judiciales de un mismo grado[xlv].

Aunque la Constitución nicaragüense no lo dispone expresamente, la necesidad de la uniformidad de la jurisprudencia constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Procesal moderno, pues constituye tanto un remedio contra la arbitrariedad judicial (por exigir que el criterio sentado en los fallos de todos los jueces y tribunales sea el mismo en casos similares), como una garantía para el ciudadano que acude ante los órganos jurisdiccionales tenga la certeza de que la ley y los preceptos fundamentales del Derecho se aplican de un modo uniforme[xlvi], de manera que se logre la vigencia real de los preceptos constitucionales de seguridad jurídica e igualdad ante la ley.

La interpretación jurisprudencial dada por el tribunal de casación se toma como la única exacta[xlvii], y por ello se considera a las interpretaciones realizadas por los órganos inferiores y que se apartan de ella como violación, aplicación indebida o interpretación errónea, aun con independencia de que desde un punto de vista científico o doctrinal la tesis del tribunal de casación pueda parecer errónea o inexacta.

Sólo el tribunal de casación tiene el monopolio constitucional de enunciar la única interpretación judicial oficialmente conforme a la ley, y de hacer prevalecer su punto de vista al decidir los casos particulares que llegan a su conocimiento[xlviii].

Sobre éste particular, Alcalá-Zamora expresa:

Si cada juzgador interpretase el Derecho a su manera, y no hubiese posibilidad de aunar criterios, bien se comprende la Babel jurídica que ello originaría, dados los millares y aun millones de procesos que en Estados con población algo elevada se sustancian al cabo del año. Pues bien, es asimismo el proceso quien mediante la vía impugnativa y muy especialmente mediante el mecanismo de la casación quien asegura la indispensable unidad en la interpretación jurisdiccional, sin la cual el importántísimo principio de la igualdad ante la ley sería letra muerta o poco menos, ya que una misma norma sería A en Puebla, B en Guadalajara, C en Monterrey, etc., o incluso A, B, y C en una misma población con varios tribunales de igual grado[xlix].

En igual sentido se pronuncia Alsina:

La uniformidad en la aplicación de la ley es una consecuencia necesaria de la unidad de legislación. Al corresponder a los tribunales locales la apreciación de los hechos y la aplicación del Derecho, pueden estos, por la interpretación que hagan de los preceptos legales, llegar a conclusiones contradictorias, haciéndose indispensable, en consecuencia, la institución de un Tribunal superior encargado de mantener esa unidad[l].

Sin embargo, esta exigencia de unificación de la jurisprudencia no significa la inmovilidad del Derecho.

La uniformidad de la interpretación judicial se produce en el espacio (de manera que en un momento dado, la misma norma jurídica sea interpretada del mismo modo en todo el territorio del Estado) pero no necesariamente será una uniformidad en el tiempo, pues no puede excluirse la evolución jurisprudencial del Derecho, es decir, la posibilidad de sustituir la vieja interpretación por una nueva, más adecuada al espíritu de la época, siempre que se haga de manera uniforme para todo el Estado[li].

Véase este ejemplo de cambio en la jurisprudencia nacional:

CONSIDERANDO: Que ciertamente la jurisprudencia de esta Corte Suprema anterior al año 1954 mantenía la tesis de que era improcedente el recurso de casación contra las sentencias dictadas en consulta en los juicios de divorcio, cualquiera que sea su resolución; sin embargo, a partir del año citado se ha establecido la jurisprudencia (véase sentencias visibles a páginas 17215 y 19269) de que el artículo 181 C.[lii] se refiere a la sentencia dictada en revisión que declara disuelto el vínculo matrimonial, y la cual no admite ulterior recurso, por razón de que la sentencia de primera instancia llega en consulta cuando las dos partes se han conformado con la que también decretó la disolución del vínculo; y que no ocurre lo mismo cuando la Sala revoca la sentencia del juzgado y declara sin lugar el divorcio, pues en ese caso no tiene cabida la citada disposición legal, que se refiere sólo a las sentencias confirmatorias de disolución del matrimonio, a las cuales únicamente se aplica la parte final que ordena la inscripción, anotación y publicación de dichas sentencias. En el caso de autos, como ya se dijo, la sentencia de primera instancia decretó la disolución del vínculo matrimonial y las partes se conformaron con ella, por lo cual fue enviada en consulta y la Sala la revocó; en consecuencia, aplicando la doctrina citada, es procedente el recurso de casación interpuesto por el actor”.[liii]

A lo dicho se suma la no menos importante función didáctica de la jurisprudencia, y su aporte al progreso legislativo, pues al promover el conocimiento exacto de la norma jurídica positiva, presenta al legislador los errores, inexactitudes legales o necesidades normativas que exige el tráfico jurídico[liv].

