lunes, 5 de noviembre de 2007

EL EMBARGO EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL NICARAGÜENSE

Aníbal Arturo Ruiz Armijo
B.J. Boletín Judicial

C. Código Civil

Cn. Constitución Política

Cons. Considerando

CPP Código Procesal Penal

C.T. Código del Trabajo

In. Código de Intsrucción Criminal (derogado)

LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial

Pr. Código de Procedimiento Civil

RLOPJ Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial

R.R.P. Reglamento del Registro Público

Tít. Prel. C. Título Preliminar del Código Civil

1.- GENERALIDADES SOBRE EL EMBARGO

1.1.- Concepto de embargo

El embargo consiste en una providencia judicial cuya finalidad es afectar bienes concretos del patrimonio del deudor a una concreta ejecución procesal frente a él dirigida.

Para su procedencia, la obligación reclamada debe ser cuantificable en sumas de dinero[1].

1.2.- Modalidades del embargo

Existen dos tipos de embargo: el embargo preventivo (llamado también embargo precautelar o embargo anticipado), y el embargo ejecutivo.

El embargo preventivo, es previo al proceso de cognición, es decir anterior a la demanda, y sirve para asegurar las resultas de un juicio que aun no ha acaecido y del que no se sabe con certeza si acaecerá o si la sentencia que se produzca será favorable al actor. Su objeto es garantizar una eventual ejecución.

El embargo ejecutivo, por el contrario, sirve como instrumento para una ejecución actual, pendiente y en curso de desarrollo.

La diferencia entre ambas especies de embargo es la siguiente:

a.- El embargo preventivo se anticipa a la interposición de la demanda, mientras que el embargo ejecutivo es una consecuencia de ella;

b.- En el embargo preventivo la ley ordena que se nombre como depositario de los bienes embargados a su dueño, al poseedor de ellos o al dueño del lugar donde se encuentren dichos bienes, mientras que en el embargo ejecutivo se desposee al dueño de los bienes y se puede nombrar como depositario de ellos a un tercero;

c.- En el embargo preventivo la ley exige al solicitante rendir fianza para responder de los eventuales daños que podrían originarse por el embargo, mientras que en el embargo ejecutivo no se pide fianza.

1.3.- Efectos jurídicos del embargo

El embargo no concede al embargante derecho real alguno sobre la cosa embargada, la cual se coloca bajo la guarda de un tercero y a disposición del juez que conoce del proceso en que se ha dictado la providencia, por lo cual podemos considerar que el embargo es una figura procesal sui géneris cuyas características se relacionan con el depósito.

El embargante tiene sólo un derecho personal: el de hacer rematar la cosa por el juez a cuya disposición se encuentra el bien embargado para pagarse del precio que se obtenga de ese remate, derecho que emana estrictamente de la eventual sentencia condenatoria pronunciada en el proceso en que se ha ordenado el embargo.

Los efectos de la traba del embargo son inmediatos con relación al embargante y el embargado.

Sin embargo, si los bienes embargados son inmuebles, los efectos en cuanto a terceros no se producen de mero Derecho, sino a partir de la inscripción preventiva del embargo en el Registro Público[2]. Pero el hecho de que un embargo se hubiere practicado e inscrito con anterioridad a otro de misma especie no le da necesariamente prelación en el pago al primer embargante:

a.- Si hay otros acreedores con créditos contra el embargado anteriores a la inscripción del embargo, y presentan la correspondiente tercería, el inscribiente no goza de prelación[3];

b.-. Si hay otros acreedores con créditos contra el embargado posteriores a la inscripción del embargo, no tendrán derecho de prelación sobre lo embargado ni sobre su precio, en perjuicio del acreedor inscribiente, quien puede hacer vender lo embargado como si fuere acreedor hipotecario[4].

La razón de esto es que el embargo solo tiene por objeto asegurar las resultas del proceso, impidiendo que los bienes inmuebles del ejecutado sean enajenados o gravados con posteridad a la ejecución, en perjuicio del embargante anotante. La anotación del embargo no declara ningún derecho ni altera la naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento se quiere asegurar, ni convierte a esta de simple a real o hipotecaria, ni hacen peor la condición de los acreedores que estén en idéntica o mejor circunstancia que el acreedor anotante[5].

Para inscribir el embargo de bienes inmuebles debe presentarse al Registro el mandamiento ejecutivo debidamente diligenciado (es decir, acompañado de las certificaciones del acta de requerimiento de pago -en caso de embargo ejecutivo- y del acta de embargo).

1.4.- Bienes embargables y bienes no embargables

El art. 2335 C. dispone que “todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona, responden al pago de sus deudas”.

En consonancia con tal disposición, el art. 1708 inc. 3 Pr. establece que son embargables todos los bienes, derechos y acciones del deudor, en el siguiente orden[6]:

1° Dinero, si lo hay;

2° Efectos públicos;

3° Alhajas de oro, plata o pedrería;

4° Créditos realizables en el acto;

5° Frutos y rentas de toda especie;

6° Semovientes;

7° Mobiliario;

8° Inmuebles;

9° Sueldos o pensiones;

10° Créditos y derechos no realizables en el acto.

Se exceptúan los bienes, créditos y derechos señalados como inembargables en los arts. 2084 C.[7] y 1703 Pr.[8]

El art. 2084 C. señala que no son embargables:

1° Dos tercios del salario de los empleados públicos, si este no excede de C$1,800.00. Si excede de esa suma, no será embargable los dos tercios de esa suma ni la mitad del exceso[9];

2° El lecho y la ropa necesaria del deudor y el de las personas que viven con él y a sus expensas;

3° Libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de C$400.00, a elección del deudor;

4° Máquinas e instrumentos de que se sirva el deudor para la enseñanza, hasta dicho valor y sujetas a la misma elección;

5° Uniformes y equipos de los militares;

6° Utensilios del deudor artesano o trabajador del campo necesarios para su trabajo individual;

7° Alimentos y combustibles necesarios para el consumo de la familia durante un mes;

8° Derechos cuyo ejercicio sea enteramente personal;

9° Bienes raíces legados o donados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de entrega por tasación aprobada judicialmente, pero podrán embargarse por el valor adicional que adquieran después;

10° Subvenciones acordadas a favor de establecimientos de enseñanza, beneficencia y otros semejantes;

11° Créditos contra el Estado que tengan por base la destrucción total o parcial de una casa hogar y que estén pendientes de los pagos de la Comisión de Reclamaciones. Este beneficio sólo puede pedirse por el deudor por una casa solamente.

El art. 1703 Pr. señala que no son embargables además:

1° Jornales y salarios de jornaleros y criados;

2° Pensiones alimenticias forzosas;

3° Rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un tercero, en la parte que sean necesarias para la subsistencia del deudor, su cónyuge y sus hijos que vivan con él y a sus expensas;

4° Sumas depositadas en cajas de ahorro u otras equivalentes y sus intereses, hasta la suma de C$1,000.00;

5° Pólizas de seguro de vida y las sumas que pague por ellas el asegurador. En este último caso será embargable el valor de las primas pagadas por el asegurado;

6° Sumas pagadas a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos, excepto cuando los embargantes sean los artífices u obreros o los proveedores de materiales y otros artículos suministrados para ejecutar la obra;

7° Objetos indispensables para el ejercicio personal del arte u oficio de artistas, artesanos y obreros de fábricas, y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios para el trabajador del campo, hasta la suma de C$1,600.00 a elección del deudor;

8° Los utensilios caseros y de cocina y los artículos de alimento y combustible necesarios para el consumo familiar durante un mes;

9° Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo sobre el que están constituidas;

10° Los demás bienes que las leyes especiales prohíban embargar. Entre estos últimos tenemos que:

a.- Son absolutamente inembargables los bienes del Estado. Por Ley de 27 de febrero de 1913, ningún tribunal puede exigir fianzas ni dictar o ejecutar embargos contra las rentas, bienes o caudales del Estado[10]. En caso de dictarse sentencia condenatoria contra el Estado de Nicaragua, el fallo debe limitarse a declarar el derecho del demandante y ordenar que se cumplan cuando causen ejecutoria, pero el cumplimiento del fallo compete en exclusiva al Poder Ejecutivo, que pagará en la forma y límites que determine la Ley de Presupuesto General de la República[11].

b.- Los bienes públicos municipales[12].

c.- El salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto para cubrir obligaciones alimentarias[13].

d.- Lo destinado a satisfacer las obligaciones alimentarias del deudor[14].

e.- Los derechos y beneficios personalísimos otorgados por la Ley que Concede Beneficios Adicionales a las Personas Jubiladas [15].

f.- Las tierras comunales de las comunidades indígenas o étnicas de la Costa Atlántica[16].

e.- Los depósitos bancarios de personas naturales hasta la suma determinada administrativamente por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras[17] (actualmente, hasta ciento setenta mil córdobas[18]).

f.- Los activos de las entidades financieras en estado de liquidación forzosa[19].

La inembargabilidad es pues una calidad que excepcional y expresamente concede la ley a ciertos bienes del deudor para impedir que los acreedores puedan perseguirlos válidamente para pagarse sus créditos[20].

Por su alcance, la inembargabilidad es total cuando ninguna parte del bien, derecho o acción del deudor puede ser embargado (por ejemplo, las pensiones alimenticias); la inembargabilidad es parcial cuando sólo es posible embargar una fracción del bien, derecho o acción del deudor (por ejemplo, dos tercios del salario de los empleados públicos);

Por su oponibilidad, la inembargabilidad es absoluta, cuando ningún acreedor puede embargar los bienes, derechos o acciones del deudor (por ejemplo, los bienes del Estado o los bienes públicos de los municipios); la inembargabilidad es relativa cuando sólo algunos acreedores pueden embargar los bienes, derechos o acciones del deudor (Por ejemplo, el salario mínimo de los trabajadores);

Por su carácter dispositivo, la inembargabilidad es renunciable cuando el deudor puede consentir el embargo de bienes que legalmente no son embargables; la inembargabilidad es no renunciable cuando el deudor no puede validar el embargo realizado sobre bienes no embargables (caso de los arts. 1704 Pr. y 2084 inc. 12 C.).

2.- EMBARGO PREVENTIVO

2.1.- Concepto de embargo preventivo

El art. 886 establece que puede preceder[21] al juicio el embargo de la cosa a petición de parte en todos los casos en que la ley lo permita expresamente; el 887 Pr. nos dice que podrá también preceder al juicio el embargo de las rentas, frutos, efectos, o bienes raíces del deudor que pretenda sustraerlos o enajenarlos, o cuando el deudor sea forastero.

Trabar embargo preventivo consiste, pues, en localizar y seleccionar unos determinados bienes del deudor, declarando que con ellos se satisfarán, en su momento, las costas del proceso de ejecución y el monto pecuniario de la responsabilidad del deudor, si la sentencia eventualmente lo condena.

El embargo tiene por objeto asegurar una sentencia de pago, evitando que el deudor, ante la perspectiva de ser derrotado en el proceso cognoscitivo, desvíe u oculte sus bienes para frustrar la ejecución.

2.2.- Casos en que procede el embargo preventivo

De acuerdo al art. 890 Pr., cuando se trata del embargo a que se refiere el art. 887 Pr., solo puede usarse para asegurar el pago de deudas en metálico, géneros, especies o efectos que puedan reducirse a cantidad líquida en metálico. El propósito del acreedor presunto es que una vez dictada la sentencia a su favor se proceda a la venta judicial de los bienes embargados[22].

2.3.- Procedimiento del embargo preventivo

2.3.1.- Solicitud del embargo preventivo

El pedimento debe realizarse en un escrito expresando: la denominación del órgano a quien se dirige; el nombre y generales de ley del peticionario y de la persona contra quien se dirige el embargo; la existencia de una obligación a su favor, apreciable en dinero; el temor de que el deudor oculte o sustraiga sus bienes para evadir el cumplimiento de la obligación; el juzgado donde se interpondrá la demanda con que se bonificará el embargo[23]; y la proposición de fiador que responderá por los eventuales daños y perjuicios que podrían originarse con el embargo.

Independientemente de la cuantía del embargo, son jueces competentes para decretar el embargo los jueces de Distrito y Locales de lo civil del lugar donde estuvieren situados los bienes a embargar, y los del domicilio del embargado.

2.3.2.- Rendición de la fianza

Recibido el pedimento, el juez sin audiencia al embargado ordena que se rinda la fianza, la cual se rinde apud-acta, es decir, en el mismo expediente en acta rendida ante el juez de la causa y no en escritura pública. El fiador debe ser persona abonada y de arraigo[24], circunstancias que calificará el juez a su criterio[25].
Es nulo absolutamente el embargo preventivo efectuado sin haberse rendido la fianza ordenada por la ley (arts. 888 Pr. y 2201 inc. 2° C.[26]); pero no cuando la misma sea deficientemente rendida[27].

