lunes, 5 de noviembre de 2007

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS

Aníbal Arturo Ruiz Armijo

SUMARIO:

1. Ideas generales acerca de la ejecución de sentencias extranjeras.

2. Resoluciones que necesitan exequátur.

3. Reglas para la concesión del exequátur.

4. Procedimiento del exequátur.

5. La ejecución de sentencias en el Código de Derecho Internacional Privado.


1.- Ideas generales acerca de la ejecución de sentencias extranjeras

La jurisdicción, es decir la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, emana de la soberanía estatal, y como tal tiene como límites los del territorio del Estado en el cual se ejerce[1]. De esto se desprende que, principio, las sentencias sólo son vinculantes y surten sus efectos jurídicos dentro de ese territorio y que, recíprocamente, no se admiten en él los efectos de los fallos dictados por jueces extranjeros.

No obstante, razones de convivencia y justicia internacional, acentuadas en el moderno mundo globalizado en que vivimos, en el cual es común que personas de diferentes Estados entablen vínculos y relaciones que rebasan ampliamente las fronteras nacionales, hace que sea inevitable que se autorice que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado produzcan efectos en otro, aunque las distintas legislaciones dan a este problema diversas soluciones.

Esta autorización es denominada tradicionalmente en nuestro sistema como “exequátur[2] o “auto de pareatis”, y su necesidad es explicada por Bustamante del modo que sigue:

Nada... impide que cada Estado tome las precauciones necesarias para estar seguros de que no invada su campo propio desde el doble punto de la jurisdicción territorial y personal: de que no se infrinjan sus reglas fundamentales de orden público y de que la resolución que intenta ejecutarse es auténtica y se encuentra firme, no cabiendo contra ella recurso alguno donde se dictó. Este objetivo produce la necesidad de la homologación o exequátur”[3].

En el Derecho Comparado existe diversidad de soluciones legislativas acerca del problema de la ejecutabilidad de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, desde las más restrictivas hasta las más abiertas[4]:

En algunos Estados las sentencias extranjeras carecen en absoluto de valor, y en consecuencia en ellos es necesario promover un nuevo juicio conforme su legislación interna[5].

En otros, los fallos extranjeros no pueden ser ejecutados contra los nacionales, a menos que un tribunal interno los confirme previa revisión de la forma y el fondo, con base a los documentos acompañados a la sentencia[6].

Unos siguen el criterio de la reciprocidad, en virtud del cual el tribunal competente del país receptor autorizará la ejecución de la sentencia extranjera si en el país del origen se autoriza también la ejecución de los fallos del receptor, sin entrar al examen de los hechos o del Derecho considerados por el tribunal extranjero[7].

Otros más permiten la ejecución de la sentencia extranjera aun no existiendo reciprocidad, siempre que se haya dictado por juez competente[8].

Por último tenemos los que admiten la ejecución de la sentencia extranjera aun sin reciprocidad y sin examinar la legitimidad del fallo, siempre que éste sea firme, que se haya pronunciado con citación del reo o con su rebeldía, y que el contenido del fallo no sea contrario al orden público interno. Este parece ser el sistema más usual en América Latina[9].

De este modo podemos ver que por regla general, y como medio de cooperación internacional, los Estados se comprometen a reconocer la validez y fuerza de las sentencias extranjeras que deban cumplirse en su territorio, regulando un procedimiento especial para su ejecución, en aquellos casos que no exista un tratado específico que regule esta materia[10].

En Nicaragua, en principio, se acepta la ejecutabilidad de las sentencias dictadas en el extranjero, con los requisitos y por los trámites que estudiaremos a continuación, dirigidos esencialmente a verificar si la sentencia extranjera cuya ejecución se pide ha sido dictada respetando las garantías mínimas establecidas en los Estados civilizados para la defensa de los derechos ante la administración de justicia.

2.- Resoluciones que necesitan exequátur

La legislación nicaragüense exige que se obtenga exequátur, ya sea para ejecutarlas o para oponerlas como excepción de cosa juzgada, para todas las resoluciones judiciales extranjeras dictadas en jurisdicción contenciosa, independientemente de la materia a que se refieran (civil o mercantil) y de la clase de tribunal que la dictó (ordinarios, especiales o arbitrales), y para las diligencias de jurisdicción voluntaria efectuadas en países extranjeros no centroamericanos.

Es de notar que en otras legislaciones, sin embargo, el exequátur sólo resulta indispensable cuando se trata de hacer cumplir la sentencia extranjera como acción (actio iudicati), pero no cuando se la opone como excepción, porque en el primer caso se requiere del Estado receptor una actividad de compulsión contra el vencido, mientras que en el segundo caso únicamente se exige el respeto del fallo del juez extranjero[11].