A pesar de lo dicho, no puede obviarse que la unificación de la interpretación jurisdiccional que realiza el tribunal de casación plantea un serio conflicto con la independencia interna de los jueces y tribunales de instancia[lv].

Alcalá-Zamora resalta el delicadísimo problema que este punto plantea:

Si el juez sólo está sometido a la ley y a su conciencia, nada le obliga a acatar la jurisprudencia suprema, y para alcanzar ésta, si aquel se aparta de ella, habrá que acudir a la vía impugnativa; si, por el contrario, ha de fallar según las pautas del tribunal de casación, su independencia quedará cercenada y, además, se correrá el riesgo de una paulatina deformación y aun sustitución de la voluntad legislativa por la voluntad jurisprudencial[lvi].

El riesgo de la sustitución de la voluntad legislativa por la jurisprudencial aumenta al haber innovado el legislador nicaragüense un precepto que hace obligatorio para jueces y magistrados de instancia “resolver de acuerdo a los fallos judiciales precedentes”, que únicamente podrían abandonar “explicando detalladamente las razones que motiven el cambio de interpretación”[lvii].

Comentando una disposición similar de la legislación mexicana (el art. 194 de la Ley de Amparo de aquella nación), Alcalá-Zamora expresa que se trata de “una bomba arrojada sobre la independencia funcional de los jueces”[lviii].

2.4.- Fundamento de la función de vigilancia la disciplina de la forma del tribunal de casación

El recurso de casación en la forma sirve para verificar el control del cumplimiento de las normas procesales por el órgano jurisdiccional inferior, a fin de corregir los errores in procedendo que pudieran haberse cometido en la tramitación del proceso. Por tal motivo, la jurisprudencia nicaragüense lo considera una especie de incidente de nulidad[lix].

Como sabemos, el proceso consiste, en su manifestación externa, en una serie de actos humanos concatenados entre sí, que se coordinan y se suceden en el tiempo, y que se ejecutan con el propósito de producir una declaración jurisdiccional de certeza (la sentencia) acerca de cuál es la concreta voluntad de la ley, nacida por la verificación del hecho específico controvertido del Derecho objetivo[lx].

Ahora bien, como todas las actividades humanas están sujetas a error, bien puede suceder que la conducta de los sujetos procesales (las partes o el juez) no se realice según lo reglado por el Derecho Procesal, y que por tanto uno o más de los actos procesales sean ejecutados de modo distinto al dispuesto por la ley, o incluso que sean ejecutados contra la ley.

Cuando alguno de los sujetos procesales no ejecuta lo que la ley adjetiva le manda, o ejecuta lo que ésta le prohíbe, o simplemente actúa de manera distinta de lo que la ley prescribe, produce en el proceso una irregularidad: el denominado error in procedendo, llamado también “vicio de actividad” o “defecto de construcción de la relación procesal”.

La razón que ha tenido el legislador para conceder el recurso de casación por vicios de forma, radica en que las disposiciones legales que regulan el proceso tienen por objeto facilitar que las partes obtengan del órgano jurisdiccional una sentencia justa, y la inejecución de esas normas procesales podría repercutir en el contenido del fallo, es decir, sobre su justicia.

Pero ese efecto negativo es solo posible y no necesario, pues perfectamente puede ocurrir que a pesar de existir irregularidades procesales, estas no trasciendan a la sentencia y que ésta sea apegada a Derecho.