Conforme el art. 80 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros[28], los acreedores bancarios no están obligadas a presentar fiador en ningún procedimiento prejudicial ni judicial.

2.3.3.- Libramiento del mandamiento o decreto de embargo preventivo

Rendida la fianza, el juez, si califica la fianza de suficiente, decretará el embargo de bienes propios del deudor, y librará el mandamiento de embargo. En este se ordena a cualquier autoridad a la que fuese cometido el mandamiento, embargar bienes del deudor hasta por el monto de lo solicitado y la orden de nombrar depositario de los bienes embargados. Cuando el embargo vaya a recaer sobre bienes inmuebles, el decreto de embargo puede presentarse al Registro Público de la Propiedad para su inscripción provisional[29].

2.3.4.- Traba o ejecución del embargo preventivo

El decreto o mandamiento es entregado al peticionario, y éste buscará a un juez ejecutor para trabar el embargo[30]. La traba o ejecución es el momento en que materialmente se realiza la aprehensión de los bienes del deudor.

De acuerdo al art. 901 Pr., son jueces competentes para practicar embargos preventivos: los jueces de distrito y locales de lo civil y lo criminal, los jueces del trabajo, y los jueces suplentes.

Al trabar el embargo, el juez ejecutor levanta un acta que describe el estado y situación de los bienes embargados, la denominación de la persona nombrada depositario (que necesariamente debe ser el dueño de los bienes, el poseedor de los mismos o el dueño del lugar donde se encuentren los bienes)[31]. Se deja una copia en el expediente y otra se deja en manos del depositario. Esta acta sólo hace fé de los extremos señalados[32].

El embargo no debe recaer en bienes cuyo dominio aparezca en cabeza de tercero por escritura pública otorgada antes de dos años del vencimiento de la deuda que se reclama[33]. Tampoco pueden embargarse los bienes taxativamente señalados por la ley como inembargables, y en este caso el deudor puede promover un incidente de nulidad[34].

Además, no debe embargarse bienes por valor superior al del monto del embargo[35].

Un punto a considerar es que no es lícito para el Juez Ejecutor realizar allanamientos domicilios o romper puertas para practicar el embargo, ni en el caso de los preventivos ni en el de los ejecutivos pues esto sería una infracción de la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio[36].

Los bienes embargados no pueden ser objeto de contrato, sino es con autorización del juez a solicitud de todos los interesados[37].

2.3.5.- Bonificación del embargo preventivo

Puesto que el embargo preventivo se realiza para garantizar la ejecución de una eventual sentencia favorable, es indispensable que, una vez trabado aquel, sea cubierto por una demanda. A la interposición de esta demanda se le denomina “bonificación del embargo”.

Para ello el Juez que decretó el embargo remitirá las diligencias de éste al juez que conocerá de la demanda, usando la vía legal, que por analogía no puede ser otra que la indicada en el art. 100 LOPJ[38]. Es una práctica viciada la de entregar las diligencias al interesado para que las acompañe a la demanda[39].

El art. 893 Pr. (reformado por la Ley de 25 de enero de 1910) establece que el peticionario debe entablar su acción dentro de los quince días subsiguientes a la traba del embargo preventivo o desde la inscripción del mandamiento si se trata de embargo sobre bienes inmuebles[40]. Los quince días se cuentan desde el día en que se traba el embargo o desde que se inscribe el decreto que lo ordena, en su caso[41].

De no bonificarse el embargo en el plazo dicho, éste se levantará de oficio por la autoridad que conozca del asunto, condenando en costas, daños y perjuicios a quien lo hubiere pedido[42]. Si el juez no dicta esta providencia, por el transcurso de los quince días sin que se hubiese bonificado el embargo, este quedará éste levantado ipso iure y el peticionario sujeto a las responsabilidades del caso[43].

El plazo de quince días para bonificar el embargo no es un término judicial (puesto que ni siquiera existe proceso en ese momento), por lo que no es aplicable a él lo dispuesto en el art. 88 párr. 2º LOPJ[44]; sino que debe contarse de corrido, como lo dispone el Título Preliminar del Código Civil[45]. Sólo en caso que el último día del plazo caiga en día inhábil, podrá bonificarse válidamente el embargo presentando la demanda en el siguiente día hábil[46], aunque por supuesto lo recomendable es no esperar al último día para bonificar el embargo.

Una vez introducida la demanda que bonifica el embargo, no es necesario confirmar éste[47].

2.4.- Solicitud de embargo preventivo dentro del juicio cognoscitivo

Cuando el embargo preventivo se solicita dentro de un juicio cognoscitivo y no previo a su inicio, se tramita como un incidente especial en cuerda separada, sin audiencia del demandado (arts. 889, 894 y 2131 Pr., y 3515 C.). En este caso será juez competente el que conoce del juicio principal.

También tiene derecho a solicitar embargo preventivo el contrademandante[48].

2.5.- Conversión jurídica del embargo

La conversión jurídica del embargo consiste en la sustitución de éste por otra garantía, generalmente dinero en metálico depositado judicialmente a la orden del actor. Esto tiene lugar para evitar la realización de un embargo o para levantar un embargo ya realizado.

En el primer caso conoce del asunto el juez ejecutor. Si tiene dudas acerca de la garantía ofrecida debe consultar con el juez que decretó el embargo, quien determinará lo conveniente. El juez ejecutor adoptará mientras tanto las medidas necesarias (por ejemplo, el depósito interino) para evitar la ocultación o cualquier otro abuso por parte del deudor[49].

Si las garantías se ofrecen ya realizado el embargo preventivo, es al juez que decretó el embargo o al que conozca de la demanda que lo bonifica, a quien competerá resolver sobre el levantamiento solicitado, pues una vez trabado el embargo cesa la participación del juez ejecutor en el asunto.

Si la conversión del embargo se solicita antes de la introducción de la demanda que lo bonifica, el juez resolverá sobre ella sin más trámite[50]. Si se hace luego de presentada la demanda, se tramita la solicitud como incidente[51].

Solo el embargado puede solicitar la conversión jurídica del embargo[52]. El tercero carece de legitimación para intentarla, aunque le quedan abiertas la vía de la tercería de dominio o el recurso de apelación en contra del acta de embargo[53].

2.6.- Reembargo

Se denomina reembargo a la posibilidad de que un bien que ya ha sido embargado sea objeto de un nuevo embargo por parte de otro acreedor en otro proceso.

La legislación nacional admite el reembargo[54] estableciendo únicamente la obligación de poner en conocimiento al juez de la causa original para que no libere los bienes embargados en caso de que su causa concluya antes de la que origina el reembargo.

En ningún caso debe nombrarse en el reembargo un nuevo depositario, ni nombrar como depositario de éste al depositario del primer embargo.

3.- EMBARGO EJECUTIVO

3.1.- Diferencia entre embargo ejecutivo y embargo preventivo

A diferencia del embargo preventivo, que es previo a un proceso de cognición, y sirve para asegurar las eventuales resultas de un juicio del que no se sabe con certeza si la sentencia que se produzca será o no favorable al actor, el embargo ejecutivo sirve como instrumento para una ejecución actual, pendiente y en curso de desarrollo.

3.2.- Características del embargo ejecutivo

Las características del embargo ejecutivo son las siguientes:

a.- El embargo ejecutivo es una consecuencia del incumplimiento del deudor al requerimiento de pago que se le hace;

b.- En el embargo ejecutivo se desposee al dueño de los bienes embargados, pudiéndose nombrar como depositario de ellos a un tercero;

c.- En el embargo ejecutivo no se pide al ejecutante rendir fianza para responder de los eventuales daños y perjuicios que pueda sufrir el ejecutado.

Si el deudor no paga en el acto de ser requerido, el juez ejecutor procederá de inmediato a trabar embargo ejecutivo sobre bienes suficientes del deudor para responder por el principal de la obligación, los intereses y las costas de la ejecución.

Si lo embargado consiste en bienes muebles los depositará en persona de reconocida honradez y arraigo[55], Si el juez ejecutor no considera notoria la responsabilidad del depositario propuesto, le exigirá que rinda fianza, que el mismo ejecutor calificará bajo su responsabilidad[56].

Si lo embargado son bienes inmuebles, estos quedan depositados en manos de su verdadero dueño o poseedor[57]. En este último caso, si el deudor no está presente en el acto del embargo, el ejecutor debe dejar constancia de ese hecho en el acta de embargo y nombrar depositario a otra persona.

Si la ejecución recae sobre un cuerpo cierto, o si el ejecutante ha señalado en la demanda los bienes sobre los que debe recaer el embargo y que sean legalmente embargables, el embargo recaerá sobre ellos. Si no se señalaron en la demanda los bienes a embargar, se trabará el embargo sobre los bienes que señale el acreedor ejecutante siempre que no excedan de los necesarios para cancelar la obligación, a juicio del juez ejecutor. Si el ejecutado no designó en la demanda los bienes a embargar, ni tampoco los señala durante el acto de embargo, el juez ejecutor embargará los que presente el deudor ejecutado, si son suficientes o no hubiere otros[58].

3.3.- Retención de lo embargado en poder de terceros

Cuando el acreedor ejecutante procede contra bienes del ejecutado que están en poder de un tercero, el cual es a su vez deudor del ejecutado, puede pedir que se retenga en manos de ese tercero las sumas, frutos o efectos que éste tenga, pertenecientes al ejecutado[59].

Si se embargan ejecutivamente sueldos o pensiones pagables por el Estado u otra corporación pública, el juez girará oficio al funcionario pagador (Tesorero General de la República) para que retenga la parte legalmente embargable[60].

Si se embargan ejecutivamente sueldos, créditos, pensiones o dividendos que deban pagarse por compañías o particulares, se hace saber a estos que al vencimiento deben entregarlos al depositario, si lo hay, o que deben retenerse a la orden del juez, so pena de pagar de nuevo si los entregaren al deudor o a otro que no sea el depositario[61], sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurran como retenedores depositarios[62].

Los terceros retenedores gozan del derecho de oponerse a la actividad de retención del acreedor ejecutante. Este derecho a excepcionar deben ejercitarlo por escrito dirigido al juez de la causa en que incide la retención, dentro de tercero día más el término de la distancia.

Si el retenedor excepciona, su escrito de oposición se agrega a los autos, y el proceso ejecutivo sigue su curso normal.

Concluido el proceso ejecutivo, el acreedor ejecutante a quien se adjudica el crédito retenido debe entablar un nuevo proceso contra el deudor retenedor, tal como lo haría el deudor ejecutado (acreedor del retenedor). Este nuevo proceso se sigue con intervención del deudor ejecutado.

La sentencia dictada en este nuevo juicio produce efectos de cosa juzgada contra el acreedor adjudicatario, quien en caso de perder este proceso contra el retenedor, conserva su derecho contra el deudor ejecutado. Si el retenedor no prueba sus excepciones, se le condena en costas, daños y perjuicios.

Si el retenedor no opone sus excepciones en el plazo de ley, pierde el derecho de oponerse a la retención y esta queda firme. También precluye su derecho a oponerse si al ejercitar su derecho no propone y rinde fianza para responder por las costas, daños y perjuicios que su oposición cause al ejecutante en caso de no prosperar.

3.4.- Imposibilidad de la conversión jurídica del embargo ejecutivo

A diferencia de lo que sucede con el embargo preventivo, el embargo ejecutivo no puede ser sustituido o convertido jurídicamente. El deudor embargado sólo puede hacer cesar el embargo ejecutivo depositando las sumas por las que el embargo se trabó.

3.5.- Reembargo en el juicio ejecutivo

Igual que en el embargo preventivo, en el embargo ejecutivo puede realizarse el reembargo de bienes previamente embargados por otro acreedor, siempre con prohibición absoluta de nombrar nuevo depositario que ponga a disposición de juez distinto la cosa embargada.

Lo que debe hacer el juez del segundo proceso ejecutivo (en el cual se produjo el reembargo) es enviar exhorto al juez del primer proceso (donde se produjo el primer embargo) para que no desembargue ni entregue la cosa o su producto, hasta que no reciba aviso del segundo embargante[63].

3.6.- Ampliación del embargo ejecutivo

En cualquier estado del proceso, el ejecutante puede pedir que se amplíe el embargo, alegando para ello cualquiera de las siguientes razones:

a.- Que el valor de los bienes ya embargados no cubre el monto de lo debido;

b.- Que los bienes ya embargados son de difícil realización;

c.- Que sobre los bienes ya embargados a incidido una tercería.

Cuando la ampliación se pide antes que se dicte la sentencia de pago o remate, en esta se debe hacer alusión a los nuevos bienes embargados. Si la ampliación se pide después de dictada la sentencia de pago o remate, no se necesita dictar una nueva sentencia (art. 1729 Pr.).