También requieren de exequátur para la práctica de los emplazamientos y demás diligencias que deban realizarse en Nicaragua a pedido de tribunales extranjeros (art. 156 Pr.)[12].

No se precisa de exequátur en los casos siguientes:

a.- Cuando la sentencia extranjera va a usarse como prueba de un hecho en un proceso ante un tribunal nacional, pues el juez la apreciará en su momento conforme a las reglas generales de la prueba tasada.

b.- Cuando se trata de resoluciones dictadas en procedimientos de jurisdicción voluntaria practicados en otro Estado centroamericano, pues el art. 19 Pr. dispone que ellos tienen en Nicaragua el mismo valor que los practicados aquí, si reúnen los requisitos de los arts. 16 y 17 Pr.

c.- Cuando se trata de dar cumplimiento a exhortos o suplicatorios que en forma auténtica se dirijan por tribunales centroamericanos, si no contravienen el Derecho interno, conforme al art. 15 Pr.[13].

d.- Cuando lo invocado es un acto o contrato y no la resolución dictada en un procedimiento de jurisdicción voluntaria que tiende meramente a darle validez, porque los tribunales nacionales, en su momento, apreciarán la fuerza y valor de tales actos, al resolver sobre ellos en vía contenciosa.

Escobar Fornos menciona como ejemplos de estas últimas la sentencia que ordena la protocolización de una memoria testamentaria, y la que autoriza al tutor a celebrar un contrato a nombre del pupilo[14].

3.- Reglas para la concesión del exequátur

3.1.- Tribunal competente para conceder el exequátur


De acuerdo con el art. 545 Pr., la ejecución de sentencia extranjera debe pedirse a la Corte Suprema de Justicia[15].

Sin embargo, como en la actualidad, por mandato constitucional, el Tribunal Supremo se ha dividido en Salas[16], el tribunal competente para otorgar el exequátor o auto de pareatis es la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia[17]

3.2.- Ejecución de sentencias dictadas en países no centroamericanos

En el caso de sentencias provenientes de fuera de Centroamerica, son los arts. 542, 543 y 544 Pr. los que señalan las reglas o criterios fundamentales para la concesión del exequátur[18]; a saber:

1º El tribunal aplicará primero los tratados internacionales que haya celebrado Nicaragua con el Estado de donde proviene la sentencia que se trata de ejecutar (art. 542 párr. 1º Pr.).

Entre estos tratados tenemos la Convención de Derecho Internacional Privado que contiene el Código de Derecho Internacional Privado (denominado Código de Bustamante). Esto significa que si la sentencia que se pretende ejecutar en Nicaragua fue dictada en cualquiera de los países signatarios de esa Convención, habrá que resolver el caso de acuerdo con ella.

2º Si no existe tratado con el Estado en que fue dictado el fallo que se pretende ejecutar, se aplica el criterio de la reciprocidad: es decir, se ejecutará si igualmente se acepta la ejecución de sentencias nicaragüenses en el país de origen (art. 542 párr. 2º Pr.).

La prueba de la reciprocidad corre a cargo de la parte que la alega:

“... es hecho cierto que no existe tratados entre Nicaragua y Estados Unidos sobre ejecución de sentencia y, por otra parte, aunque esta Suprema Corte tiene conocimiento de que por lo general, en los Estados Unidos no se da cumplimiento a las sentencia dictadas por tribunales nicaragüenses, en este caso particular no se puede tomar como prueba de un hecho específico, porque la parte interesada, a quien correspondía comprobar esos antecedentes por vía de excepción, se abstuvo de rendir la prueba que con tal intento propuso, por lo cual cabe declarar que la solicitud de la señora Lucrecia Morales de Alvarado, no se encuentra amparada por ninguno de los casos comprendidos, en los incisos a) y b) del Considerando precedente y sólo resta examinar si la sentencia dictada por la Corte Superior del Estado de California, reúne las circunstancias enumeradas en el art. 544 Pr. las que deben observarse fielmente, porque encarnan el respeto al Derecho Público y a la soberanía nicaragüense y a la protección de los nicaragüenses en el extranjero..."