Calamandrei explica:

“... constituyen motivo de casación solo aquellos errores in procedendo que la ley determina singularmente: lo que... significa que no el simple hecho de la inejecución de cualquier precepto procesal da base para la casación, sino solo la inejecución que, según el legislador, tiene consecuencias particularmente graves sobre el proceso; de donde resulta que, mientras el motivo de casación existe, cuando se trate de errores in iudicando, por el solo hecho de que el juez haya errado en cuanto a la voluntad abstracta de la ley, cualquiera que sea el contenido de esta, en el caso de error in procedendo la impugnación no se da por la simple falta de coincidencia entre la conducta del juez y la conducta que la ley le prescribía, sino por la excepcional gravedad de las consecuencias que esta irregularidad produce, en casos taxativamente determinados, sobre la constitución o marcha del proceso. La profunda diferencia de criterio seguida por nuestra ley en los dos casos es evidente: en el recurso dado por error in iudicando se trata de defender la exacta interpretación de cualquier norma jurídica; en el recurso dado por error in procedendo se trata no de asegurar la ejecución de cualquier precepto procesal, puesto que la mayor parte de las inejecuciones de estos preceptos no dan lugar a casación, sino garantizar el desarrollo provechoso del proceso...”[lxi].

3.- Casación en interés de la ley

3.1.- Fundamento del recurso de casación en interés de la ley

El fundamento de la recurso de casación en interés de la ley consiste en que, como ya se explicó supra, la finalidad principal de la casación no es satisfacer el interés privado del agraviado sino el interés público (es decir, político) de la correcta aplicación de la ley por los jueces y la uniformidad de la jurisprudencia.

Ossorio nos dice que el recurso “para asegurar la unidad de la jurisprudencia, el que se admite que interponga el ministerio fiscal a tal objeto, cuando algún fallo establezca contradicción en la doctrina judicial. Aun cuando prospere, no altere la sentencia dictada entre partes cuando no hayan recurrido contra ella los particulares[lxii].

Calamandrei expone:

La finalidad que el Estado se propone alcanzar a través de la casación en interés de la ley tiene... desde un punto de vista más general... dos lados: un lado negativo (anulación del acto viciado por exceso de poder) y un lado positivo (afirmación para casos futuros de una exacta interpretación de la ley...)... Se ha observado a veces... que el Estado, que tiene interés directo tanto en la sentencia justa en su parte dispositiva (actuación del Derecho en concreto) cuanto en la sentencia correctamente motivada in iure (exacta interpretación del Derecho en abstracto), no persigue simultáneamente la obtención de estos dos fines, sino que a veces (recurso de casación en interés de la ley) renuncia a obrar para la realización del primero cuando los particulares permanezcan inertes, mientras para la realización del segundo obra oficialmente con órganos propios[lxiii].

En la única sentencia recaída en un recurso de casación en interés de la ley que logré encontrar, la Corte Suprema acoge esta tesis:

En virtud..., de la función pública de este recurso, la ley quiere, como dice De Falco, ‘la consideración de una persona moral que cuando ha sido vulnerada, tiene derecho a defenderse’. Tutelada de esta manera la integridad de la ley y de la jurisprudencia, que puede definirse diciendo que es la más pura expresión de la costumbre judicial, es lógico que exista un medio de salvaguarda que sea independiente del albedrío de las, partes, y tal necesidad ha originado el recurso de casación en interés de la ley, incluido en el Título XXXIV del Código de Procedimiento Civil, como un medio que se otorga a pesar de que los litigantes hayan consentido la sentencia de segundo grado, porque no teniendo en tal caso, el fallo dictado en casación virtualidad alguna para aquellos, sin embargo, la tiene en beneficio de la unidad de la jurisprudencia[lxiv].

3.2.- Procedimiento del recurso de casación al interés de la ley

El procedimiento de la casación en interés de la ley está regulado en los arts. 2100 a 2102 Pr.

Estos disponen que cuando la parte que tuviere interés en que se invalidare una resolución no recurriere de ella, el Procurador Civil, en cualquier momento que tenga conocimiento de la sentencia, interpondrá éste recurso, aunque no hubiere sido parte en el juicio, si cree que el fallo se ha dictado en contravención a la Constitución o las leyes; para la procedencia del recurso el Procurador Civil debe observar las mismas formalidades legales exigidas a las partes[lxv].

Llegado el proceso a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta dictará sin más trámite la sentencia que corresponde, dentro del término de veinte días, sin dar ninguna intervención a las partes que hubieren figurado en el juicio.

Como ya se dijo, el fallo que se pronuncia en el recurso en interés de la ley sólo sirve para formar jurisprudencia en la cuestión legal que ha sido objeto de la sentencia casada, y no altera la cosa juzgada recaída en el juicio inter partes.