3.7.- Casos singulares de embargo ejecutivo

Los arts. 1837 y 1838 Pr. regulan dos casos singulares de embargo ejecutivo.

El art. 1837 Pr. dispone que cuando la ejecución recae sobre derechos, el embargo se reducirá a prohibir su uso o a ordenar su ejercicio, y no habrá por tanto justiprecio, subasta o venta de bienes.

El art. 1838 Pr. indica que en los casos de deuda genérica, el embargo se traba en las cosas que del género tenga el ejecutado, y que no se justipreciarán ni subastarán sino que se darán en pago al ejecutante.

En este caso, si el ejecutado no tiene en su poder bienes del género debido, a petición del ejecutante se justipreciará dentro de tercero día el valor de estas, mediante dictamen de peritos; el juez aprobará la tasación dentro de las siguientes veinticuatro horas, procediéndose a continuación a embargar bienes del deudor por ese valor.

4.- SECUESTRO PREVENTIVO

4.1.- Concepto de secuestro preventivo

Se denomina secuestro al depósito judicial por embargo de bienes litigiosos. El secuestro es convencional cuando es voluntario, y judicial cuando lo ordena el juez.

En el secuestro convencional las partes depositan el mueble o inmueble litigiosos en manos de un tercero que se obliga a entregarlo, una vez concluido el proceso, a aquel a quien se lo adjudique la sentencia[64]. Este es un contrato, y como tal se rige por las disposiciones contenidas en los arts. 3514 a 3534 C.

En el secuestro judicial, que es el que nos interesa en este estudio, el juez ordena el depósito del bien mueble cuya posesión o propiedad es objeto del litigio. Este es un acto judicial y se rige por las disposiciones relativas al embargo preventivo en lo que fuere aplicable.

En el Código de Procedimiento Civil se regulan conjuntamente el embargo y el secuestro por cuanto su naturaleza jurídica es idéntica: ambos indican la ocupación o aprehensión de bienes para dar al órgano jurisdiccional la posibilidad de hacer cumplir sus sentencias de condena y hacer efectiva la ejecución.

La diferencia fundamental entre el embargo y el secuestro radica en que el primero recae sobre bienes indistintos del deudor, para garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia de pago, mientras que el secuestro recae sobre el concreto bien mueble que está en litigio, para garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia reivindicatoria: La finalidad del secuestro es evitar que el bien litigioso que es objeto de la acción reivindicatoria o dominical sufra deterioro u ocultación[65].

Los bienes inmuebles no pueden ser objeto de esta medida precautelar, pues el art. 1469 C. establece que no puede privarse al demandado de la posesión o tenencia de la cosa mientras no exista una sentencia definitiva firme[66].

En estos casos, para proteger sus intereses, el actor tiene a su disposición otras medidas precautelares, tales como el aseguramiento de bienes litigiosos, la anotación preventiva de la demanda o la prohibición de enajenar[67].

4.2.- Casos en que procede el secuestro preventivo

El secuestro procede antes de iniciarse el asunto o en cualquier estado de él, a elección del interesado[68]. De acuerdo al art. 886 Pr., puede preceder al juicio el embargo (es decir, el secuestro) de la cosa a petición de parte en todos los casos que la ley lo permita expresamente.

También procede el secuestro cuando exista temor de que la cosa litigiosa se deteriore en poder del demandado.

El secuestro judicial también cabe cuando quien tiene derecho de retención o prenda, no los puede ejercitar por alguna circunstancia, y acude al juez para hacer efectivo ese derecho[69]: por ejemplo, la facultad del arrendador de exigir que se vuelvan a llevar a la finca las cosas gravadas por el derecho legal de retención que han sido retiradas sin su conocimiento o con su oposición[70]; y el derecho del acreedor prendario de recobrar la tenencia de la cosa prendada aun de manos de su dueño[71].

4.3.- Procedimiento del secuestro preventivo

Según el art. 889 Pr., cuando dentro del proceso se pide el secuestro por temor que la cosa se deteriore en poder del demandado, la petición se sustanciará y resolverá el incidente en juicio sumario (tres días para oír a la parte contraria, ocho para pruebas y tres para sentencia).

En el caso del art. 886 Pr., también se procederá sumariamente, de no haber un trámite especial previsto en la ley.

Si el interesado alega que el peligro de deterioro de la cosa litigiosa es inminente, se procederá como en el caso de los embargos preventivos[72].

Si la propiedad de las cosas sobre las que debe recaer el secuestro, aparece demostrada en instrumento público a favor de tercero que no es la persona a quien se demanda, el juez ejecutor debe excusarse de trabar el secuestro, bajo apercibimiento de multa[73].

ANEXO: DILIGENCIAS DE EMBARGO PREVENTIVO

SEÑOR JUEZ LOCAL DE LO CIVIL DE MANAGUA.-

Yo, MARTHA JEANETH LOVO RODRÍGUEZ, mayor de edad, casada, estudiante, nicaragüense y de este domicilio, con Cédula de Identidad número ciento sesenta y tres guión cero seis, cero tres, sesenta y tres guión triple cero dos Ce (C.I. N° 163-060363-0002C), ante Usted con respeto comparezco y expongo:

Resulta, Señor Juez, que el señor ANÍBAL ARTURO RUIZ ARMIJO, mayor de edad, casado, Abogado, nicaragüense y de este domicilio, es en deberme, plazo vencido, la cantidad de ciento sesenta y siete mil quinientos córdobas (C$167,500.00), equivalentes a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) de principal, más intereses corrientes y moratorios, los que no me ha pagado a pesar de múltiples y continuos requerimientos de pago que le he hecho.

Como temo fundadamente que dicho señor enajene sus bienes dejando al descubierto mi crédito, comparezco ante su Autoridad a solicitar que, previa rendición de la fianza de Ley, decrete EMBARGO PREVENTIVO en contra de bienes propios del referido deudor, hasta por la cantidad de ciento sesenta mil córdobas (C$160,000.00), equivalentes a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) más una tercera parte de dicha cantidad para responder de los intereses y las costas.-

Como fiador de este EMBARGO PREVENTIVO propongo al señor Jorge Ulises Carballo Nicaragua, mayor de edad, soltero, Abogado, nicaragüense y de este domicilio, con Cédula de Identidad número doble cero uno guión cero cinco, cero cinco, sesenta guión doble cero doce Eme (N° 001-050560-0012M), quien es persona abonada y de arraigo, como demuestro con Certificación de Libertad de Gravamen y Constancia de Avalúo Catastral que adjunto a este escrito en original y copias, para que una vez cotejadas se me devuelvan los originales y corran en autos las copias debidamente razonadas.

Este EMBARGO PREVENTIVO será bonificado con demanda que interpondré en el Juzgado de lo Civil del Distrito de Managua que designe la Oficina de Distribución de Causas.

Managua, cuatro de agosto de dos mil cuatro.

JUZGADO TERCERO LOCAL DE LO CIVIL.- Managua, cuatro de agosto de dos mil cuatro.- Las dos y treinta minutos de la tarde.-

Califícase de buena la fianza propuesta. Cuando se rinda se proveerá.


En la ciudad de Managua a las tres de la tarde del día cuatro del mes de agosto del año dos mil cuatro, ante el suscrito Juez Tercero Local de lo Civil de Managua y Secretario del Despacho que autoriza, compareció el señor Jorge Ulises Carballo Nicaragua, mayor de edad, soltero, Abogado, nicaragüense y de este domicilio, con Cédula de Identidad número doble cero uno guión cero cinco, cero cinco, sesenta guión doble cero doce Eme (N° 001-050560-0012M), quien siendo persona abonada y de arraigo a juicio de esta Autoridad, dice: Que se constituye en fiador solidario de las presentes diligencias de Embargo Preventivo solicitadas por la señora Martha Jeaneth Lovo Rodríguez para responder por los daños y perjuicios que con la ejecución del mismo se pudieran ocasionar. Leída que fue la presente Acta, se encuentra conforme y firmamos todos.-

Juzgado Tercero Local de lo Civil.- Managua, cuatro de agosto de dos mil cuatro. Las cuatro de la tarde.-

Por rendida la fianza de Ley, decrétase EMBARGO PREVENTIVO en contra de bienes del señor Aníbal Arturo Ruiz Armijo, mayor de edad, casado, Abogado, nicaragüense y de este domicilio, hasta por la suma de ciento sesenta mil córdobas (C$160,000.00) equivalentes a diez mil dólares de los Estados Unidos (US$10,000.00), más una tercera parte de dicha cantidad para responder por intereses y costas. La solicitante señora Martha Jeaneth Lovo Rodríguez a señalado el Juzgado de lo Civil del Distrito de Managua que designe la Oficina de Distribución de Causas para bonificar este Embargo. Sirva el presente Auto Decreto de Embargo Preventivo de suficiente mandamiento a cualquier Autoridad a quien su cumplimiento le fuere cometido. HACEDLO TODO CONFORME A DERECHO.-

En la ciudad de Managua, Departamento de Managua, a las once de la mañana del día cinco del mes de agosto del año dos mil cuatro.- Yo, Julio César Arias Roque, Juez Cuarto Suplente de lo Penal del Distrito de Managua, Ejecutor del Mandamiento que antecede por cometimiento verbal de parte interesada, al efecto de su cumplimiento me constituí en la casa de habitación del deudor señor Aníbal Arturo Ruiz Armijo, sita en Jardines de Veracruz, del Plantel de Enitel media cuadra al sur, mano derecha, casa T-5, con el objeto de hacer traba y formal embargo en bienes propios del deudor, los que me fueron señalados por la parte interesada y que a continuación describo: inmueble urbano situado en Jardines de Veracruz, del Plantel de Enitel media cuadra al sur, mano derecha, casa T-5, con un área de seiscientos metros cuadrados (600.00 mts2), y comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: Norte: Lote T-6; Sur: Lote T-4; Este: Calle de por medio, Lote R-22; Oeste: Lote S-9.- Propiedad inscrita bajo el Número de Finca ciento sesenta mil trescientos veinticinco (160,325); Tomo un mil doscientos ocho (1,208); Folio doscientos veinte (220); Asiento tercero (3°); Columna de Inscripciones; Sección de Derechos Reales; Libro de Propiedades del Registro Público de la Propiedad Inmueble del Departamento de Managua.-. De lo embargado preventivamente nombré Depositario al señor Aníbal Arturo Ruiz Armijo, quien estando presente acepta el cargo para el que fue nombrado, ofreciendo tener lo embargado al estilo y Ley de depósito y a la orden de la Autoridad competente que lo es el Señor Juez Local de lo Civil de Managua que designe la Oficina de Distribución de Causas.- Y leída que fue la presente Acta, se encuentra conforme y firmamos.
NOTAS:
[1] Sentencia de las 12:00 m. de 28 de octubre de 1943, B.J. pág. 12216, Cons. III: No cabe el embargo preventivo en un juicio en que se discute si una persona tiene o no obligación de rendir cuentas, pues el actor no puede ser tenido como acreedor de un reclamo reducible a metálico.

[2] Art. 3964 nums. 4º y 5º C.: “Pueden inscribirse provisionalmente: ... 4º El decreto de embargo y secuestro de bienes raíces. Esta inscripción durará treinta días; y si dentro de este término no se presenta el embargo hecho para su inscripción, queda cancelada sin necesidad de declaratoria ni de asiento. 5º El embargo que se haga en bienes raíces”.

[3] Art. 2336 C.: “Si los bienes no alcanzan a cubrir todas las deudas, deberán pagarse éstas a prorrata, a menos de tener alguno de los acreedores un motivo legal de preferencia”.

[4] Art. 1718 Pr.: “No producirá el embargo efecto alguno legal respecto de tercero, sino desde la fecha en que se inscriba en el respectivo Registro de la Propiedad del Departamento en donde estuvieren situados los bienes secuestrados. El ejecutor que practicare el embargo, a solicitud verbal del acreedor, requerirá la inscripción por sí o por medio de un recomendado, sin necesidad éste de poder (Arto. 3533 C.). Hecha la inscripción, los acreedores reales o simplemente personales cuyo crédito naciera con posterioridad a la presentación del embargo en el Registro, no podrán pretender derecho alguno a la cosa embargada, ni en el precio de ella, con perjuicio del inscribiente, quien podrá hacerla vender del mismo modo que lo haría un acreedor hipotecario. Con respecto a los anteriores acreedores que hicieren tercería, el inscribiente no gozará, por el sólo motivo de serlo, de preferencia alguna. Después de practicado el embargo, aunque éste no se haya inscrito, no es lícito a las partes disponer en manera alguna de los bienes embargados, sino con permiso del Juez que conoce del asunto, solicitado por ambas partes”.