Es de notar que la sentencia citada fue dictada con el disentimiento del Magistrado Pérez Alonso, expresado en un extenso voto razonado que en la parte pertinente dice así:

Tengo la pena de no estar de acuerdo con la opinión sostenida por mis ilustrados colegas, en una materia de interés universal que tiende a asegurar a cada uno el goce de sus derechos civiles en su Patria y fuera de ella, relativamente nueva en nuestros Tribunales, como lo es la ejecución de sentencias extranjeras; por lo cual he creído conveniente motivar mi voto y examinar en el orden que se verá enseguida, los puntos apreciados en la resolución de la mayoría que negó el exequátur a la sentencia pronunciada por la Corte Superior del Estado de California en el juicio en de doña Lucrecia Morales y su esposo don José Antonio Alvarado. I.- Tratados. Reciprocidad. En un hecho cierto que no hay tratado ninguno entre Nicaragua y Estados Unidos sobre ejecución de sentencias, ni tiene conocimiento el Supremo Tribunal, ni ha probado el interesado, a quien correspondía hacerlo por vía de excepción, que existan los precedentes a que se refiere acerca de la fuerza que se da en California a las sentencias ejecutorias de los Tribunales nicaragüenses, siendo de advertir que no puede considerarse como tal la jurisprudencia, o sean las doctrinas admitidas por los Tribunales de Justicia norteamericanos el caso que cita el señor Alvarado de la sentencia en el asunto “Barillas Barclay y Compañía”, en que mediaron varias razones legales para la negativa de los Tribunales de Nueva York, sin que pueda oponerse a esta apreciación el hecho de ser estados distintos de la misma Confederación Americana el lugar de donde procede la sentencia cuyo exequátur se pide y el lugar de la negativa que se cita, y tener cada uno de esos estados su legislación propia por la que se rigen en todas sus relaciones jurídicas, porque para el ejercicio de la soberanía y, en general, para sus relaciones internacionales, los estados de la Confederación se consideran como una sola entidad política...[19].

El art. 543 Pr. desarrolla el art. 542 Pr., al disponer que si la ejecutoria procede de una nación que por jurisprudencia no da cumplimiento a los fallos expedidos por tribunales nicaragüenses, no tendrá fuerza en Nicaragua.

3º Cuando faltan los tratados y no existen precedentes que permitan aplicar el principio de reciprocidad, la sentencia se podrá ejecutar en Nicaragua si reúne las circunstancias señaladas en el art. 544 Pr.:

a.- Que la sentencia ejecutoriada se haya dictado a consecuencia del ejercicio de una acción personal;

Esto es porque son los jueces y tribunales nicaragüenses los competentes territorialmente para conocer de acciones reales sobre bienes existentes en Nicaragua[20].

b.- Que la obligación sea lícita en Nicaragua[21];

c.- Que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerado como auténtica y los que las leyes nicaragüenses requieran para que hagan fe en Nicaragua;

d.- Que en el proceso se haya dado intervención al reo, salvo que conste que fue declarado rebelde por no comparecer una vez citado[22];

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia es muy celosa en la vigilancia de este último precepto, por la consecuencias que tiene en el derecho del defensa del demandado:

“... la Corte Suprema de Justicia cree del caso puntualizar ciertos hechos que según el texto de la sentencia, el actor probó debidamente ante el Juez de la causa, a saber: ... 3° Que la señora Estrada Aragón abandonó el hogar sin consentimiento del marido..., para el puerto de Corinto, de esta República. De tales hechos..., debe concluirse que el actor no ignoraba el paradero de su esposa y que antes bien; sabía perfectamente que había fijado su residencia en este país... Cabe ahora examinar si a pesar de esta circunstancia ha podido nombrársele válidamente a la demandada un guardador ad-litem, de acuerdo con el Derecho local costarricense. A este respecto el Art. 149 del Código de Procedimiento Civiles, dice que ‘si se tratare de establecer acción contra una persona que se hubiere ausentado de su domicilio y se ignorase su paradero, constare que se halla fuera de la República y no se estuviere en el caso de declarar la ausencia, oído el Ministerio Público y rendida la prueba del caso, se nombrará curador al ausente, caso de que no hubiere dejado apoderado...’... este precepto..., requiere dos condiciones esenciales...: que la persona haya desaparecido del lugar de su domicilio y que se ignore su paradero, ya sea en la República o fuera de ella..., si consta, por ejemplo, que la persona ha salido de la República y que ha fijado su domicilio en determinado lugar fuera de ella, entonces su paradero no sería ignorado, y tal persona no podría considerarse juridícamente como ausente, pues de no ser así, se llegaría a la conclusión inadmisible de que la ley autoriza la indefensión... basta con que se conozca el lugar en que la persona ha fijado su residencia, dentro o fuera de la República, para que no pueda considerarse legalmente como ausente..., debe concluirse que en el presente caso por ser conocido del actor el lugar en que la demandada... había fijado su residencia, no podía ésta ser considerada... como ausente..., no procedía el nombramiento de curador ad-litem; y la notificación y el emplazamiento para comparecer al juicio, hechos en Ia persona de éste, carecen de todo valor..., la Corte Suprema de Justicia se cree autorizada para afirmar que... no ha sido notificada personalmente de la demanda, ni emplazada en debida forma para comparecer al juicio, privándola de este modo de toda oportunidad de proveer a su defensa[23].