3.3.- Crítica a la existencia del recurso de casación en interés de la ley

Dejando de lado la circunstancia de su prácticamente nula utilización por la Procuraduría Civil, único órgano facultado para hacer uso de ella, adherimos el criterio expresado por Alcalá-Zamora de que la casación en interés de ley “sólo sirve, las raras veces que se le emplea, para brindar e deplorante espectáculo jurídico de una sentencia injusta o errónea, aunque eficaz, burlándose de otra ajustada a Derecho, pero que deja en pie el entuerto proclamado... y respetado”[lxvi].

Creemos que es por esta razón que en materia procesal penal no se ha contemplado la casación en interés de la ley.

El mismo autor señala que la finalidad que se propone alcanzar el legislador con esta figura (es decir, proporcionar al tribunal de casación de un medio para sentar jurisprudencia acerca de cuestiones jurídicas que no lleguen a él por la vía normal del recurso de parte) puede lograrse por dos vías más racionales:

“... o bien la de declaraciones adoptadas de oficio, a manera de las tan conocidas circulares de la vida judicial española, o de estimarse conveniente el requerimiento del Ministerio Público, que éste acuda a la Corte de Casación planteándole el caso clínico desvinculado de un proceso concreto[lxvii].

NOTAS:

[i] Art. 34 num. 9 Cn.: “Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas:... 9) A recurrir ante un Tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito”.

Art. 20 párr. 2 LOPJ: “En todo proceso, cualquiera que sea la materia, sólo habrán dos instancias”.

[ii] Couture Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, págs. 169 y 170.

[iii] Sentencia de las 10:30 a.m. de 23 de enero de 1951, B.J. pág. 15431, Cons. I: “En la forma en que las partes han discutido sus pretensiones en este juicio, es legalmente cierto que lo que se entiende por instancia judicial, comprende las acciones y excepciones de la demanda y de la reconveción, que obligatoriamente tienen que decidirse en una sola sentencia...”

[iv] Sentencia de las 10:45 a.m. de 24 de octubre de 1995, B.J. pág. 123: “… en nuestro sistema legal, la primera instancia es preclusiva de alegatos y probanzas, y no pueden novarse las situaciones jurídicas creadas ante el Juez que conoció del juicio en 1ª instancia, en donde quedan definidas con toda claridad las partes que intervienen en el proceso, el objeto y la causa de pedir, que sientan las bases de la cosa juzgada”.

[v] Art. 505 Pr.: “Contra las sentencias definitivas y las interlocutorias que pongan término al juicio dictadas en segunda instancia, no se dará otro recurso que el de casación, cuando proceda de acuerdo a la ley...”.

Art. 2055 Pr.: “El recurso de casación se concede a las partes sólo de las sentencias definitivas o de las interlocutorias que pongan término al juicio, cuando aquellas o éstas no admitan otro recurso...”.

Art. 2066 Pr.: “El recurso de casación se interpondrá... expresando la causa o causas en que se funda... y no tendrá lugar en otros casos que los expresados en esta ley...”.

Art. 2078 nums. 3º y 4º Pr.: “Presentado el escrito por el recurrente de casación, el... Tribunal examinará si concurren las circunstancias siguientes: ... 3º Si se hace mención expresa o determinada de la causa en que se funda... 4º Si la causa es de las expresadas por la ley... Por falta de cualquiera de las circunstancias enumeradas anteriormente se negará el recurso de casación...”

[vi] Sentencia de las 11:30 a.m. de 27 de mayo de 1932, B.J. pág. 8026, Cons. III: “La Corte Suprema... no podría tolerar que se convierta en una tercera instancia el recurso de casación... Debe, pues, limitarse el Supremo Tribunal a hacer una crítica del fallo recurrido, haciendo abstracción de las pruebas que no figuraban en el proceso cuando ese fallo fue pronunciado por la Sala, y sin tomar en cuenta, por lo mismo, cualquier novedad en los hechos...”.

Sentencia de las 08:30 a.m. de 27 de septiembre de 1966, B.J. pág. 239, Cons. III: “ha sido jurisprudencia sostenida por este Supremo Tribunal, como puede verse, por ejemplo, en las páginas 20349 y siguientes del Boletín Judicial, que: ‘El recurso de casación no es una tercera instancia, es un recurso extraordinario. Tal carácter extraordinario o de excepción, que es esencia del recurso, explica las formalidades a que está sujeto el mismo por voluntad del legislador...”.