Sentencia de las 12:00 m. de 26 de abril de 1920, B.J. pág. 2886: El embargo inscrito da preferencia contra los acreedores cuyos créditos hayan nacido con posterioridad a la inscripción (Arto. 1738 inco. 3 Pr.), pero sólo en lo que se refiere a inmuebles.

Sentencia de las 11:00 a.m. de 25 de agosto de 1913, B.J. pág. 211, Cons. VII: El embargo no inscrito no perjudica a terceros adquirentes ni produce la nulidad de la enajenación a favor de estos.

Sentencia de la 1:30 a.m. de 17 de febrero de 1916, B.J. pág. 1079: “El traspaso de la cosa embargada surte efecto legal si no está inscrita, concurriendo el permiso del juez, de acuerdo con el art. 904 y el inciso último del 1718 Pr.; y si estuviere inscrita, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento del Registro Público, sin necesidad del expresado permiso...”.

Sentencia de las 12:00 m. de 10 de mayo de 1934, B.J. pág. 8616, Cons. III: “El conflicto entre el Arto. 54 R.R.P. y 904 y 1718 Pr. debe resolverse en favor del primero y en consecuencia no hay objeto ilícito en la venta de cosas con embargos inscritos. Si no estuvieren inscritos, habría objeto ilícito pero el comprador encontraría amparo en los Artos. 3949 y 3796 C. y por lo tanto no le alcanzaría la nulidad”.

[5] B.J. pág. 8357 Cons. IV: “Las anotaciones preventivas de embargo no producen otros efectos positivos que el de dar preferencia al que las obtenga sobre los que ostenten otro crédito habido con posterioridad a la presentación del embargo en el Registro (Arto. 1718 Pr.). Por esto es opinión general, confirmada por los tratadistas, que, quien, en juicio ejecutivo para el cobro de una deuda no hipotecaria, logra el embargo de una finca, que resulta vendida anteriormente, aunque el comprador no la hubiese inscrito a su nombre tiene mejor derecho que el embargante, cuyo crédito carece del carácter de derecho real que no le da el embargo”.

[6] Consulta de 3 de abril de 1964, B.J. pág. 501: “... 2) Para garantizar el pago de una deuda, puede procederse al embargo de bienes del deudor. El orden en que debe procederse al embargo de bienes está señalado en el arto. 1708 Pr...”

[7] Art. 2338 C.: “No pueden perseguirse por ningún acreedor los bienes no embargables enumerados en el artículo 2084”.

[8] Consulta de 3 de abril de 1964, B.J. pág. 501: “... 2) ... respecto a bienes no embargables, puede consultarse, entre otros, los artos. 2084 C., 1703 Pr. y la Ley de 27 de febrero de 1960...”

[9] Ley que Establece Porcentajes Embargables en Sueldos y Salarios de Empleados Públicos, Decreto N° 468 de 27 de febrero de 1960, La Gaceta N° 71 de 25 de marzo de 1960: Arto. 1 Los sueldos, salarios y estipendios que devenguen los funcionarios, empleados o trabajadores, cualquiera sea la actividad que desempeñen, será embargable hasta un 10%, cuando el sueldo, salario o estipendio no sea mayor de un mil córdobas mensuales. Arto. 2 Si el empleado o trabajador mantiene esposa o mujer, madre, hijo legítimo o ilegítimo menor de edad, sin que estos devenguen ningún sueldo, salario o estipendio formal, el porcentaje a embargarse será permitido únicamente en un 5%, si el monto mensual de lo devengado no excede de C$500.00. Arto. 3 Todo embargo o retención que se decrete o ejecute en cantidades superiores a los porcentajes indicados, será nulo y deberá cancelarse por orden del juez que lo decretó o ejecutó, o por el juez donde esté radicado el juicio. El pedimento para esta cancelación se tramitará como incidente en pieza separada y el fallo será apelable en ambos efectos para el embargado y en un efecto para el embargante. Arto. 4 La presente Ley deroga todas las disposiciones que se le opongan y comenzará a regir desde su publicación en La Gaceta, Diario Oficial”.

[10] Sentencia de las 11:30 a.m. de 28 de enero de 1914, B.J. págs. 342-344, Cons. I, II, y IV: “... punto esencial y de fondo... en el caso concreto consiste en resolver si... como acreedor del Estado, tiene el derecho concedido a todo acreedor para pagarse en general con todos los bienes de su deudor, como se dice en el artículo 2335 C., o si tal derecho está cercenado por lo dispuesto en las nuevas leyes promulgadas, de 17 de mayo de 1912 y de 27 de febrero de 1913, dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente... al alegarse la nulidad del embargo efectuado en la casa deslindada y de lo actuado en consecuencia, el representante del Fisco no objeta ni la competencia del Juez, ni otro defecto alguno en la forma del proceso, sino la falta absoluta de acción en el ejecutante para proceder contra una propiedad determinada, la del Estado, por no existir ya respecto del Fisco aquella acción real o hipoteca general de bienes que afecta todos los bienes del deudor a favor de su acreedor... el punto que se debate no versa sobre una simple nulidad de procedimiento, sino sobre la acción misma, o el derecho que se haya tenido de trabar y sacar a remate una finca determinada de pertenencia del Estado. Es en esta virtud que la sentencia recurrida ha podido y ha debido llamarse con propiedad, sentencia de término... si bien puede ser cierto que el señor Goodman, según el artículo 2335 C. pudo considerar afectos a su crédito todos los bienes de su deudor, el Estado, también lo es, que sin dejar de tener derecho a ser pagado, ya que no se le desconoce su calidad de acreedor, la acción concedida por el artículo 2335 citado ha sido modificada y aun extinguida en parte, conforme a lo preceptuado en las nuevas leyes a que se refiere el considerando anterior. Tal ha sido la mente del Legislador... aunque se trata de una ley que regula derechos civiles, debe conceptuarse ella de orden público, en cuanto provee al régimen de los bienes fiscales que son condición esencial de la existencia y organización del Estado... haciendo aplicación a las leyes de 17 de mayo de 1912 y de 27 de febrero de 1913, lo que ha debido fayarse (sic) es: que el señor Goodman, como acreedor del Fisco, no tiene acción para hacer subastar bienes del Estado; y que en consecuencia el embargo hecho ha quedado ineficaz, y nula cualquiera otra diligencia en el sentido de efectuar tal subasta, sin perjuicio de la declaratoria hecha en la sentencia de remate en cuanto a la existencia del crédito”.

[11] Arts. 113 y 145 de la Ley N° 350/2000, Ley de Regulación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

[12] Art. 43 párr. 1º Ley de Municipios, Ley Nº 261 de 22 de agosto de 1997, La Gaceta Nº 162 de 26 de agosto de 1997: “Los bienes públicos municipales son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. El Reglamento de la presente Ley determinará los aspectos de naturaleza registral que identificarán los bienes de dominio público municipal...”.

[13] Art. 82 num. 3 Cn.: “Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial:... 3 La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto para la protección de su familia y en los términos que establezca la ley...”.

Art. 85 C.T.: “Todo trabajador tiene derecho a un salario. Salario mínimo es la menor retribución que debe percibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada ordinaria de trabajo, de modo que le asegure la satisfacción de las necesidades básicas y vitales de un jefe de familia. El salario mínimo será fijado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo que se regirá conforme la ley”.

Art. 92 C.T.: “El salario mínimo es inembargable, excepto para la protección de la familia del trabajador”.

[14] Art. 13 párr. 2º Ley de Alimentos, Ley Nº 143 de 18 de febrero de 1992, La Gaceta Nº 57 de 24 de marzo de 1992: “... Los alimentos son inembargables. No son compensables con ningún tipo de deuda, tendrán un derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante”.

[15] Ley Nº 160 de 9 de junio de 1993, El Nuevo Diario de 9 de julio de 1993: Art. 13: “Los derechos y beneficios conferidos por esta ley en favor de las personas jubiladas son inembargables, innegociables e irrenunciables y no constituyen derecho sucesorio.”.

[16] Art. 3 Reglamento a la Ley Nº 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, Decreto A.N. Nº 3584 de 9 de julio de 2003, La Gaceta Nº 186 del 2 de octubre de 2003: “Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones: ... Tierra Comunal: Es el área geográfica en posesión de una comunidad indígena y/o étnica, ya sea bajo titulo real de dominio o sin él. Comprende de las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, religiosas y espirituales, incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios y otros lugares sagrados de la comunidad. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles”.

[17] Art. 43 párr. 2º Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, Ley Nº 561 de 27 de octubre de 2005, La Gaceta Nº 232 de 30 de noviembre de 2005: “Los depósitos de ahorro de personas naturales, que tengan por lo menos seis meses de duración en un mismo banco depositario, contados desde el momento de apertura de la cuenta, serán inembargables hasta por la suma de ciento cincuenta mil córdobas en total por persona, a menos que se trate de exigir alimentos, o que dichos fondos tengan como origen un delito. El monto aquí estipulado será actualizado por el Consejo Directivo de la Superintendencia por lo menos cada dos años en caso de variaciones cambiarias de la moneda nacional y deberá publicarlo en un diario de amplia circulación nacional, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial”.

[18] RESOLUCIÓN Nº CD-SIBOIF-401-4-ENE31-2006, de 31 de enero de 2006, La Gaceta Nº 37 del 21 de Febrero del 2006: “El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras...; En uso de sus facultades, ha dictado la siguiente: Norma Sobre Actualización del Monto de los Depósitos de Ahorro de Personas Naturales que son Inembargables: Artículo 1.- Actualizar en ciento setenta mil córdobas (C$170,000.00), el monto de los depósitos de ahorro de personas naturales que son inembargables. Artículo 2.- La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial”.

[19] Art. 65 Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, Ley Nº 551, de 3 de agosto de 2005, La Gaceta Nº 168 del 30 de Agosto del 2005: “Los activos de las entidades financieras en liquidación forzosa, no están sujetos a embargos, secuestros ni retenciones o restricciones de ningún tipo. Los jueces tampoco podrán tramitar demandas por obligaciones a cargo de una entidad financiera en liquidación. Cualquier embargo, secuestro o retención recaído sobre los activos de una entidad en liquidación forzosa, antes o durante el período de intervención, quedará sin efecto alguno a partir de la declaratoria de liquidación forzosa... Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en este artículo, será nulo absolutamente”.

[20] Circular de 31 de mayo de 1999: “... los jueces han de ser celosos en no realizar ni trabar embargos sobre bienes inembargables, tales como los descritos en los artos. 2084 C. y 1703 Pr., y las mercancías amparadas en bonos de depósito y bonos de prenda..., al igual que en todos aquellos casos en que el Derecho positivo vigente señale que los bienes sean inembargables, en cuyas circunstancias deben de abstenerse de llevar a cabo dichos embargos sobre ese tipo de bienes... La Corte Suprema espera que los dispuesto en esta Circular sea cumplido para evitar quejas de las partes y las sanciones que oportunamente se impondrán por falta de cumplimiento”.

[21] El Código de Procedimiento Civil, en los arts. 886 y 887 Pr. usa la palabra “proceder”, pero la redacción de esos artículos deja ver que se trata de un error tipográfico o de redacción.

[22] Sentencia de las 11:00 a.m. de 14 de febrero de 1913. B.J. pág. 38, Cons. III: “... por lo que hace a los artículos 886, 887 y 890 Pr.... este Tribunal estima que la palabra ‘deuda’ usada en el último de dichos artículos, no solamente se refiere a una deuda clara y líquida que consiste en una cosa cierta y determinada, sino también a cualquier otra clase de deudas, bien sean puras y simples, condicionales, personales, reales, legales o civiles, todo de conformidad con la verdadera acepción de la voz deuda, que es un ‘obligación que alguno tiene que pagar, satisfacer o reintegrar a otro alguna cosa’, y con tal que el objeto, que se reclama sea en metálico, o géneros, especies o efectos que puedan reducirse a cantidad líquida en metálico... en virtud de lo expuesto, no es necesario que el solicitante del embargo preventivo sea precisamente acreedor cierto y declarado... sino que basta que persiga, aunque sea en juicio ordinario, al que conceptúa como su deudor para obtener de él, el cumplimiento de una obligación, si ésta, como se ha dicho, puede reducirse a cantidad líquida determinada; o en otros términos, no es indispensable que la acción que se entable sea por una cantidad líquida, sino que basta que esa acción sea susceptible de ser reducida a tal extremo y que pueda así declararse en la sentencia respectiva...”.

Sentencia de las 12:00 m. de 28 de octubre de 1943, B.J. pág. 12216, Cons. III: No ha lugar al embargo preventivo en un juicio en que se discute si una persona tiene o no la obligación de rendir cuentas, pues el actor no puede ser tenido como acreedor de un reclamo reducible a metálico.