e.- Que la sentencia no sea contraria al orden público nacional;

La Sala de lo Civil negará el exequátur a cualquier fallo extranjero que no se corresponda con el orden público nicaragüense, como puede verse en la siguiente decisión:

“Sobre las cuestiones que atañen a la patria potestad ha dicho el Supremo Tribunal ‘que todos los procedimientos reguladores de esos derechos deben ceñirse estrictamente a nuestra ley nacional, de manera que no puede, sin menoscabar esos principios que son de orden público, por referirse directamente a la organixación de la familia, darse cumplimiento a providencias de tribunales extranjeros que, como en el caso que se examina, tienden a menguarlos en forma que no se ajusta a la Ley nicaragüense, ya que según nuestras leyes los derechos de patria potestad no se pierden ni se restringen sino por causas expresamente determinadas en el Código Civil (arts. 268 y 269 C.)...’ Al referirse la sentencia a cuestiones de la organización de la familia en contradicción de las leyes nicaragüenses, que son aplicables en esta materia a personas que en Nicaragua ejercen la patria potestad, hace ineficaz su cumplimiento en esta República, por lo que no puede otorgarse el exequátur solicitado...”[24].

f.- Que la sentencia sea ejecutoria en el país de origen[25].

En la misma sentencia arriba citada, la Corte expresó que:

“... las diligencias sobre tuición [26] no deben considerarse como ejecutorias propiamente dichas; en consecuencia no es del caso dictar el auto de pareatis o exequátur a la sentencia de tuición dictada por un tribunal de Chile... No siendo ejecutoria para surtir efectos..., no llena el documento presentado por el apoderado los requisitos que disponen el art. 544 Pr. y 423 del Código de Bustamante o de Derecho Internacional Privado...” [27].

3.3.- Ejecución de sentencias o autos centroamericanos

Tratándose de sentencias o autos dictados en un Estado centroamericano, el art. 16 Pr. establece reglas especiales, disponiendo que tendrán en Nicaragua la misma fuerza que en su país de origen cuando:

1º Sean expedidos por tribunal competente (según su legislación interna);

2º Tengan ya carácter de ejecutoriados en el lugar de donde proceden;

3º La parte vencida haya sido citada y representada en el juicio, o declarada rebelde.

4º El fallo extranjero no se oponga al orden público o a las leyes nicaragüenses[28].

5º Se haga constar la autenticidad de la sentencia por el Tribunal Superior ordinario del país de origen del fallo.

6º Que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, previa comprobación de lo anterior, conceda el correspondiente exequátur.

Además, el art. 17 Pr. dispone que a la solicitud de exequátur deben acompañarse los siguientes documentos:

1º Copia íntegra de la resolución.

2º Copia de los pasajes del proceso que acrediten que la parte vencida ha sido oída o declarada rebelde, en su caso.

3º Copia del auto en que se haya declarado la ejecutoria, y de las leyes en que se funda la resolución[29].

Todo ello debidamente autenticado conforme a lo dispuesto en los arts. 1129 y 1130 Pr., y traducido conforme a la ley[30].

3.4.- Ejecución de laudos arbitrales extranjeros

Tratándose de laudos arbitrales, el art. 544 Pr. in fine dispone que son aplicables las tres reglas precedentes en el orden establecido, exigiéndose además el visto bueno del Tribunal Superior del país en que se dictó el laudo; la razón de esta exigencia es que los árbitros son jueces particulares nombrados por las propias partes y, en consecuencia, se pide ese visto bueno para comprobar que el laudo es auténtico y tiene fuerza ejecutiva en el país de origen.

Además, en el caso particular de los laudos dictados en el extranjero deben considerarse las reglas especiales establecidas por la Ley de Mediación y Arbitraje[31].

De acuerdo al art. 62 de dicha Ley, un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante por los tribunales nicaragüense y, a petición escrita del interesado ante el tribunal competente (que lo es la sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia), será ejecutado en conformidad con las disposiciones establecidas en la propia Ley de Mediación y Arbitraje y otras leyes pertinentes.