[vii] Sentencia de las 12:00 m. de 15 de abril de 1961, B.J. pág. 20375, Cons. I: “El recurso..., por su propia naturaleza y la trascendencia por demás circunscrita que la ley y la doctrina le señalan, no se contrae en modo alguno, como la primera y segunda instancia, a ‘resolver pleitos’, sino a juzgar sentencias. Un recurso de casación es, pues, un ataque a la sentencia contra la cual se interpone; una imputación de que con ella se han infringido la ley o quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio o ambas a la vez, por lo que el recurrente se empeña en combatirla, el recurrido la defiende y el órgano jurisdiccional o Tribunal de Casación decide. No es una tercera instancia, es solamente un recurso...”.

Sentencia de las 09:45 a.m. de 29 de mayo de 1967, B.J. pág. 90, Cons. I: “... la casación no viene a constituir una renovación del debate que quedó definitivamente cerrado con la citación para sentencia de segunda instancia, sino un examen de esta sentencia para comprobar su conformidad con la ley y con los hechos del juicio...”

Sentencia de las 10:35 a.m. de 29 de julio de 1976, pág. 156, Cons. Único: “... la casación no viene a constituir una renovación del debate que quedó definitivamente cerrado con la citación para sentencia de segunda instancia, sino un examen de esta sentencia para comprobar su conformidad con la ley y con los hechos del juicio... (B.J. 1967, pág. 90 Cons. I)”.

Sentencia de las 10:00 a.m. de 6 de febrero de 1990, B.J. pág. 24: “... la casación no constituye una instancia, su régimen procesal se subordina estrictamente a decidir sobre lo que ha sido materia de la litis, claramente expuesta por las partes en conflictos, a efecto de poder alcanzar una clara aplicación de las leyes o doctrinas en la resolución final y aprehender una idea que, en el fondo, preside todo el sistema de la casación...”.

[viii] Art. 2057 Pr.

[ix] Art. 2058 Pr.

[x] Art. 2059 Pr.

[xi] Art. 2060 Pr.

[xii] Art. 2100 Pr.

[xiii] De la Rúa, F. El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino. Editor Víctor P. De Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 20.

[xiv] De la Rúa, F. Teoría General del Proceso. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 187.

[xv] Casar: Del latín cassare, de cassus, vano, nulo; y del francés casser: Anular, abrogar, derogar, romper.

[xvi] Sentencia de las 10:30 a.m. de 5 de diciembre de 1949, B.J. pág. 14919, Cons. II: “Es principio inconcuso de que en la primera y segunda instancia se resuelven pleitos y de que en casación sólo se juzgan sentencias” (citada en Sentencia de las 12:00 m. de 20 de octubre de 1993, B.J. pág. 149).

[xvii] Art. 163 párr. 2 Cn.: “La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia...”.

Art. 164 inc. 2 Cn.: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:... 2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los tribunales de justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley...”.

Art. 31 LOPJ: “... para efectos jurisdiccionales, la Corte Suprema se divide en cuatro Salas: 1. Sala de lo Civil... Cada Sala estará formada por un número no menor de cinco magistrados electos anualmente de entre sus miembros en Corte Plena, con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Cada magistrado podrá integrar permanentemente hasta un máximo de dos Salas...”.

Art. 32 incs. 1 y 2 LOPJ: “Corresponde a la Sala de lo Civil: 1. Conocer el recurso de casación en asuntos civiles, agrarios, mercantiles y de familia. 2. Resolver en las mismas materias los recursos de hecho por inadmisión de la casación”.

[xviii] Calamandrei, P. La Casación Civil., Tomo 3, pág. 24.

[xix] Escobar Fornos, I. Introducción al Proceso. Editorial Hispamer, Managua, 1998, págs. 331 y 332.

[xx] Sentencia de las 11:30 a.m. de 30 de octubre de 1919, B.J. pág. 2587: “... la casación en el fondo por su carácter y finalidad, no constituye propiamente una instancia, sino simplemente una revisión de los juicios”.

Sentencia de las 12:00 m. de 20 de junio de 1958, B.J. pág. 19048, Cons. II: “... la mala escogencia de la acciónintentada por parte del actor, aún conceptuándola con no muy franco acierto, como generadora de una omisión de Derecho, y por consiguiente, susceptible de ser suplida, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1027 Pr., esa facultad no corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por no ser Tribunal de instancia...”.