[23] Consulta de 24 de mayo de 1965, B.J. pág. 386: “De conformidad con el art. 19 de la Ley de 10 de noviembre de 1958, los jueces, so pena de nulidad, no decretarán embargos preventivos si en el libelo de solicitud no señala dónde se introducirá la demanda que haya de confirmarlo, lo que se hará constar en el mandamiento que se libre. El art. 2º de la misma Ley manda que una vez practicado el embargo dentro de las veinticuatro horas a más tardar, el juez ejecutor envíe al juzgado señalado para la radicación del juicio, las diligencias prejudiciales del embargo preventivo. El retardo en el envío hará responsable al juez respectivo, de los daños y perjuicios ocasionados, además de incurrir en una multa de trescientos córdobas (C$300.00) a favor de la Junta de Asistencia Social de la jurisdicción del juez culpable. Se vé de lo anteriormente dicho que los jueces locales en lo civil, igualmente competentes junto con los de Distrito del mismo ramo para acordar embargos preventivos, no obstante la cuantía, de conformidad con el art. 899 Pr. están obligados a remitir lo diligenciado al juzgado que el solicitante haya indicado”.

[24] Esto significa que el fiador debe ser persona responsable y propietario de bienes raíces con valor suficiente para responder de los eventuales daños y perjuicios, por lo que se exige que presente no solo la certificación de libertad de gravamen del inmueble, sino también el avalúo catastral del mismo.

Consulta de 17 de marzo de 1950, B.J. pág. 15389: “Los jueces deben exigir a los fiadores de embargos constancias del Registro sobre que tienen bienes inscritos, libres de gravamen, y el valor de estos, agregando esas constancias a los autos”.

Consulta de 5 de febrero de 1971, B.J. pág. 330: “El fiador en los embargos preventivos debe ser persona domiciliada en el lugar del cumplimiento de la obligación y propietario de bienes raíces inscritos, libres de gravamen y de valor suficiente, debiéndose agregar a los autos la constancia registral”.

[25] Circular de 31 de mayo de 1999: “... conforme el arto. 3675 inc. 2 C... el fiador no solamente debe ser de responsabilidad, sino propietario de bienes raíces; y aunque la misma disposición agrega ‘a juicio del juez’, esto solamente es para bastantear la garantía ofrecida, pero no para eximir al fiador de su calidad de propietario... deben los jueces tener buen cuidado de admitir a una misma persona solamente como fiador en muchos embargos a la vez, extralimitando su capacidad económica, siendo esto posible si ésta fuera suficientemente holgada”.

[26] Sentencia de las 11:00 a.m. de 14 de febrero de 1913. B.J. pág. 38, Cons. IV: “... el embargo preventivo... ha sido instituido con el único objeto de no dejar burlados los derechos que se reclaman, sin que pueda decirse que dicho embargo causa daños y perjuicios efectivos, porque si tal cosa sucedía de conformidad con el Código de Procedimientos anterior, ellos fueron obviados por la ley de 3 de octubre de 1889 y ahora por el artículo 888 Pr., del actual, con el establecimiento de la fianza, toda vez que el interesado está en la obligación previa de rendirla, con persona abonada y de arraigo, que pueda responder suficientemente por aquellos”.

[27] Consulta de 22 de enero de 1944, B.J. pág. 12387: “No es nula el acta de fianza de un embargo por no expresar que el fiador responde por la cosa embargada sino sólo por los daños y perjuicios. La deficiencia puede subsanarse antes o después del embargo con una nueva acta en que aparezca el fiador”.

Consulta de 19 de octubre de 1971, B.J. pág. 325: “Consulta si puede decretarse la nulidad de un embargo preventivo cuando el fiador no ha presentado constancia de ser propietario de bienes raíces inscritos libres de gravamen y el valor de ellos. En respuesta comunico a Ud., con instrucciones de los señores Magistrados, que en opinión del Tribunal la omisión del juez en exigir la certificación registral le hace incurrir en una sanción disciplinaria, pero no produce la nulidad de embargo. La parte a quien favorece la fianza tendrá derecho a impugnarla conforme el arto. 30 Pr.”.

Art. 30 Pr.: “Siempre que conforme a lo prescrito en este Código se obligue a alguna parte a prestar fianza, se entenderá ésta a juicio del juez, bajo su responsabilidad; es decir, él satisfará el valor de la fianza; pero aquel a quien favorece, mientras penda el juicio, podrá ser admitido a impugnarla, por razones que el mismo juez estimará. En esto se procederá sumariamente y en pieza separada, cuando el trámite pueda interrumpir el curso del negocio principal. Esta disposición es aplicable al nombramiento que se haga de depositario”.

[28] Ley Nº 561 de 27 de octubre de 2005, La Gaceta Nº 232 de 30 de noviembre de 2005.

[29] Art. 3964 num. 4º C.: “Pueden inscribirse provisionalmente: ... 4º El decreto de embargo y secuestro de bienes raíces. Esta inscripción durará treinta días; y si dentro de este término no se presenta el embargo hecho para su inscripción, queda cancelada sin necesidad de declaratoria ni de asiento...”

[30] Consulta de 15 de marzo de 1963, B.J. pág. 596: “El mismo decreto en que se acuerda un embargo preventivo, sirve al ejecutor para trabarlo, sin necesidad de nueva providencia cuando los bienes sobre los que recae están situados dentro de la jurisdicción del juez que lo decretó. Si dichos bienes están en jurisdicción diferente, el interesado debe recurrir al juez de Distrito de esa jurisdicción para que proveyendo el respectivo ‘cúmplase’... se les autorices para la correspondiente traba en esos otros bienes”.

[31] Art. 902 párr. 4º Pr.: “Será nombrado depositario de los bienes embargados preventivamente, el propietario de ellos, el que los tuviere en posesión, o el dueño del lugar en donde se encontraren dichos bienes. Se nombrará depositario de los bienes secuestrados al que los tuviere en posesión o al dueño del lugar en donde se encontraren” (párrafo reformado por Ley de 3 de mayo de 1993).

Circular de 22 de diciembre de 1971, B.J. pág. 334: “... Con harta frecuencia ha notado el Supremo Tribunal que algunos jueces decretan y practican embargos durante las vacaciones de Navidad y nombran depositarios que carecen del arrigo y de la responsabilidad necesarias, con grave daño a terceros. Para evitar esos abusos el Supremo Tribunal, por mi medio, previene a Uds., que al practicar embargo, y especialmente en aquellas oportunidades, se ciñan estrictamente a la ley, depositando lo embargado, cuando se trata de bienes raíces, en el verdadero dueño o posedor (artículo un mil setecientos once del Código de Procedimiento Civil)... Acuse recibo. De Ud. Atto. y S. S. R. Sotomayor. Srio. Corte Suprema de Justicia”.

Circular de 31 de mayo de 1999: “... los jueces..., deben ser estrictamente cuidadosos en nombrar como depositario de los bienes embargados preventivamente, al propietario de ellos que los tuviere en posesión, o al dueño del lugar en donde se encontraren dichos bienes, y respecto de los bienes secuestrados al que los tuviere en posesión o al dueño del lugar en donde se encontraren... La Corte Suprema espera que los dispuesto en esta Circular sea cumplido para evitar quejas de las partes y las sanciones que oportunamente se impondrán por falta de cumplimiento”.

[32] Sentencia de las 11:00 a.m. de 6 de agosto de 1962, B.J. pág. 320, Cons. VI: “... la aserción del Juez Ejecutor de que el jeep de la controversia estaba en posesión del señor Jorge Morales, no puede ser aceptada por el Tribunal por el simple dicho de aquel, desde luego que el vehículo pudo haber estado en poder del señor Morales mencionado en un concepto distinto del de poseedor que le atribuyó el ejecutor.... Y en cuanto al informe rendido posteriormente y a solitud del tercerista por el mismo ejecutor del embargo, debe decirse que aunque lo que relata en ese informe es lo que dice que ocurrió al trabar el embargo, su dicho no tendría más fuerza que la de un testigo corriente, si estuviera revestida de las formalidades legales, ya que el artículo 1713 Pr. señala que es lo que se debe asentar en el acta respectiva. Por consiguiente, sobre eso es que hace fé el acta levantada por el ejecutor; esa falta de valor probatorio se acentúa al observar que cuando el ejecutor amplió el informe, su comisión ya había expirado y por lo mismo no podía hablar con la representación estatal en el ramo judicial de que está investido un Juez Ejecutor en el desempeño de su cargo...“.

[33] Consulta de 3 de septiembre de 1968, B.J. pág. 425: “Que la disposición legal citada, de acuerdo con su propio contenido, dispone en lo general que ‘se llevará a efecto el embargo preventivo, si en el acto de hacerlo, o después, la persona contra quien se haya decretado, pagare, pusiere en manos de un tercero las sumas que se le reclamen, o diere suficiente seguridad de restitución o pago, según convenga’. Dentro de una elemental hermenéutica, se deduce que en su aplicación práctica, tal disposición legal da oportunidad para que un embargo preventivo no se efectúe si antes de trabarlo, él rindiera las expresadas garantías; si ellas se ofrecen antes de efectuar o trabar el embargo, el ejecutor se abstendrá de trabarlo, suspendiendo toda diligencia ‘hasta que el juez que lo decretó, con conocimiento de la seguridad ofrecida, determine lo conveniente’, pero adoptará, mientras tanto, bajo su responsabilidad, las medidas oportunas para evitar la ocultación de bienes y cualquier otro abuso que pudiere cometerse; pero si aquella garantía se ofreciere ya efectuado el embargo, es el juez ordinario que lo decretó o el que conozca del juicio en que incida el embargo, el que ha de resolver sobre el levantamiento solicitado, arto. 1730 Pr., ya que en tales casos, el juez ejecutor, o sea la persona que trabó el embargo, una vez efectuado, su actuación en el asunto queda definitivamente concluida. Conforme la disposición legal consultada, los ejecutores de embargos preventivos carecen de facultades para levantar esos embargos, pues, solo pueden, antes de trabarlo, abstenerse de hacerlo, pero adoptando las seguridades de que se habló”.

[34] Consulta de 30 de mayo de 1966, B.J. pág. 329: Si se ha embargado una parte mayor de un sueldo que la autorizada por la ley, el retenedor no puede desobedecer la orden del juez, pero el deudor puede reclamar contra la orden de entrega.

[35] Esto vale tanto para el embargo preventivo como para el ejecutivo.

[36] Consulta de 9 de junio de 1972: “... hace al Supremo Tribunal de Justicia la siguiente consulta: ‘Si es posible para practicar cualquier clase de embargo allanar o romper una puerta, cuando el deudor para evitar todo se ausenta de la ciudad dejando encerrado lo que es embargable’... se le recuerda a Ud. que la inviolabilidad del hogar es una garantía constitucional (arto. 58 Cn.) y sólo se puede allanar en los casos que ella lo permite y, además, en ciertos casos autorizados, de previo se deben llenarrequistos legales, principalmente cuando se trata de derribar o romper puertas exteriores (artos. 58 Cn. y 136 y sigts In.)”. Las disposiciones vigentes son el art. 26 Cn. y los arts. 241, 242 y 246 CPP.

[37] Art. 904 Pr.

[38] Art. 100 LOPJ: “El proceso que deba elevarse en virtud de un recurso, se remitirá del inferior al superior y viceversa, cerrado, foliado, sellado y con oficio en que se exprese el foliaje y el objeto del proceso adjunto. Tanto el superior como el inferior deben acusar recibo en el acto de haber llegado el juicio al Juzgado o Tribunal. Los gastos en que se incurra por la remisión y devolución corren por cuenta del Poder Judicial”.

Art. 54 RLOPJ: Las regulaciones operativas necesarias para garantizar el financiamiento de los gastos en que se incurra en los Despachos Judiciales, en concepto de remisión y devolución de expedientes, a que hace referencia el Arto. 100 LOPJ, serán determinadas y comunicadas a los Titulares de dichos Despachos por la Secretaría General Administrativa.

[39] Circular de 22 de diciembre de 1971, B.J. pág. 334: “... Señores Jueces de Distrito y Locales. Toda la República.... se les previene que en ningún caso deberán entregarse las diligencias de embargo, ya efectuado, a los interesados, sino remitiéndolas al juez que ha de conocer del juicio, en la forma legal. Acuse recibo. De Ud. Atto. y S. S. R. Sotomayor. Srio. Corte Suprema de Justicia”.

[40] Sentencia de las 10:00 a.m. de 10 de diciembre de 1925, B.J. pág. 5377, Cons. III: “No es el simple decreto judicial sino la realización del embargo lo que puede ocasionar daños y perjuicios, y sirve de punto de partida de los quince días a que se refiere el arto. 2 del Decreto de 25 de enero de 1910”.