Para ello, la parte que invoca el laudo o pida su ejecución debe presentar:

1º El original del laudo debidamente autenticado o copia debidamente certificada del mismo, y

2º El original del acuerdo de arbitraje, o copia debidamente certificada del mismo.

3º La traducción debidamente certificada de dichos documentos, si el laudo o el acuerdo no están redactados en idioma español.

El art. 63 de la referida Ley dispone que sólo podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución del laudo arbitral a instancia de la parte contra la cual se invoca, si ésta prueba que:

1º Una de las partes en el acuerdo de arbitraje, estaba afectada por alguna incapacidad que vició su voluntad, o que el acuerdo es inválido en virtud de la ley a que las partes se han sometido o, si no indicaron nada a este respecto, en virtud de la ley del país en que se dictó el laudo.

2º No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido hacer valer sus derechos.

3º El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo.

4º La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje;

5º El laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo Derecho, ha sido dictado ese laudo.

6º El objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje según la ley nicaragüense.

7º El reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público nicaragüense.

4.- Procedimiento del exequátur

Si se trata de una sentencia dictada en asuntos contenciosos, la parte interesada en la ejecución debe presentar solicitud por escrito a la sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia acompañada de la ejecutoria. Si está extendida en lengua extranjera, de previo se procederá a su traducción[32].

De la solicitud se da conocimiento por tres días a la parte contra la cual se pretende ejecutar la sentencia y a la Procuraduría Civil.

Vencido este término la Sala de lo Civil decidirá si se dará o no cumplimiento a la sentencia extranjera. Contra esta resolución no se concede recurso alguno (art. 546 Pr.).

Tratándose de resoluciones dictadas en diligencia de jurisdicción voluntaria, doctrinalmente la opinión predominante es que ellas no necesitan de exequátur, porque no producen cosa juzgada ni son ejecutables, y ese es el criterio seguido por el art. 19 Pr.

Sin embargo, ya vimos que según se desprende del art. 548 Pr., las diligencias de jurisdicción voluntaria efectuadas en países distintos a los centroamericanos si necesitan de exequátur, con la especialidad procedimental de que, por no existir contraparte contra la que se dirija la ejecución, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia resolverá con la sola audiencia del Ministerio Público[33], aunque nada impide dar audiencia a quien se crea perjudicado por la resolución de que se trata obtener el exequátur[34].

Por su parte, el Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante (que es ley de la República), distingue entre los actos de jurisdicción voluntaria realizados en materia mercantil y los dictados en materia civil.

Los mercantiles se ejecutan de acuerdo al procedimiento establecido en ese mismo Código para la ejecución de las sentencias extranjeras[35], mientras que los civiles gozan de extraterritorialidad (es decir, no necesitan exequátor para ser aplicados por los tribunales del país receptor)[36], si reúnen las condiciones señaladas en el mismo Código para la eficacia de los documentos otorgados en el país extranjero[37] y proceden de juez competente.

El criterio jurisprudencial nicaragüense ha sido que, en general, las resoluciones dictadas en este tipo de diligencias no necesitan de exequátur, pues no causan estado y siempre pueden ser impugnadas por aquellos a quienes se opongan:

“Los actos de jurisdicción voluntaria; según nuestro Código de Procedimientos Civil, (art. 553) son todos aquellos en que sea necesaria o en que se solicite la intervención del Juez, sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas, y sin que al verificarlo el Juez adquiera poder para obligar a nadie a hacer o no hacer alguna cosa contra su voluntad. En lenguaje jurídico se llama propiamente sentencia a la decisión del Juez, sobre una causa que ante él se controvierta. Por esto, las decisiones de esta clase son las que pueden causar ejecutoria, y poner fin a derechos discutidos entre partes, (art. 2359 C.). De aquí nació la máxima del Derecho de Gentes; la cosa juzgada se tiene por verdad ‘res iudicata pro veritate habetur’. Cuando se trata del permiso de ejecución de sentencia ejecutoria dice el publicista FIORE ‘no se ataca la independencia de la soberanía admitiendo la autoridad extraterritorial de la sentencia dada por Tribunal extranjero competente, si las formas exigidas por la lex fori para proteger los derechos de los litigantes acerca de la contestación de la litis se han observado; y podrá en tales casos cualquiera de los litigantes invocar la exceptio rei iudicatae’. No es así con respecto a las resoluciones de jurisdicción voluntaria, por cuanto, no habiendo contención, los actos declarados quedan sujetos al debate posterior cuando sean opuestos a quien tenga interés de impugnarlos...”[38]

Sin embargo, algunos autores[39] consideran que la Corte Suprema de Justicia se ha excedido al declarar, sin distinción alguna, que no es necesario el exequátur a las resoluciones de jurisdicción voluntaria.