Sentencia de las 11:40 a.m. de 16 de octubre de 1975, B.J. pág. 274, Cons. II: “La Corte Suprema... considera necesario... citar la doctrina que invariablemente ha mantenido la jurisprudencia nacional, acerca de la técnica a que debe sujetarse el recurso de casación; que como dice don Manuel de la Plaza... la casación, por ese rigor formal, limita extraordinariamente los poderes del organismo jurisdiccional y condiciona acuciosamente la actividad de las partes a su estricta observancia (Derecho Procesal Civil Español, Vol. I – pág. 675)”.

Sentencia de las 10:30 a.m. de 29 de noviembre de 1991, B.J. pág. 208, Cons. II: “... inobservancia del concepto que caracteriza la casación que por su rigor formal ‘de una parte limita extraordinariamente los poderes del organismo jurisdiccional; y de otra, condiciona acuciosamente la actividad de las partes’...”.

[xxi] Art. 2057 inc. 7º Pr.: “Es de casación en el fondo en los casos siguientes: 7º Cuando en la apreciación de la prueba haya habido error de Derecho o error de hecho...”.

[xxii] Art. 2066 párr. 1 Pr.: “El recurso de casación se interpondrá…, expresando la causa o causas en que se funda…”.

Art. 2078 inc. 4° Pr.: “Presentado el escrito por el recurrentede casación, el... Tribunal examinará si concurren las circunstancias siguientes: ... 4º Si la causa es de las expresadas por la ley; ...”.

[xxiii] Art. 2062 párr. 1 Pr.: “No podrán ser objeto del recurso de casación las cuestiones que no hubieren sido propuestas y debatidas por las partes con la oportunidad debida durante el curso del juicio”.

[xxiv] Art. 2055 Pr.: “El recurso de casación se concede a las partes sólo..., cuando aquellas o estas no admitan otro recurso...”.

[xxv] Art. 2055 Pr.

Arts. 143 inc. 2 LOPJ.: “Son deberes de los magistrados y jueces: ... 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, exceptuando el recurso extraordinario de casación en lo tocante a las causales invocadas por el recurrente y las normas encasilladas dentro del concepto lato de infracción, que no pueden ser suplidas”.

Art. 41 inc. 2 LCJ: “Son deberes de los funcionarios de Carrera Judicial, acuerdo con sus respectivas funciones: ... 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, exceptuando el recurso extraordinario de casación en lo tocante a las causales invocadas por el recurrente y las normas encasilladas dentro del concepto lato de infracción, que no pueden ser suplidas”.

[xxvi] Alsina, H. Juicio Ordinario. Editorial Jurídica Universitaria, México, 2003, pág. 311.

[xxvii] Sentencia de las 10:00 a.m. de 21 de abril de 1969, B.J. pág. 70, Cons. I: “El recurso extraordinario de casación, por su preeminente condición pública, es rigurosamente formal, rigor que condiciona la actividad de las partes, no sólo respecto de los medios para solicitar la revisión de las sentencias, sino en cuanto a la forma de su utilización...”.

Sentencia de las 11:40 a.m. de 16 de octubre de 1975, B.J. pág. 274, Cons. II: “La Corte Suprema... considera necesario... citar la doctrina que invariablemente ha mantenido la jurisprudencia nacional, acerca de la técnica a que debe sujetarse el recurso de casación; que como dice don Manuel de la Plaza, es de naturaleza eminentemente formalista y como tal tiene una órbita preestablecida, mediante normas precisas de imperativa observancia, con el objetivo principal de mantener la inviolabilidad de los preceptos legales;... (Derecho Procesal Civil Español, Vol. I, Pág. 675)...”.

Sentencia de las 10:45 a.m. de 25 de julio de 1994, B.J. pág. 120: “En un gran número de sentencias éste Supremo Tribunal ha emitido su opinión con respecto al Recurso de Casación... que debe reunir una serie de requisitos y formalidades que son necesarios para su procedencia o improcedencia”.

[xxviii] Sean estos nacionales o extranjeros (art. 27 Cn.).

[xxix] Calamandrei, P. Ob. cit., Tomo 3, págs. 24-25.

[xxx] NOMOFILAQUIA O NOMOFILAXIS: del griego nomos: gobierno, regla o ley, y filos: amor o afirmación: apego incondicional a la norma. La nomofilaquia alude a la finalidad de mantener la regularidad en la aplicación correcta de las normas, al margen de la justa decisión del caso.