Consulta de 5 de febrero de 1973, B.J. pág. 294: “Consecuentemente con lo que dispone el arto. 893 Pr. y su reforma, el término de quince días empieza a correr desde el día en que se efectuó el embargo o secuestro o desde la inscripción del decreto respectivo, pero de conformidad con el arto. XXVI del Título Preliminar Civil los términos de días se contarán de media noche a media noche, no de momento a momento, es decir, si el decreto de embargo se inscribió o el embargo fue trabado a las 3 p.m. del 15 de noviembre, los quince días empezarán a correr a las 12 de la noche del mismo 15 de noviembre y vencerán el 30 de noviembre a las doce de la noche”.

Consulta de 5 de octubre de 1972, B.J. pág. 402: “Cómo computar quince días de un embargo preventivo efectuado en días que vacan los tribunales. De acuerdo con la Ley de 13 de diciembre de 1939... durante las vacaciones quedan suspensos los términos judiciales, y en consecuencia el primer día después de pasadas las vacaciones serían el primer día hábil, y desde ese día se empezarán a contar los quince días”.

Art. 90 LOPJ: “Los tribunales y demás funcionarios de justicia gozarán de vacaciones cada año durante los períodos siguientes; Del veinticuatro de diciembre al seis de enero inclusive, y del Sábado de Ramos al Lunes de Pascua inclusive. Durante esos períodos los términos judiciales quedarán en suspenso para los efectos legales”.

Art. 91 LOPJ: “Seguirán actuando en el período de vacaciones: ... los jueces de lo civil para efectuar matrimonios, embargos y secuestros preventivos, aseguramiento de bienes litigiosos y aposiciones de sellos”.

[41] Art. 5º Ley de 19 de marzo de 1923: “Los quince (15) días a que se refiere el artículo 2º de la Ley de 25 de enero de 1910, reformatoria del artículo 893 Pr., se contarán desde el día de la inscripción del decreto respectivo, en su caso”.

[42] Art. 893 Pr.

[43] Art. 176 Pr.: “Los derechos para cuyo ejercicio se concediese un término fatal o que suponga un acto que deba ejecutarse en o dentro de cierto término, se entenderán irrevocablemente extinguidos por el ministerio solo de la ley, si no se hubieren ejercido antes del vencimiento de dichos términos”.

Art. 3971 C.: “La inscripción provisional cuando se refiere a decreto de embargo... quedará cancelada por el hecho de dejar transcurrir los términos de la ley sin presentar el embargo ya verificado...”

[44] Art. 88 Párr. 2º LOPJ: “Para efectos de los términos judiciales, los sábados y domingos se computarán como un solo día”.

[45] Art. XXX Tít. Prel. C.: “Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la media noche del último día...”.

Art. XXXI Tít. Prel. C.: “En los plazos que señalen las leyes..., se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así”.

Art. XXXII Tít. Prel. C.: “Las disposiciones de los artículos anteriores serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes,... siempre que en las leyes... no se disponga de otro modo”.

[46] Art. 162 Pr.: “Cuando el día último de un término sea inhábil, se entenderá que el último día del plazo es el siguiente que sea hábil”.

[47] Art. 3529 párr. 1º C.: “Verificado un embargo provisional de bienes, no es necesario confirmarlo después; el Juez que conoce de la causa se concretará a notificar el mandamiento al depositario nombrado. Lo mismo se observará siempre que los bienes en que deba recaer un embargo, lo estuvieren ya por orden de Juez competente.”

[48] Art. 903 Pr.

[49] Art. 902. Párr. 1º, 2º y 3º Pr.: “No se llevará a efecto el embargo preventivo, si en el acto de hacerlo, o después, la persona contra quien se haya decretado, pagare, pusiere en manos de un tercero las sumas que se le reclamen, o diere suficiente seguridad de restitución o pago, según convenga. En este caso, los ejecutores del embargo, suspenderán toda diligencia hasta que el juez que lo decretó, con conocimiento de la seguridad ofrecida, determine lo conveniente, si bien adoptará entre tanto, bajo su responsabilidad, las medidas oportunas para evitar la ocultación de bienes y cualquier otro abuso que pudiera cometerse. Para los efectos del Arto. 3527 C., se declara, que cuando la escritura pública exhibida por el tercero que alega dominio en los bienes secuestrados o que se pretendan secuestrar, fuere otorgada antes de dos años, o menos, del vencimiento de la deuda, por la persona de quien se demanda la obligación que ha dado origen al secuestro, se llevará adelante éste, quedando al tercero su derecho a salvo para promover la correspondiente tercería de dominio. Esto se entenderá en los embargos preventivos y en los ordinarios...”.

[50] Consulta de 8 de junio de 1948, B.J. pág. 14310: “... consulta que si decretado y practicado un embargo preventivo por esa autoridad, puede levantarse ese embargo rindiendo fianza de persona abonada y de arraigo de conformidad con el Art. 902 Pr. La Corte Suprema considera que mientras el embargo preventivo no haya sido amparado con la respectiva demanda, el supuesto deudor puede discutir incidentalmente la sustitución del embargo por la fianza”.

[51] Consulta de 27 de octubre de 1966, B.J. pág. 343: “La solicitud de levantamiento de un embargo preventivo mediante fianza, lo prescribe el arto. 902 Pr.; y como tal disposición legal no prescribe trámite alguno para resolver, es obvio decir que el levantamiento referido se decreta sin ningún trámite previo; en caso de que el levantamiento se solicite después de presentada la demanda, se tramitará como incidente. En ambos casos la resolución es apelable”.

[52] Consulta de 19 de agosto de 1970, B.J. pág. 352: “... 1) Si debe concedérsele al tercero que pretende su dominio sobre los bienes embargados previamente, y ha entablado su tercería, fundada ésta en documento público, la facultad concedida en el inciso uno del arto. 902 Pr., o es únicamente la persona contra la que se decreta embargo la que puede hacer uso de tal facultad. 2) En consulta visible en B.J. 343 de 1966 se lee que cuando la conversión del embargo preventivo se solicite después de presentada la demanda, tal solicitud se tramitará como incidente, siendo tal resolución apelable. ¿Esta apelación deberá admitirse en ambos efectos de acuerdo con la norma general señalada para los incidentes, o deberá admitirse en un solo efecto? Con instrucciones del Supremo Tribunal digo a Ud. Lo siguiente; 1) De conformidad con el art. 902 Pr., sólo la persona contra quien se haya decretado el embargo preventivo tiene la facultad de evitar que se lleve a efecto, de solicitar su conversión o levantamiento una vez practicado, poniendo en manos de un tercero las sumas que se le reclaman, u otorgando suficiente seguridad de restitución o pago, según convenga. 2) No indicando la Ley un trámite específico para las solicitudes de conversión o levantamiento del embargo preventivo, dentro del juicio, esta Corte Suprema ha señalado, como se vé en la consulta que Ud. cita, el trámite de los incidentes. Ello no quiere decir, sin embargo, que constituyen incidentes de los juicios en que se hacen, pues no tienen las características de tales, según resulta del contexto de los artos. 237 y 238 Pr. Cuando la solicitud de conversión se deniega, sea antes o ya iniciado el juicio, se da el recurso de apelación en ambos efectos contra la resolución denegatoria; pero si la solicitud se admite y para acordar cualquiera de las garantías se cumple con lo establecido en el arto. 30 Pr., contra dicha resolución no debe darse el recurso de alzada, porque la ley no lo prescribe y porque la garantía se adopta bajo la responsabilidad del juez. Todas las gestiones sobre el levantamiento o conversión se llevan en pieza separad sin interrumpir el juicio principal”.

[53] Art. 2131 Pr.: “Ante el juez que conoce del juicio en que incide un embargo preventivo, puede interponer apelación el deudor contra la providencia que lo decretó, o un tercero contra las providencias del ejecutor, para el solo efecto de que el superior respectivo resuelva si el secuestro es procedente conforme a lo dispuesto en el Título VII, Parte 3ª de este Código. La solicitud se tramitará sin interrumpir el curso del negocio principal, admitiéndose la alzada en el efecto devolutivo; y el término para usar de este derecho será para el tercero o deudor, el de tres días más el de la distancia, contados desde que el deudor haya tenido conocimiento de las diligencias de embargo, ya por el emplazamiento o traslado para contestar la demanda, ya por cualquiera otra providencia que se le hubiere hecho saber legalmente en el asunto principal. Si el secuestro naciere en el juzgado o tribunal de 2ª instancia, podrá interponerse el recurso de casación sin suspenderse el asunto principal”.

[54] Art. 3529 C.: “Verificado un embargo provisional de bienes, no es necesario confirmarlo después; el juez que conoce de la causa se concretará a notificar el mandamiento al depositario nombrado. Lo mismo se observará siempre que los bienes en que deba recaer un embargo, lo estuvieren ya por orden de juez competente”.

Art. 896 Pr. “Verificado un embargo preventivo, no es necesario confirmarlo después;: el juez que conoce de la causa se concretará, a su tiempo, a notificar el mandamiento al depositario nombrado. Lo mismo se observará siempre que los bienes en que deba recaer el embargo, lo estuvieren ya por orden de juez competente”.

Art. 1727 Pr.: “En todo embargo o retención se observará lo dispuesto en el arto. 3529 C.; teniéndose presente que una cosa ya embargada no podrá ser objeto directamente de nuevo embargo que la ponga a disposición también de distinto juez. En semejante caso, deberá enviarse exhorto al juez por cuyo mandato estuviere embargada, a fin de que no entregue al deudor el sobrante que pudiera haber del producto de la coda, pagado el acreedor a cuya instancia hubiere ordenado el embargo el juez requerido; o no desembargue la cosa mientras no reciba aviso del juez requirente de haber cesado la causa que motivó el exhorto”.

Consulta de 23 de agosto de 1972, B.J. pág. 397: “El artículo 896 Pr. no distingue en cuanto al tiempo de haber practicado el primer embargo para disponer como deberán llevarse a cabo los posteriores. No importa pues que la certificación, en poder del depositario, que pruebe la existencia de un embargo anterior, tenga 15 días o más de haber sido extendida, ni se perjudica el nuevo embargante, porque de no existir ya el primer embargo, por alguna razón legal que necesite ser declarada o no, la medida precautelar ejecutada de conformidad con el artículo percitado pasaría a ocupar lugar preferente”.

[55] Art. 1709 Pr.: “Los bienes embargados se depositarán en persona la persona que nombre el ejecutante, y en su defecto el ejecutor, siempre que reúna las circunstancias de honradez y arraigo”.

[56] Art. 1710 Pr.: “Cuando en concepto del juez, no fuere notoria la responsabilidad o abono del depositario nombrado, y lo solicitare una de las partes, le exigirá una fianza a satisfacción del mismo juez, de llenar cumplidamente los deberes de tal depositario. Si exigida la fianza no se prestare dentro del término que el juez señale, por el mismo hecho se entenderá removido el depositario del ejercicio del cargo” (art. 30 Pr.).

[57] Art. 1711 Pr.
Circular de 22 de diciembre de 1971, B.J. pág. 334: “... Señores Jueces de Distrito y Locales. Toda la República... el Supremo Tribunal, por mi medio, previene a Uds., que al practicar embargo..., se ciñan estrictamente a la ley, depositando lo embargado, cuando se trata de bienes raíces, en el verdadero dueño o posedor (artículo un mil setecientos once del Código de Procedimiento Civil).... Acuse recibo. De Ud. Atto. y S. S. R. Sotomayor. Srio. Corte Suprema de Justicia”.

[58] Art. 1706 Pr.: “Puede el acreedor concurrir al embargo y designar, si el mandamiento no lo hiciere, los bienes del deudor que hayan de embargarse, con tal que no excedan de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación por el ejecutor encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que resuelva el Juez a solicitud de parte interesada”.

Art. 1707 Pr.: “No designando el acreedor bienes para el embargo, se verificará éste en los que deudor presente, si en concepto del ejecutor encargado de la diligencia, fueren suficientes, o si, no siéndolo, tampoco hubiere otros conocidos.”

[59] Art. 891 Pr.: “Todo acreedor puede, en virtud de instrumento ejecutivo, pedir que se retenga en manos de un tercero, las sumas, frutos o efectos que éste tenga pertenecientes a su deudor. El juez accederá desde luego a la solicitud, y la retención se tendrá como embargo preventivo. Los intereses convencionales o legales de las sumas retenidas, continuarán corriendo hasta que el pago se verifique; y el deudor en cuyo poder se hace la retención, secuestro o embargo, no tendrá derecho a que se le pague honorario como secuestre. El deudor en cuyo poder se hiciere la retención podrá renunciar sin causa este cargo, y pondrá a disposición del juez que haya dictado la providencia las sumas debidas y los intereses que se hubiesen devengado”.