Concedido el exequátur, la ejecución de la sentencia extranjera se tramita conforme a lo establecido en las leyes nicaragüenses para la ejecución de las sentencias nacionales (arts. 509 a 541 Pr.).

Será competente para la ejecución el juez del domicilio del ejecutado. Si el ejecutado no tiene domicilio en la República, será juez competente el que elija el acreedor (art. 552 Pr.).

Caso de existir tratados debe observarse de preferencia el procedimiento y competencia en establecidos en ellos (art. 542 Pr.).

5.- La ejecución de sentencias en el Código de Derecho Internacional Privado

El Título Décimo del Código de Bustamante (arts. 423 a 437) regula la materia que estudiamos, disponiendo que cualquier sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados-parte, tiene fuerza y podrá ejecutarse en los demás cuando cumple los siguientes requisitos:

1º Que el juez o tribunal que la dictó haya tenido competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas del Código;

2º Que las partes hayan sido citadas al juicio personalmente o por medio de representante legal;

3º Que el fallo no contravenga el orden público o el Derecho Público del país en que quiere ejecutarse;

4º Que el fallo sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;

5º Que la sentencia esté traducida auténticamente por funcionario o intérprete oficial del Estado en que quiere ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado;

6º Que el documento en que consta la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de procedencia, y los que requiera para que haga fe en el Estado que lo recibe.

La ejecución de la sentencia debe solicitarse ante el juez o tribunal competente, previo cumplimiento de las formalidades requeridas por la legislación interna.

Contra la resolución extranjera se otorgan todos los recursos que la ley del Estado receptor conceda contra las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía.

El tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal o Ministerio Público.

La citación de la parte a quien deba oírse se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en el Código, si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante, o en la forma establecida por el Derecho local si tuviere el domicilio en el Estado requerido.

Pasado el término que el juez o tribunal señale para la comparecencia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el citado.

Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la hubiese presentado.

Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos.

Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las relativas a su ejecución.

Estos mismos procedimientos se aplican en los Estados parte con relación a los laudos dictados en cualquiera de ellos por árbitros o arbitradores, si el asunto que las motiva puede ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicita.

NOTAS:

[1] Art. 10 LOPJ: “La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio de la República en la forma establecida en la Constitución Política y en las leyes”.


[2] Este no él único significado del vocablo exequátur. También se denomina así al documento por el cual un gobierno acredita ante sus propias autoridades, la calidad de cónsul de un país extranjero que ostenta determinada persona, para que pueda desempeñar los actos requeridos para el ejercicio de sus funciones (Ossorio, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. Editorial Heliasta; Buenos Aires, Argentina , 2004, pág. 392).

[3] Sánchez de Bustamante y Sirven, Antonio. MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, pág. 550.

[4] Lo que sigue está extractado de Alsina, Hugo. JUICIOS EJECUTIVOS Y DE APREMIO, MEDIDAS PRECAUTORIAS Y TERCERÍAS. Editorial Jurídica Universitaria, S.A., México 2002, págs. 624 y 625.

[5] Por ejemplo Suecia, Noruega y Portugal, aunque la jurisprudencia de sus Supremos Tribunales tiende a inclinarse por el criterio de reciprocidad.

[6] Tal sucede en Francia, por ejemplo.

[7] Alemania, los Estados Unidos de América y el Reino Unido adoptan esta postura, fundada en la cortesía internacional (comitas gentium reciprocam utilitatem).

[8] Es el caso de Italia, en dónde, sin embargo, los tribunales pueden revisar el mérito del fallo extranjero a instancia del ejecutado, si fue pronunciado en rebeldía.

[9] España, Uruguay, El Salvador, Colombia, Honduras, Costa Rica, Guatemala, México, Chile, Perú, Venezuela, Brasil,.

[10] Ossorio, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. Editorial Heliasta; Buenos Aires, Argentina , 2004, pág. 355.

[11] Alsina, Hugo. JUICIOS EJECUTIVOS Y DE APREMIO, MEDIDAS PRECAUTORIAS Y TERCERÍAS. Editorial Jurídica Universitaria, S.A., México 2002, págs. 624 y 625.