Sentencia de las 10:45 a.m. de 26 de mayo de 1992, B.J. pág. 102: “La casación... opera dentro de una órbita preestablecida de imperativa observancia para mantener la inviolabilidad de los preceptos legales...”.

[xxxi] Sentencia de las 10:45 a.m. de 26 de mayo de 1992, B.J. pág. 102: “La casación... opera dentro de una órbita preestablecida de imperativa observancia para mantener... la uniformidad de la doctrina”.

[xxxii] Art. 34 num. 4 Cn.: “Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: ... 4) A que se garantice su intervención y defensa desde el incio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa...”.

Sentencia de las 10:30 a.m. de 4 de octubre de 1947, B.J. pág. 14057: “El recurso de casación, como institución del Derecho, tiene un triple fin bien caracterizado. Dos de ellos son de interés público... la del segundo... la constituye la disciplina de las formas, en pro de la más recta y acertada administración Judicial”.

[xxxiii] Art. 27 párr. 1 Cn.: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección...”.

Art. 165 Cn.: “Los Magistrados y Jueces, en su actividad judicial... se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa...”.

[xxxiv] Sentencia de las 10:00 a.m. de 7 de noviembre de 1913, B.J. pág. 313, Cons. I: “Este Tribunal Supremo, de conformidad con el espíritu de la casación, se ve en el caso de examinar el mérito y fundamento legal en que descansa el recurso interpuesto, reparando las violaciones o infracciones cometidas, con el fin de mantener la ley y la jurisprudencia en sus justos límites, haciendo prescindencia de las transacciones respecto de las cuales pretendan los interesados que formen parte de la sentencia definitiva de casación”.

Sentencia de las 11:30 a.m. de 27 de mayo de 1932, B.J. pág. 8026, Cons. III: “... el recurso de casación... sólo ha sido instituido para ‘hacer que la ley no caiga en desuso ni se quebrante ni deje de aplicarse rectamente, y domine siempre el interés público, si bien se aprovechen de su beneficio los particulares que lo entablen...’”.

[xxxv] Sentencia de las 10:30 a.m. de 4 de octubre de 1947, B.J. pág. 14057

[xxxvi] Calamandrei, P. Ob. cit., Tomo 3, págs. 85-86.

[xxxvii] Lo que sigue es un resumen de la doctrina expuesta por Calamandrei (Ob. cit., Tomo 3, págs. 86 y siguientes).

[xxxviii] Art. 38 Cn.: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo”.

Art. IV Tít. Prel. C.: “La ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”.

[xxxix] Ley N° 176 de 3 de junio de 1994, publicada en La Gaceta N° 112 de 16 de junio de 1994 y reformada por Ley N° 374 de 5 de abril de 2001, publicada en La Gaceta N° 70 de 16 de abril del 2001.

[xl] Art. 165 Cn.: “Los magistrados y jueces, en su actividad judicial, son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley;...”.

Art. 8 párr. 1 LOPJ: “Los magistrados y jueces, en su actividad jurisdiccional, son independientes en todas sus actuaciones y sólo deben obedienciaa la Constitución Política a la ley...”.

Art. 34 párr. 1 LCJ: “Los juces y magistrados no se encuentran sometidos a ninguna autoridad en el ejercicio de su jurisdicción, y actuarán conforme lo dispuesto en la Constitución y las leyes...”.

[xli] Calamandrei, P. Ob. cit., Tomo 3, pág. 52.

[xlii] Art. 25 num. 2 Cn.: “Toda persona tiene derecho: ... 2) A su seguridad...”.

[xliii] Art. 27 Cn.: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección...”.

[xliv] “DOCTRINA LEGAL: En términos amplios, tanto como la jurisprudencia. Más concretamente la del Tribunal Supremo...” (Cabanellas, G. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, pág. 735).

“JURISPRUDENCIA:.. la interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una nación establece de los asuntos que conoce. La práctica judicial constante... el hábito práctico... la interpretación que ordinariamente da los tribunales a la ley... que a diferencia de la doctrina casi siempre tiene efectos legales... Es tradición y herencia que los tribunales, especialmente los colegiados y supremos, se transmiten de generación en generación, siempre que el ordenamiento positivo no se modifique” (Ibidem, Tomo II, pág. 474).

[xlv] Calamandrei, P. Ob. cit., Tomo 3, pág. 86.

[xlvi] Benalcázar Guerrón, J.C. Asesor del Tribunal Constitucional de Ecuador. La Trascendencia Constitucional de la Uniformidad de la Jurisprudencia.(www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D/D.Constitucional.19.htm, consultada el 14 de octubre de 2006).