Art. 2055 C.: “Págase por consignación, haciéndose depósito de la suma o cosa que se debe”.

Art. 2056 C.: “La consignación podrá hacerse ante el juez de Distrito de lo civil, o ante notario”.

Art. 2057 num. 5º C.: “La consignación tiene lugar:... 5º Cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor, y éste quisiere exonerarse del depósito”.

[60] Art. 1720 Pr.: “El embargo preventivo o formal de sueldos o pensiones satisfechos por el Estado u otra corporación pública se hará oficiando al funcionario que deba cubrirlos, para que se retenga la parte que conforme a la ley sea embargable”.

Consulta de 4 de noviembre de 1964, B.J. pág. 535: “Si varias retenciones recaen sobre un mismo sueldo, el Tesorero General avisará al juez que decretó la posterior y se abstendrá mientras tanto de atenderlas. Si la primera retención sobrepasa el porcentaje legal, el Tesorero no puede negarse a cumplirla”.

[61] Art. 1721 párr. 1º Pr.: “Si se embargan preventiva y formalmente créditos, sueldos, pensiones o dividendos que deban pagarse por compañías o particulares, se hará saber a éstos que al vencer el plazo en que hubiere de satisfacerse la pensión, sueldo, dividendo o crédito, se entregue al depositario, si lo hay, o se retengan a disposición del Juzgado, bajo la pena de abonarle le nuevo si lo pagasen al deudor u otra persona que no fuere el depositario nombrado o el que lo reemplace por decreto judicial.”

[62] Art. 1722 Pr.: “La responsabilidad impuesta por el artículo anterior, es sin perjuicio de la que competa a los retenedores como depositarios que son, al tenor de lo dispuesto en el Código Civil y en el Penal, en su caso”.

Art. 2018 párr. 1º C.: “El pago hecho por el deudor a su acreedor, no obstante embargo de las deudas o mandato del Juez de retener su pago, o acto de oposición en la forma establecida por la ley, no es válido”.

Art. 2509 C.: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”.

Art. 2521 inc. 1 C.: “El apremio corporal tiene lugar: 1º Contra todo depositario por depósito judicial que requerido para la devolución de la cosa u objetos depositados, no la verifique en el término legal o en el que le señale al efecto la autoridad respectiva”.

Art. 2523 C.: “La persona contra quien se decrete apremio, sufrirá la pena todo el tiempo de su omisión o renuencia a obedecer la orden judicial que motive su arresto. El apremio corporal no durará más de un año ni las multas excederán de mil pesos; y ya sea que la persona lo sufra o que evite su arresto o el pago de las multas, siempre será responsable con sus bienes presentes y futuros a las acciones que contra ella se deduzcan”.

Art. 283 num. 4 Pn.: “Comete delito de estafa el que con ánimo de lucro y en perjuicio del patrimonio de otro verifica con éste un convenio o realiza actos valiéndose para ello de cualquiera de los siguientes métodos: ... 4) Negando haber recibido, negándose a restituir o no restituir a su debido tiempo sin impedimento físico que lo justifique, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo del Apremio Corporal del Código Civil”.

Art. 284 Pn.: “Los autores del delito de estafa sufrirán las siguientes penas: a) Prisión de 6 meses a 1 año, si la estafa es mayor de cien córdobas y no pasa de quinientos córdobas; b) Con prisión de 1 a 3 años si el valor de la estafa excede de quinientos córdobas y no pasa de cinco mil córdobas; c) Con prisión de 3 a 6 años si el valor de la estafa es superior a cinco mil córdobas”.

[63] Arts. 3529 C. y 1727 Pr.

[64] Art. 3514 C.

[65] Art. 1461 C.: “Si reivindicándose una cosa corporal mueble hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá el actor pedir su secuestro; y el poseedor está obligado a consentir en él o dar seguridad suficiente de restitución para el caso de ser condenado a restituir. Si la seguridad consiste en fianza, se entenderá ésta ordenada por el juez, y se asentará en el expediente en diligencia apud acta”.

[66] Art. 1469 párr. 1º C.: “Si se demanda el dominio u otro derecho real, constituido sobre un inmueble, el poseedor seguirá gozando de él, hasta la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada...”.

[67] Art. 1469 párrs. 2º y 3º C.: “... el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias para evitar el deterioro de la cosa, según se ha dicho, y el de los muebles y semovientes anexos a ella y comprendidos en la reivindicación, en ambos casos, si hubiera justo motivo de temerlo, o las posibilidades del demandado no ofrecieren suficiente garantía. A esto mismo tendrá derecho el demandante por rescisión o nulidad de un contrato sobre bienes inmuebles”. Esta tesis es generalmente admitida en la práctica forense. Existe un precedente de opinión de la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de Masaya (Sentencia de las 9:40 a.m. de 13 de septiembre de 1962).

[68] Art. 3515 C.

[69] Art. 3525 C.

[70] Arts. 2835 y 2857 C.

[71] Art. 3750 C.

[72] Arts. 889 y 888 Pr.

[73] Arts. 3527 y 3526 C.

45 comentarios:

Jose Ulises dijo...

Jose Ulises Carballo Nicaragua

me satisface mucho que un compañero de la universidad haga publicos sus conocimientos y practica sobre un área del derecho muy sensible, de mucha utilidad tanto para estudiantes de Leyes y para abogados litigantes, como para todos los ciudadanos que desean encomendar una labor de esta clase a cualquier profesional, es encomiable el hecho de poner a disposición de todos estos estudios

Anónimo dijo...

Si tienes un embargo por 65,800 y es una tercerta parte de lo adeudado lo que deduciran, es correcto que esta tercera parte se suma a la deuda?

Anónimo dijo...

Estimado Dr. muchas gracias por su ayuda, queria consultarle, en el mes de diciembre fue enbargado preventivamente por una suplidora de servicios basicos, por ser los dias feriados, fui al juzgado a ver mi situacion y segun ellos no habian bonificado el embargo en los 15 dias habiles que les tocaba hacerlo, lo hicieron una semana despues, me dicen que el juicio se cae por extemporaneo, pero ahora necesito saber que hacer para liberar el embargo y recuperar el dinero retenido??? mucho le agradecere su ayuda.

Aníbal Ruiz dijo...

Estimado señor:
Le han informado incorrectamente: el juicio seguirá adelante, aun cuando el embargo preventivo haya quedado sin efecto, si efectivamente no introdujeron la demanda dentro de los quince días que marca la ley. En cualquier momento su acreedor puede pedir y obtener un nuevo embargo.
Para recuperar las sumas retenidas a la orden del juez, pidale a este (por escrito) que declare el levantamiento del embargo, y que gire oficio al retenedor informámdole que queda liberado del cargo de depositario y que debe entregar al embargado as sumas retenidas.

Anónimo dijo...

Si los bienes del Estado no son embargables ¿cómo se obliga a cumplir con el pago de prestaciones sociales a un Ministerio del Estado? Ya se ha dictado sentencia a favor del demandante y se ha requerido al Ministerio deudor.

Anónimo dijo...

Buenas tardes Dr. en que momento se comienza a deducir en un embargo preventido, es decir si estoy a una semana del dia de pago y vienen un embargo preventivo cuando bebo deducir

Gracias

Jbermudez dijo...

Buenos días Doctor está atendiendo consultas sobre embargos?

Jbermudez dijo...

Mi consulta es la siguiente tengo un embargo donde dice que me van a quitar cierta cantidad de dinero, ya a finalizar la entidad financiera indica que debo todavía el 30% mas. En el documento de embargo y su confirmación no indican nada de ese 30% mas de deuda.

Gracias...

Jbermudez dijo...

según la entidad financiera el documento indica que ahi dice que es el valor del principal mas intereses mas mora mas gastos de ejecución pero no indican en el documento el total final.

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

La tercera parte adicional es para cubrir los intereses y costas del proceso, pero esas sumas no se le entregan así nomás al acreedor: primero el juez debe liquidar la obligación y las costas conforme los arts. 1745, 1789, 1790 y 1791 Pr., y el Código de Aranceles Judiciales. Hasta que no se liquide el crédito y las costas, no puede ordenarse al depositario del embargo la entrega al acreedor de las sumas retenidas al deudor hasta el monto que resulte de la liquidación. Si se retuvo de más, se le devuelve la diferencia al deudor.

Onell Antonio Gow dijo...

Muchas Gracias por compartir sus conocimientos y dar luz en un área del Derecho Procesal Civil

Anónimo dijo...

¿Soy fiadora de mi prima ella tiene una cartera reestructurada con el banco?
Por motivos económicos ella tiene 3 cuotas de atraso , sin embargo ella continua abonando continuamente aunque tiene aproximadamente 170 dolares de atraso ella paga mensual 56 dolares .. yo estaría en peligro que embargaran mi salario a pesar que ella continua abonando aunque no es como se debe .. por favor si pudiera contestar algún abogado o bien donde puedo llamar para no seguirlo siendo me esta afectando mi récord ella no es mala persona .. somos de nicaragua por favor ayudenme a donde puedo ir o llamar.

ME LLAMO VANIA

Anónimo dijo...

muy bueno el aporte, quiero hacerle una consulta, si yo he sido embargado por pension alimenticia,me pueden volver a embargar por deuda a un banco si ya estoy embargado. me han aplicado doble embargo y ya no me queda ni para el pasaje de mi salario

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimada Vania:

Usted aceptó libremente ser fiadora de su prima, y ahora no puede unilateralmente dejar de serlo: si su prima está incumpliendo con lo pactado, el acreedor (el banco, en este caso) puede ejecutarlas simultáneamente a ambas, a ella como deudora y a usted como fiadora solidaria.

Si eso ocurre, lo más que puede usted hacer es señalar bienes de su prima para que sobre ellos recaiga la ejecución y usted se vea afectada lo menos posible.

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimado amigo:

Sus acreedores pueden embargarle todo su salario, excepto el mínimo. Lo siento.

Anónimo dijo...

Estimado Dr. es un placer y un gusto saludarle pero además quiero agradecerle mucho por sus aportes y enseñanza a través de su blog. mi consulta es la siguiente; es posible realizar embargos preventivos en mercadería sean estos productos ferreteros u otros?

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimado amigo: El embargo puede recaer sobre cualesquier bien, acción o derecho que esté dentro del patrimonio del deudor y que la ley no disponga expresamente que es inembargable.

Anónimo dijo...

Buenos días doctor queria consultarle si se tiene un emabargo alimenticio y un embargo ejecutivo, se deba terminar con el embargo alimenticio primero y luego con el embargo ejecutivo o si hay un porcentaje minimo del salario que no puede ser embargado asi como se indica que en el sector publico no puede ser embargado los 2 tercios del salario

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

En el caso de deudas distintas a las de alimentos, si el salario no pasa de C$1,800.00 únicamente puede embargarse 2/3 del salario; y si pasa de esa suma, 2/3 de los C$1,800.00 y 1/2 de lo que sobrepase esa suma, menos lo que corresponda al salario mínimo.

Por ejemplo, si usted gana C$5,000.00, legalmente pueden embargarle como máximo C$3,400.00 (2/3 de C$1,800.00 = C$1,200.00 + 1/2 de C$3,200.00 = C$1,600.00); menos lo que corresponda para ajustar lo correspondiente al salario mínimo.

Tratándose de deudas por alimentos, puede ser embargado hasta el salario mínimo.

GUARRIOR dijo...

Buen Dia Doctor Ruiz, cuanto gusto y placer poderle saludar.
Soy licenciado en derecho en proceso de incorporacion en la corte suprema de justicia, mas sin embargo desde hace algun tiempo vengo tratando de inmiscuirme en lo que es el litigio, actualmente me encuentro en visperas de iniciar un proceso pero tengo algunas dudas las cuales considero usted me puede aclarar por eso me tomo el atrevimiento de hacerle esta consulta.
mi cliente es propietaria de un bien inmueble, sucede que en el año dos mil ocho hizo un credito con un particular en el cual puso como garantia su bien inmueble sucede que al momento de firma el documento del supuesto credito lo que firmo fue una compraventa lo que por su humildad y sencilles no pudo identificar, actualmente dicha escritura se encuentra inscrita en el registro de la propiedad. En el dos mil ocho se inicio un proceso de desahucio en su contra esto con el objetivo de despojarla de su propiedad no obstante ella nunca cedio se hizo la oposicion al desahucio bueno todo lo referente al proceso de desahucio, en la actualidad contamos con una sentencia la cual declara que la escritura de compraventa no es real que lo que oculta es un prestamo entre particulares a intereses excesivos por lo tanto dicha escritura no es valida la otra parte apelo de la sentencia pero dicha apelacion fue declarada desierta.
Doctor Ruiz mi interrogante es la siguiente en vista de que la escritura fue declara nula podria decirse pero el asiento aun sigue vigente para proceder a cancelarlo puedo recurrir con la sentencia que declara la nulidad de la escritura a demandar en la via ejecutiva la cancelacion del asiento o tendre que demandar la cancelacion del asiento en un proceso ordinario?
muchas gracias espero logre comprender mi caso de ante mano le agradezco la informacion que me pueda bridar

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimado Guarrior:

Lo más adecuado hubiese sido que en el fallo que declaró la nulidad de la escritura y del contrato de compraventa se hubiese ordenado la cancelación del asiento en cuestión, y si el juez no lo ordenó, pedir oportunamente la reforma del fallo con base al art. 451 Pr., para incluir ese punto (art. 116 párr. 1° y art. 121.3, ambos Ley General de Registros).