[12] Art. 32 LOPJ: “Corresponde a la Sala de lo Civil: ... 3. Conocer y resolver sobre las solicitudes de auxilio judicial internacional, en materias propias de su competencia...”

Art. 123 LOPJ: “Cuando se comisione a un Juez Extranjero para la práctica de una diligencia judicial, se enviará comisión legalizada por conducto de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, invocando la recíproca conveniencia de celeridad procesal. De igual forma se procederá cuando las comisiones se libren a Cónsules y Agentes Diplomáticos de Nicaragua en el extranjero”.

[13] Arts. 140 a 149 y 157 Pr.; Arts. 113 a 122 LOPJ

[14] Escobar Fornos, Iván. INTRODUCCIÓN AL PROCESO, Editorial Hispamer, Managua, 1998, pág. 412.

[15] Art. 545 Pr.: “La ejecución de las sentencias pronunciadas en naciones extranjeras se pedirá ante la Corte Suprema de Justicia. Se exceptúa el caso en que, según los tratados, corresponda su conocimiento a otros tribunales”.

[16] Art. 163 párr. 2º Cn.: “La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia...”

Art. 31 LOPJ: “... para efectos jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia se divide en Cuatro Salas: 1. Sala de lo Civil. 2. Sala de lo Penal. 3. Sala de lo Constitucional. 4. Sala de lo Contencioso Administrativo...”.

[17] Art. 32 LOPJ: “Corresponde a la Sala de lo Civil: ... 4.- Conocer y resolver sobre las solicitudes de exequátur...”

[18] Consulta de 3 de abril de 1964, B.J., pág. 501: “Las disposiciones legales que regulan los casos en que las sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros pueden ejecutarse en Nicaragua, se encuentran en los arts. 542, 543, 544 Pr.”

[19] Sentencia de las 10 a.m. de 7 de noviembre de 1925, B.J., pág. 5323, Cons. II.

Véase también, sobre reciprocidad las sentencias de las 11:00 a.m. de 6 de febrero de 1948, B.J., pág. 14156 y de las 12:00 m. de 1 de octubre de 1963, B.J., pág. 425.

[20] Art. 265 nums. 2 y 3 Pr.

[21] Art. 1874 C.: “La obligación fundada en una causa ilícita es de ningún efecto. La causa es ilícita cuando es contraria a las leyes, a las buenas costumbres y al orden público”.

Art. 1872 C.: “Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe y es lícita, mientras el deudor no pruebe lo contrario”.

Art. 2437 C.: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.

Art. 2473 párr. 3º C.: “Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o las buenas costumbres”.

Art. 2478 C.: “Tampoco pueden ser objeto de contrato.. los actos contrarios a la moral pública o a las obligaciones impuestas por la ley”.

[22] Art. 34 num. 4 Cn.: “Todo procesado tiene, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: ... 4) A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa...”

Art. 2056 Pr.: “El recurso de casación es de dos especies: de casación en el fondo, y de casación en la forma”.

Art. 2058 num. 8º Pr.: “Es de casación en la forma, en los casos siguientes: … 8º Por haberse pronunciado con falta absoluta de emplazamiento para la demanda y por esto el demandado ha quedado sin defensa...”

[23] Sentencia de las 11:00 a.m. de 17 de mayo de 1935, B.J. pág. 8697, Cons IV.

[24] Sentencia de las 11:00 a.m. de 31 de octubre de 1977, B.J. pág. 327, Cons I, II y III.

[25] Art. 437 Pr.: “Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada...”.

Art. 438 Pr.: “Se entiende por sentencia firme aquella contra la cual no hay recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentida por las partes”.

Art. 439 Pr.: “Transcurridos los términos para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso, sin haberlo utilizado, quedará de Derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución a que se refiera, sin necesidad de declaración expresa sobre ello. Las partes pueden pedir que se les libre ejecutoria, y se acordara así con noticia de la contraria”.

[26] Tuición: (del latín tuitĭo –ōnis): En Derecho, acción y efecto de guardar o defender. En el contexto de la sentencia, se refiere a la tenencia o custodia de los hijos por el padre o la madre.

[27] Sentencia de las 11:00 a.m. de 31 de octubre de 1977, B.J. pág. 327, Cons I, II y III.

[28] Art. 18 Pr.: “El carácter ejecutivo de las sentencias dictadas en otros Estados de Centro América, y el juicio subsiguiente, se regirán por las leyes de Nicaragua”.

[29] Art. VII Tít. Prel. C.: “La aplicación de leyes extranjeras en los casos en que este Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúense las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en le República en virtud de tratados o por ley especial”.