[xlvii] Mientras no sea variada por el mismo Tribunal de casación o, con mayor fuerza aún, por el Poder Legislativo (art. 138 num. 2 Cn.: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: 2) La interpretación auténtica...”).

[xlviii] Calamandrei, P. Ob. cit., Tomo 3, pág. 86.

[xlix] Alcalá-Zamora, N. Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Editorial Jurídica Universitaria Sentencia de las A., México 2001, pág. 92.

[l] Alsina, H. Ob. cit., pág. 310.

[li] Zavala Egas, J. Razón de Ser de la Casación, Proyecto de Ley y Fundamentos del Articulado, en Cuaderno Jurídico “Reformas Constitucionales”, Quito, Asociación Escuela de Derecho de la PUCE y Fundación Hanns - Seidel, 1993, pág. 52.

[lii] El art. 181 C. se refiere a trámites de divorcio por mutuo consentimiento (arts. 174 a 183 C.) y establece que: “La sentencia de disolución de matrimonio será enviada en consulta a la Sala de lo Civil de la Corte de Apelaciones respectiva, quein la reverá sin ulterior recurso. Esta segunda sentencia se inscribirá en el competente Registro del Estado Civil, poniéndose nota de ella al margen de la partida de matrimonio de los cónyuges y se publicará en el periódico oficial”.

[liii] Sentencia de las 09:45 a.m. de 26 de enero de 1966, B.J. pág. 19.

[liv] Benalcázar Guerrón, J. C. Artículo citado.

[lv] Art. 165 Cn.: “Los magistrados y jueces en su actividad judicial, son indepedientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la Ley...”.

Art. 8 LOPJ: “Los magistrados y jueces, en su actividad jurisdiccional, son indepedientes en todas sus actuaciones y sólo deben obediencia a la Constitución Política y la Ley...”

[lvi] Alcalá-Zamora, N. Ob. cit. pág. 92.

[lvii] Art. 13 párr. 2 LOPJ: “Los jueces deben resolver de acuerdo a los fallos judiciales precedentes y solo podrán modificarlos explicando detalladamente las razones que motiven el cambio de interpretación”.

[lviii] Alcalá-Zamora, N. Ob. cit. nota 357, pág. 125.

[lix] Sentencia de las 10:00 a.m. de 11 de septiembre de 1914, B.J. pág. 533, Cons. IV: “... la casación que se contrae a la forma puede estimarse como un incidente del mismo recurso, incidente cuyo objeto es la nulidad proceso”.

[lx] Calamandrei, P. Ob. cit., Tomo 3 pág. 158.

[lxi] Ibidem, págs. 223 y 224.

[lxii] Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas. 30º ed. Editorial Helista, 2005, pág. 814.

[lxiii] Calamandrei, P. Ob. cit., págs. 120 y 125-126.

[lxiv] Sentencia de las 10:30 a.m. de 4 de octubre de 1947, B.J. pág. 14057.

[lxv] Sentencia de las 10:30 a.m. de 4 de octubre de 1947, B.J. pág. 14057: “..., la latitud del medio, no implica que no deba apoyarse en los preceptos autorizantes establecidos para los casos ordinarios, desde luego que el propio Artículo 2100 Pr., dispone que el Representante del Ministerio Público podrá hacer uso de este derecho, ‘en cualquier tiempo que tuviere conocimiento de la sentencia cuya invalidación pretendiere, arreglándose en cuanto a la forma de interponerlo, a lo dispuesto en la presente ley’. De todo lo dicho se infiere, que el... Representante del Ministerio Público, debió fundar su recurso de casación en interés de la ley, en alguna o algunas de las causales del Artículo 2057 Pr., y que, al no hacerlo así, no usó con eficiencia de la coyuntura que se le presentaba para procurar el respeto debido a las leyes y a la jurisprudencia, motivo por el cual la Corte Suprema está en el caso de declarar la improcedencia del recurso interpuesto sin esos fundamentos”.

[lxvi] Alcalá-Zamora, N. Aciertos Terminológicos e Institucionales del Derecho Procesal Hispánico, en Estudios de Teoría e Historia del Proceso. Editorial Jurídica Universitaria, Sentencia de las A. México, 2001, pág. 171.

[lxvii] Ibidem, págs. 171-172.