Cómo en este caso no se hizo así, va a tener que demandar la cancelación del asiento en la vía ordinaria (art. 116 párr. 3° Ley General de Registros).

No puede hacer uso de la ejecución de sentencia (arts. 509 Pr. y ss) porque ese fallo es meramente declarativo, y no existe en él ninguna condena a un dar, hacer o no hacer.

Si en el fallo de 1ra instancia, que ha quedado firme, el juez mandó a cancelar el asiento en cuestión, simplemente se presenta la ejecutoria al Registrador para que proceda a ella.

Anónimo dijo...

hola dr. es un gusto saludarle y decirle que sus aportes son de mucha utilidad. saludo

yarixa dijo...

dr. queria hacerle una consulta, yo también soy abogada y le quiero contar una experiencia desagradable que me ha pasado por impericia en alguna materia le soy sincera en decirlo, en fechas pasadas hace aproximadamente seis meses hice una un documento privado a unos clientes que se me presentaron la situación es que las personas que vinieron era una pareja mas el vendedor de una motocicleta que yo conocía ya que vive cerca de mi casa esta persona (el vendedor)tenia una moto la que no habia legalizado y menos habia dado hacer una escritura de compra venta pero se le aparecen un comprador para su moto el le explica los parametros de la venta que el no portaba un testimonio que le acreditara el dominio pero si les podia hacer la escritura directa del dueño que aparece en la circulación a lo que el comprador accedió pero se le hace un documento privado ya que el comprador no tenia todo el dinero para cancelar la moto y acordaron una fecha en el doc. privado asi mismo esta persona expreso que la moto era para el uso de su compañera de vida la cual estaba presente en el momento y asi quedo plasmado en el doc. posteriormente paso el tiempo y se presenta la esposa que era la que siempre andaba la moto a casa del que vendió a decirle que su marido le habia dicho le fueran donde la abogada a realizar la escritura de compra venta a su nombre y que le consiguiera la firma del hombre que aparece en la circulación tal y como habían acordado, el vendedor se dirige a mi y me dice que ya se iba a formalizar la venta que la que iba a salir como dueña iba ser la mujer del que había comprado en el doc. privado ya que el marido la habia autorizado y que el se encontraba en esteli motivo por el cual no podía venir y que de ahí se trasladaban a vivir a san carlos rio san juan y que el no podia venir y le tocaba a ella llevarse la moto legal con testimonio, ella portaba los documentos originales de la moto y yo le creí y el que vendio también ahora se presenta el comprador original a reclamar el por que se le habia extendido un testimonio a ella si el no la habia autorizado ya que no le extendió ningún poder y se presento a la policía y ahi me dijeron que me hiban a acusar de falsedad ideologica tipificada en el codigo penal arto. 284 y también se me iba a interponer una queja por parte del abgado del comprador, ante tl situación decidi pagar la moto y ahora quiero encontrar la via de recuperar parte de lo que perdi o bien la misma moto pero no se si me puede favorecer un secuestro preventivo para recuperar la reinvindicacion del la moto con la ayuda del comprador que aparece en el documento privado o si usted me puede ayudad a sugerirme una vía en la que siempre no salga perjudicada yo como notario, ya que firme un arreglo extrajudicial que no se me va a demandar en vía civil ni penal. de ante mano le agradezco

leonor dijo...

Estimado Dr. necesito me ayude y gracias por el apoyo que ha brindado a cada una de las personas que se lo han solicitado. Resulta que a la par de mi casa hay una venta que vende licor y se quedan los bebedores en la acera de la venta a consumir las bebidas alcolicas o bien se pasan a mi acera, me dejan la basura de las latas de cerveza o botellas además de orinarse en el muro de mi casa, tengo dos niños pequeños uno de dos y otro de ocho años, también tengo a la tercer casa de la mia otra venta que venden licor y los pirucas se pasan al frente a orinarse sin importar quien pase por allí, a la señora de la venta se le ha dicho en varias ocasiones que no permita que la gente se quede tomando allí, pero ellos hacen caso omiso aduciendo que están en la calle y que ellos pueden hacer lo que quieran, favor indíqueme que puedo hacer y a donde acudir, le agradezco mucho nuevamente su ayuda

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimada Leonor:

El caso que plantea es del resorte de las autoridades de policía, pues se trata de un asunto de orden público; Acuda a la estación de policía que le corresponda y expóngales su situación.

Leo dijo...

muchas gracias Dr.

Claudia dijo...

Hola Dr. muy buenas tardes, tengo una duda y me gustaría aclararla
Mi consulta es la siguiente: Si una empresa x vende artículos varios y me emite factura en un papel común, y es al crédito, yo como comprador le firmo dicha factura, que valor tiene este documento en juicio y si es aceptable el mismo para entablar una demanda???? se puede interponer en la via civil o mercantil??? mucho le agradecería me ayude a disipar esta duda. mil gracias y que Dios lo bendiga.

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimada Claudia:

La factura firmada por el comprador es un documento privado, y tiene como tal tiene el valor probatorio que le dan los arts. 2386 y 2398 del Código Civil, y puede fundarse un ella una demanda de pago.

Respecto de la vía, será la civil si se trata de una compraventa civil; y mercantil si la compraventa es de esta última naturaleza (definida en el art. 341 del Código de Comercio).

Claudia dijo...

Mil gracias Dr. que Dios le Bendiga

Grupo 3643 dijo...

Carlos poseedor de la finca el encanto es desalojado mediante engaño por Marcelo quien se apropia de la propiedad. Carlos solicita al juez cuarto de ejecución de embargos un secuestro preventivo sobre dicha propiedad adjunta como título para legitimar su petición una escritura pública de cesión de derecho posesorio mediante la cual adquirió los derechos de posesión de dicha finca. el juez de ejecución una vez rendida la fianza decreta secuestro preventivo sobre la finca el encanto, luego procede a ejecutarlo nombrando como depositario judicial a Marcelo, dentro del plazo de 15 días Carlos presenta la bonificación ante el juzgado segundo de distrito civil de Managua. La medida cautelar es amparada con una acción de amparo en la posesión. Es correcta la bonificación de secuestro preventivo? explique y fundamente su respuesta.

Leonor dijo...

Hola Dr. Aníbal. Buenas Tardes.
tengo una consulta, favor de ayudarme.
Si yo soy poseedora de un tramo x, y lo pongo como garantía de un préstamo, que tipo de acción legal tiene el acreedor en mi contra en vista que el terreno es de la alcaldía, cuando estos pueden ser enajenados con ventas de derechos posesorios o dados en arriendo a una tercera persona??? No sabe cuanto me ayudaría a disipar esta duda, agradezco de antemano su gran ayuda.

Anónimo dijo...

Doctor que pasa si no me han podido embargar el salario por que ya tengo un embargo de alimentos que solo resta menos del salario mínimo del sector para el cual laboro y tampoco tengo bienes que me puedan embargar....????? Muchas gracias...

Anónimo dijo...

Buenas tardes Dr tengo una consulta sobre un embargo ejecutivo. Actualmente tengo un embargo alimenticio por el 75% de mi salario y según ley no me pueden embargar mas del 50% de mi salario. Me viene luego una notificación que en vez del 33% del embargo me quiten cierta cantidad de dinero dejandome debajo del salario minimo, es correcto este procedimiento?

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Lo inembargable es el salario mínimo y las prestaciones sociales. Si con el embargo ejecutivo le están afectando el mínimo, debe pedir al juez que reduzca el embargo, adjuntando prueba que está pagando alimentos por otro embargo.

Anónimo dijo...

Buenas tardes Dr talvez no me explique anteriormente el embargo alimenticio es del 75% pero tengo otro embargo ejecutivo sobre el cual mandaron la notificación que me deja por debajo del salario minimo. Me indicaron anteriormente que no pueden quitarme mas del 50% del salario esto ultimo es correcto o no?. Por otro lado esta aclaracion sería como una apelacion que tiene días habiles maximos?

Anónimo dijo...

Buenas tardes doctor excelentes aportes dentro de su blog. Quería consultarle lo siguiente: tengo 3 hijos entable una demanda alimenticia a mi ex marido por lo cual se acordo un porcentaje x, este porcentaje podría ser modificado, cuanto seria el maximo que se podría solicitar?.

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimada señora:

La Ley de Alimentos vigente no establece ningún porcentaje para las pensiones de alimentos; lo que indica es que el monto de la pensión sea suficiente para la adecuada subsistencia del alimentado, en concordancia con las posibilidades económicas del alimentista.

Las pensiones de alimentos siempre pueden modificarse por el juez en dependencia de los cambios en las necesidades del alimentado o en las posibilidades económicas del alimentista; lo que habrá que probar en el juicio de reforma de pensión de alimentos.

En todo caso, las deudas por alimentos pueden afectar incluso al salario mínimo.

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Estimado señor:

No hay ley que limite el monto de los embargos a un máximo del 50% del salario. Lo inembargable es el salario mínimo(conforme la tabla que publica el Mitrab), salvo que se tratara de un embargo por alimentos, pues en ese caso el embargo puede afectar incluso al salario mínimo.

De modo que en su caso el embargo ejecutivo puede recaer sobre el 25% restante, menos lo correspondiente al salario mínimo, que debe respetarse.

Anónimo dijo...

Buenas tardes Dr siguiente la pregunta sobre una deduccion que me deja debajo del salario minimo, quien debe hacer la aclaracion indicando que la deduccion deja al trabajador debajo del salario minimo la puede hacer el trabajador, la tiene que hacer la empresa? o un abogado de un trabajador?
Gracias

Anónimo dijo...

Las deducciones las puede hacer la empresa aunque me dejen menos del salario minimo?

Anónimo dijo...

ya que es una orden judicial?

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

La empresa retiene lo que le ordenaron retener. Usted debe pedir al Juez que ajuste la retención a lo legal.

Anónimo dijo...

Mucho gusto Doctor, es un placer saludarle y poder dirigirme a usted para realizarle una consulta: Tengo un juicio de PETICION de herencia, en donde existen bienes muebles, y semovientes que mi cliente pretende reclamar en calidad de heredero, acción que procede en contra de un hermano que se declaro heredero universal, hace un par de años... ... sucede ser que mi cliente tiene conocimiento que ya han vendido parte del ganado y teme que al entablar la demanda de petición de herencia estos bienes desaparezcan con mas celeridad por el temor de tener que compartirlos en un futuro ya que mi cliente tiene igual derecho que heredero universal de todos los bienes de su madre, pero tengo dudas en cuanto al asegurar ese tipo de bienes ...... por lo que he leido deduzco que es un secuestro, pero tambien tento dudas en cuanto al procedimiento correcto para ejecutar dicho secuestro de tal manera que sea firme y que no lo ataquen de nulidad, o que por la naturaleza del bien (semovientes) sean mas susceptibles de desaparecer supongo, ademas de semovientes hay vehículos también que de igual manera serian secuestrados, supongo que el suecuestro seria lo unico que me garantizaria los bienes mientras se resuelve el juicio, ya que al terminar el juicio ya no habría ningún bien que partir con el otro heredero.- le agradeceria mucho me pudiera orientar en este sentido

Aníbal A. Ruiz Armijo dijo...

Buenos, creo que las medidas cautelares que usted debe emplear son la anotación preventiva de la demanda de petición de herencia (sobre los inmuebles) y el secuestro de los bienes muebles. Cómo se dice en este trabajo, el procedimiento es el mismo del embargo preventivo, con la salvedad que debe nombrarse depositario a un tercero. Usted puede también reivindicar contra los terceros que adquirieron del heredero putativo, y para eso secuestrar los semovientes en cuestión.

Anónimo dijo...

Buen dia, muy agradecida por su orientacion doctor, ahora me siento mas confiada en las acciones a tomar en este caso........ es invaluable el apoyo intelectual que usted realiza y ademas de la rapidez con que presta el debido auxilio.......