Art. 14 Pr.: “El que apoye su derecho en leyes extranjeras, debe comprobar su existencia en forma auténtica”.

[30] Consulta en B.J. de 1983, pág. 650: “Lógicamente, el arto. 13 Pr., a que alude su pregunta, se refiere a las formalidades legales establecidas en el Estado en el cual fue expedido el testimonio, debiéndose tomar en consideración también, las formalidades que deberán llenarse en nuestro país para que hagan plena fe en Nicaragua, tal como la autenticación expedida por el Ministerio de relaciones Exteriores, y la necesaria traducción, en su caso, para los documentos que fuesen redactados en otro idioma que no sea el castellano, de conformidad con los artos. 188, 1130, 1131 y 1132 Pr., en todo lo que sea aplicable. También deberá tomarse en consideración que el contenido de los mismos no contravenga las leyes, ni se opongan al orden público de Nicaragua”.

[31] Ley Nº 540, de 25 de mayo de 2005, La Gaceta Nº 122 de 24 de junio de 2005.

[32] Art. 1132 Pr.: “Todo documento redactado en cualquier idioma que no sea el castellano, se acompañará con la traducción del mismo. La traducción podrá ser hecha privadamente, en cuyo caso, si alguna de las partes la impugnare al siguiente día hábil manifestando que no la tiene por fiel y exacta, se hará la traducción por un intérprete nombrado por el Juez. No obstante, los que se presenten en diligencias de jurisdicción voluntaria, deben traducirse precisamente por un intérprete nombrado por el Juez”.

Art. 188 Pr.: “Cuando sea necesaria la intervención del intérprete en una actuación judicial se recurrirá al intérprete oficial si lo hubiere en el Distrito, y en el caso contrario, al que designe el tribunal o juez. Los intérpretes deberán tener las condiciones requeridas para ser peritos, y se les atribuirá en carácter de ministros de fe. Antes de practicarse la diligencia, deberá en intérprete prestar la promesa para el fiel desempeño de su cargo. Lo dispuesto en éste artículo es sin perjuicio de lo establecido en casos especiales”.

Art. 5 Ley Nº 139/1992: “La traducción de documentos a que se refiere el Artículo 1132 Pr. podrá hacerse en escritura pública por un intérprete nombrado por el Notario autorizado...”

[33] Sentencia de las 11:30 a.m. de 24 de noviembre de 1921, B.J. pág. 3497, Cons. I: “... En los autos de jurisdicción voluntaria, como no hay parte contraria, se ordena simplemente que se resuelva el punto con sólo la audiencia del Ministerio Público o Síndico Municipal (art. 548 Pr.)....”.

[34] Sentencia de las 12 m. de 5 de abril de 1921, B.J., pág. 3256: “En cuanto a la objeción que hace el doctor GUANDIQUE de que no puede tener cabida la intervención del doctor M. PEREZ ALONSO, aunque dicho abogado fuera legítimo apoderado, porque la sentencia no va dirigida contra persona alguna, sino que se trata de un acto de jurisdicción voluntaria, cabe observar: que ello constituyó mayoría de razón para oír a quienquiera que se crea perjudicado por la resolución a que se quiere dar fuerza ejecutiva”.

[35] Art. 434 CB: “Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o por sus agentes consulares, se ejecutarán en los demás mediante los trámites y en la forma señalados en el capítulo anterior”. El procedimiento aludido es el establecido en los arts. 423 a 433 CB.

[36] Art. 435 CB: “Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil procedentes de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si reúnen las condiciones exigidas por ese Código para la eficacia de los documentos otorgados en país extranjero y proceden de juez o tribunal competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial”.

[37] Art. 402 CB: “Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes: 1. Que el asunto en materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza; 2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal; 3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos; 4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea”.

[38] Sentencia de las 11:30 a.m. de 24 de noviembre de 1921, B.J., pág. 3497, Cons. II.

Otras sentencias que pueden consultarse sobre este tema son: de las 12:00 m. de 21 de agosto de 1937, B.J., pág. 9807, de las 09:00 a.m. de 14 de diciembre de 1953, B.J., pág. 16732, de las 11:00 a.m. de 8 de junio de 1954, B.J., pág. 16956, de las 11:00 a.m. de 30 de noviembre de 1955, B.J., pág. 17820, de las 12:00 m. de 4 de febrero de 1959, B.J., pág. 19405.

[39] Cfr., Escobar Fornos, Iván. INTRODUCCIÓN AL PROCESO, Editorial Hispamer, Managua, 1998, pág. 412.